La empresa Blue Propane obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, hace algunas semanas, la orden para que las autoridades locales reconocieran la validez de los documentos que amparan la construcción y operación de las llamadas “gaseritas”, en diferentes colonias y fraccionamientos de Tijuana, sin embargo, a decir del abogado del corporativo, Edgar Alan Jaramillo, todavía siguen la Secretaría de Economía Sustentable de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, entorpeciendo la apertura de las instalaciones.
Y es que a través de un oficio, firmado por el secretario de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, respondieron que la Secretaría de Economía Sustentable no tiene con ellos pendiente ningún procedimiento administrativo y que “están perfectamente concluidos” los aspectos legales, pero, no se han desistido ante la Fiscalía General del Estado de los cargos en contra de la empresa.
“Hay denuncias penales desde el año pasado de la Secretaría de Economía, están activas, pero han sido desatendidas por parte de ellos. Mientras subsistan esas denuncias, son un tema que nos genera la obligación de atenderlas, aunque no tengan sustento legal. La respuesta que nos dieron a través de un oficio fue en términos muy generales, la tomamos con reserva, porque aunque reconocen que no tienen situación con nosotros, son omisos en responder al tema pendiente en materia penal.
“Nos dice en ese mismo oficio que si hay pendientes, busquemos otra vía alterna. Se deslindan de las averiguaciones previas y de las actuaciones de los funcionarios de ésa dependencia, lo cual les hicimos de su conocimiento las irregularidades en las que incurrieron, sin tener respuesta hasta la fecha si tienen o no procedimiento administrativo o qué medidas tomó la dependencia a su cargo en relación a estos hechos”.
Está vigente, insiste el abogado de Blue Propane, una denuncia por levantamiento de sellos, “pero no tenemos ninguna actuación de ése tipo, ni procedimiento administrativo, por eso no puede haber levantamiento de sellos ni procedimiento administrativo, porque no es una materia que le corresponda a la Secretaría, no está en el ámbito de su competencia.
“Nosotros tenemos la documentación de que estamos regulados y que no atentamos en materia ambiental, pensar que esas actuaciones penales se caen solas en una idea errónea, le decimos al secretario que es su responsabilidad, que nosotros somos una inversión, que nosotros estamos buscando donde generar trabajo e inversión y se nos impide, es responsabilidad de él como secretario de economía generar las condiciones de crecimiento económico.
“Se trata de una respuesta ambigua, queriendo aparentar que ha atendido nuestras solicitudes, nos está tratando de dar algo, para justificar que fuimos atendidos, pero nos deja igual, por una extraña razón se niega a atender, él dice que es función de la Fiscalía, pero son producto de actuaciones de ésa secretaría, es decir, no puede él cubrir su omisión, culpando a otra dependencia.
“Seguimos en los procesos de ajuste para iniciar actividades, el tema con la Secretaría es una limitante que nos quita tiempo, estamos considerando proceder legalmente contra el secretario o funcionarios que sean responsables, porque son obstrucciones a actos de comercialización y es una actividad esencial de beneficio público.
“Cuando ésa accesibilidad se bloquea, se cae en un delito contra la economía, valoraremos presentar una denuncia penal”.
Por su parte el Ayuntamiento de Tijuana también está en acciones dilatorias, ya que a decir del abogado, presentaron un recurso de queja para evadir la responsabilidad, eventualmente deberán acatar, “entregándonos los documentos de la terminación de obras, estamos esperando y en días más, presentamos un recurso por incumplimiento, en espera de que se gire un oficio para obligar al responsable de la administración, para que se gire la documentación”.
