La Fiscalía General de la República (FGR) decretó el no ejercicio de la acción penal en el caso contra la gasera Blue Propane, dado que las autoridades federales declararon válida la documentación que avala diez estaciones de gas en Tijuana.

También se determinó que las autoridades estatales actuaron fuera del ámbito de su competencia.

En reiteradas ocasiones, la empresa Blue Propane ha denunciado la existencia de un monopolio en Baja California, protegido por las autoridades locales, que impide la libre competencia, al no permitir la instalación de nuevas empresas del ramo. 

La Fiscalía determinó que la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California ejerció facultades fuera de su ámbito de competencias contra la gasera, que busca instalarse en el municipio de Tijuana. 

El 25 de julio de 2019, el entonces director de Auditoría Ambiental de Protección al Ambiente en Baja California, Elías Daniel Monroy Ojeda, presentó, a solicitud del secretario Luis Torres Torres, una denuncia de hechos ante la FGR. 

En dicha denuncia, por la que se inició la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0003515/299, el gobierno de Baja California acusó que se dio preferencia a la empresa de gas Blue Propane, así como de acciones de falsificación en registros, bitácoras y otros documentos utilizados para el cumplimiento de la normatividad ambiental federal para la instalación de diez estaciones de gas en Tijuana. Sin embargo, este agosto, la FGR resolvió a favor de Blue Propane al considerar que no había elementos suficientes para continuar el proceso, quedando constatado en la célula de investigación CÉLULA I-IV, carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002505/2019. Lo anterior considerando el artículo 255 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 “…Antes de la audiencia inicial el Ministerio Público podrá decretar la no acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza algunas de las causales sobreseimiento previstas en este Código”. “El sobreseimiento procede cuando el hecho no se cometió, no constituye delito, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado y el mismo está exento de acción penal y que agotada la investigación del Ministerio Público estime que no cuente con los elementos suficientes para fundar una acusación”, señala el acuerdo de la FGR. 

Como documentos de prueba la FGR recibió entre otros las denuncias presentadas por la Asociación Civil “Retos y Logros Cumplidos” suscritas por Isabel Hernández Jáuregui en contra de la instalación de las diez estaciones de gas en diferentes puntos de la ciudad de Tijuana. De lo anterior, la FGR logró acreditar que Blue Propane cuenta con las autorizaciones de las dependencias competentes para Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, teniendo como resultado que las obras realizadas se adecuan a lo que su momento la institución evalúo y autorizó sin advertirse irregularidad alguna. 

También existe oficio de la Comisión Reguladora de Energía, donde informa y remite los datos de los títulos de servicio de las diez estaciones de gas, lo que valida la documentación de las mismas.

La empresa gasera Blue Propane respalda la decisión del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de crear “Gas Bienestar”, una empresa pública que disminuiría los costos del gas LP en las colonias populares de las distintas ciudades del país, aseguró el presidente de la empresa sonorense Jorge Alberto Elías Retes. 

“Vemos con buenos ojos la propuesta de nuestro Presidente. En el caso de Baja California, donde a nosotros como empresarios socialmente responsables nos consta que las palabras del Presidente son una realidad: hemos denunciado desde hace más de cinco años que los monstruos del gas LP en el país y particularmente aquí en Baja California, han distorsionado el mercado para beneficiarse a costa de las familias más humildes. Nosotros hemos sido víctimas de este cartel del gas que ha comprado a autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo el Elías Retes. 

Luego del anuncio del presidente este miércoles, el empresario sonorense explicó que desde 2016 que llegaron a Tijuana para ofrecer una alternativa en el mercado del gas lp a los consumidores, se encontraron con una serie de trampas jurídicas que han evitado la apertura de diez estaciones expendedoras del hidrocarburo.

De acuerdo con los a bogados, el anuncio del presidente López Obrador de crear una nueva empresa de gas LP vendría a sacudir los intereses de empresarios caciques que durante décadas se han beneficiado de mantener un control absoluto en el mercado del gas, donde los grandes perdedores son las familias más pobres de las principales ciudades, como en Tijuana, una de las ciudades con el precio de gas más caro del país.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Tijuana, precisó que hará una revisión a fondo en los procesos internos llevados a cabo y que culminaron con la emisión y expedición a la empresa Blue Propane, de los Dictámenes de Factibilidad de Uso de Suelo especial, para Estación de Carburación de Gas L.P., y corroborar que se haya cumplido con todos los requisitos de ley.

Luego de asegurar que la actual administración municipal está a favor del surgimiento e inicio de operaciones de nuevas empresas, éstas deben cumplir siempre el marco legal, y no poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La dependencia municipal estableció su compromiso a la ciudadanía, de no poner en riesgo su seguridad con la instalación e inicio de operatividad de forma irregular de estaciones de carburación de gas L.P., y así evitar futuras catástrofes.

Se agregó que si bien la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, se ha pronunciado en contra de las resoluciones por medio de las cuales se dejan sin efecto los usos de suelo de la empresa Blue Propane, dichas sentencias no se encuentran firmes al haberse interpuesto en su contra recurso de revisión, que deberá ser resuelto por el Pleno del Tribunal.

