De acuerdo con el reporte presentado esta mañana por Manuel García, representante de Fisamex, auditor externo del gobierno estatal, 12 empresas en el estado adeudan a las distintas Comisiones Estatales de Servicios Públicos, casi 112 millones de pesos por distintos conceptos.

La empresa procesadora de alimentos del mar en Ensenada, Agarmex, presenta un par de adeudos que ascienden a 38 millones 51 mil pesos en dos cuentas. El primer adeudo por más de 5 millones de pesos es por el concepto de derechos de conexión de agua y alcantarillado. Los casi 33 millones de pesos restantes son por concepto de volúmenes descargados a la Red de drenaje público de acuerdo al historial de consumos que auditó Fisamex.

A continuación, la lista de empresas, conceptos y montos que adeudan a las comisiones estatales de servicios públicos en el estado:

Plaza del niño, agua no contabilizada, 1 millón 810,975 pesos

Centro industrial Baja California, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 1 millón 931,259 pesos

Bose Corporation, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 3,967,250 pesos

Grupo financiero Actinver, Derechos de agua y alcantarillado, 15,290,131 pesos

Availmed S.A. , agua no contabilizada, 15,580,150 pesos

Tetra Pack Plastic México en Mexicali, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 4,012,415 pesos

Maq-ops de 

Mexicali, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 5,175,627 pesos

FedEx de México en Mexicali, Derechos de conexión de agua y alcantarillado, 6,571,811 pesos

Vitro SAB En Cali, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 16,225,385 pesos

Agarmex de Ensenada, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 5,394,778 pesos

Agarmex de Ensenada, volúmenes descargados en la Red de drenaje público, 32,657,117 pesos

Southwire americana de México, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 1 millón 266,962 pesos

Tecate Furniture Manufacturing, derechos de conexión de agua y alcantarillado, 2,034,041 pesos

Hay un déficit de personal en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en Baja California y dicha falta de trabajadores hizo necesario que durante la administración pasada se tuviera que recurrir a la empresa Fisamex para realizar las auditorías y cobros a cuentas comerciales e industriales. 

Lo anterior fue declarado por el titular de la Secretaría de Manejo, Protección y Saneamiento del Agua (Seproa), Armando Fernández Samaniego. 

El funcionario descartó que actualmente se continúe con este esquema, ya que de nueva cuenta los organismos operadores del agua se encuentran realizando los cobros. Pero durante la administración estatal pasada si se hizo necesario recurrir a Fisamex ante la imposibilidad de hacer dichos trabajos.

Por ejemplo, indicó, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) hay 1 mil 250 empleados, aproximadamente. Esta cantidad no ha crecido desde hace más de 20 años y en ese periodo el número de cuentas del organismo en la capital ha crecido 100 mil clientes más, los cuales tienen que ser atendidos por la misma cantidad de trabajadores.

“Voy hacerte muy honesto, los organismos de agua potable en Baja California, todos, tienen un déficit de empleados. Todos tienen menos empleados en comparación con las cuentas que tienen que atender” sostuvo el funcionario estatal.

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Para darle seguimiento a la auditoría a la empresa Fisamex y sus cobros a grandes consumidores del agua, se propondrá la conformación de una Comisión Especial Investigadora en el Congreso de Baja California, en la que diputados tengan acceso a los resultados de la auditoría que supuestamente realizan desde el año pasado en el Gobierno estatal.

Será en la sesión ordinaria de este jueves 10 de noviembre cuando se proponga en el pleno la conformación de ésta Comisión, sostuvo el inicialista de la propuesta, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echevarría Ibarra. 

La iniciativa sostiene que, de ser aprobada, será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en donde se designe a los diputados que conformarán dicha Comisión, según establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado para casos específicos como el de Fisamex. 

“Que se nos informe los resultados de la auditoría anunciada por el Gobierno del estado en noviembre del año pasado. Derivado de estos hemos estado recibiendo información que destaca que Fisamex se contrató por medio de adjudicación directa. Fisamex ha recaudado más 1 mil 800 millones de pesos, los cuales se utilizaron en gasto corriente del Gobierno del estado y para limpiar el Río Tijuana”, apuntó el legislador panista.

Durante la administración estatal pasada, con Jaime Bonilla Valdés como gobernador, hubo la intención de aplicar cortes definitivos del servicio de agua potable a usuarios domésticos que tuvieran adeudos con las Comisiones de Servicios Públicos del estado, aún y cuando esto se encuentra prohibido en tratados internaciones de derechos humanos a los que México se encuentra adherido.  

Lo anterior fue expresado por el diputado Juan Manuel Molina García, quien al ser legislador reelecto pudo asegurar que la administración anterior envió varias propuestas de reformas constitucionales que contemplaban realizar dichas acciones.

“Los tratados internacionales estipulan que se debe privilegiar el consumo doméstico, sobre cualquier otro. Inclusive hubo reformas que nos mandaron de la administración pasada en donde intentaron que se cortará el servicio doméstico y eso siempre lo dejamos fuera”, sostuvo.  

El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que hacer cortes definitivos al agua de usuarios domésticos esta totalmente descartado en Baja California, aún con el escenario de sequía que se vive actualmente, púes siempre se garantizará el mínimo vital a la población.

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Tras confirmarse el cobro ilegal de agua a 16 empresas que se ampararon contra cobros de FISAMEX, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali se verá obligada a devolver 43 millones de pesos, tras confirmarse el cobro ilegal por parte de esta empresa.

Dichos amparos fueron calificados como extorsión por parte de la empresa promovida por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, afirmó el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Octavio Sandoval López, sin dar a conocer el nombre de las empresas.

En conferencia de prensa explicó que la justicia federal recibió amparos en contra de los abusos de la empresa Fisamex, mismos que estaban avalados por la propia CESPM, titulada por Armando Fernández Samaniego, y que fue ratificado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El sector empresarial ya había advertido sobre los cobros excesivos y la ilegalidad del esquema presentado por Fisamex, pero aún así continuaron durante toda la administración bonillista, la cual presumió haber recaudado más de mil 600 millones de pesos por dichos esquemas.

En este mismo esquema, hay más de 200 amparos interpuestos durante la administración, por lo que se podría generar un problema mayor financieramente hablando.

Los negocios afectados que no han promovido amparos, aún tienen la oportunidad de interponer un recurso administrativo y exigir la devolución del pago hasta por un periodo de 5 años, por lo que no se descarta que el número de demandas se incremente, así como la cantidad de devolución de dinero.

‘’No es cacería de brujas’’ afirmó la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, pero se está revisando cómo ingresaron y el uso que se le dio a mil 600 millones de pesos obtenidos a través de la empresa Fisamex en la administración de Jaime Bonilla.

La Mandataria estatal dijo estar enterada que fueron destinados a obras de infraestructura hidráulica para llevar agua potable a varias comunidades lejanas, sin embargo, están revisando cómo llegaron los recursos y hacia donde se destinaron, ‘’estamos en un proceso de revisión de dichas obras, cuando tengamos más información la habremos de compartir’’, aseguró.

Reconoció que en los 5 meses de transición no se pudo obtener toda la información y cuando esto sucede y no se la tiene a la mano, hay que buscarla y es más complicado, dijo, ‘’hay contratos que no tuvimos la oportunidad de ver, certificados de inversión que hemos ido encontrando. No es cacería de brujas, pero estamos revisando cómo entró y hacia dónde se fue ese dinero’’, aseveró.

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