Se adelantó que existen muchos elementos para considerar que dichas sentencias serán revocadas por el Pleno de dicho Tribunal, una vez que se han delatado y evidenciado flagrantes violaciones al debido proceso, por ello que la autoridad municipal habrá de hacer a la vez, una revisión de fondo en los procesos internos que se realizaron en torno a la empresa Blue Propane.

El funcionario ha ignorado la solicitud para el levantamiento de sellos de clausura de una empresa.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por sus siglas TEJA, citó al titular de la Dirección De Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Oscar Alejandro González Lozano, para justificar sus acciones y subsecuentemente acatar una orden judicial y evitar una multa por una decisión personal que frena la apertura del mercado de comercialización de gas.

 El funcionario ha ignorado la orden del levantamiento de los sellos de clausura de un establecimiento, lo que está retrasando que un particular obtenga la documentación de terminación de obra para nuevas empresas. 

El Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del TEJA, Alberto Valdez, refirió que en este caso de incumplimiento, las sanciones son impuestas directamente al servidor público y no a la dependencia que representa. 

En septiembre pasado, el Tribunal solicitó a la autoridad municipal expedir la constancia de terminación de obra y consecuentemente la liberación de las licencias de operación.

El representante legal de Blue Propane, Allan Jaramillo Pérez, explicó que en estos acuerdos complementarios se señalan las medidas de apremio y un requerimiento a que el Ayuntamiento acate lo que dispone la suspensión provisional “y le señala que en caso de incumplimiento aplicará una multa, arresto o subsecuentemente la destitución”. 

Lo anterior, refirió Jaramillo Pérez, en el entendido de que hay antecedente por parte del Ayuntamiento en el desacato sobre la suspensión provisional otorgada en su momento. 

“Debido a eso el Tribunal previniendo que ocurra lo mismo, hace sabedor al Ayuntamiento de los medios de apremio que se aplicarían si ocurre un desacato”. 

Las estaciones en las que surte efecto el mencionado resolutivo son las que tienen por ubicación las colonias Baja Maq El Águila, Loma Dorada, El Tecolote, Poblado Ejido Francisco Villa y Ejido Mariano.

Información de El Financiero

La empresa Blue Propane obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, hace algunas semanas, la orden para que las autoridades locales reconocieran la validez de los documentos que amparan la construcción y operación de las llamadas “gaseritas”, en diferentes colonias y fraccionamientos de Tijuana, sin embargo, a decir del abogado del corporativo, Edgar Alan Jaramillo, todavía siguen la Secretaría de Economía Sustentable de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, entorpeciendo la apertura de las instalaciones.

Y es que a través de un oficio, firmado por el secretario de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, respondieron que la Secretaría de Economía Sustentable no tiene con ellos pendiente ningún procedimiento administrativo y que “están perfectamente concluidos” los aspectos legales, pero, no se han desistido ante la Fiscalía General del Estado de los cargos en contra de la empresa.

“Hay denuncias penales desde el año pasado de la Secretaría de Economía, están activas, pero han sido desatendidas por parte de ellos. Mientras subsistan esas denuncias, son un tema que nos genera la obligación de atenderlas, aunque no tengan sustento legal. La respuesta que nos dieron a través de un oficio fue en términos muy generales, la tomamos con reserva, porque aunque reconocen que no tienen situación con nosotros, son omisos en responder al tema pendiente en materia penal.

“Nos dice en ese mismo oficio que si hay pendientes, busquemos otra vía alterna. Se deslindan de las averiguaciones previas y de las actuaciones de los funcionarios de ésa dependencia, lo cual les hicimos de su conocimiento las irregularidades en las que incurrieron, sin tener respuesta hasta la fecha si tienen o no procedimiento administrativo o qué medidas tomó la dependencia a su cargo en relación a estos hechos”.

Está vigente, insiste el abogado de Blue Propane, una denuncia por levantamiento de sellos, “pero no tenemos ninguna actuación de ése tipo, ni procedimiento administrativo, por eso no puede haber levantamiento de sellos ni procedimiento administrativo, porque no es una materia que le corresponda a la Secretaría, no está en el ámbito de su competencia.

“Nosotros tenemos la documentación de que estamos regulados y que no atentamos en materia ambiental, pensar que esas actuaciones penales se caen solas en una idea errónea, le decimos al secretario que es su responsabilidad, que nosotros somos una inversión, que nosotros estamos buscando donde generar trabajo e inversión y se nos impide, es responsabilidad de él como secretario de economía generar las condiciones de crecimiento económico.

“Se trata de una respuesta ambigua, queriendo aparentar que ha atendido nuestras solicitudes, nos está tratando de dar algo, para justificar que fuimos atendidos, pero nos deja igual, por una extraña razón se niega a atender, él dice que es función de la Fiscalía, pero son producto de actuaciones de ésa secretaría, es decir, no puede él cubrir su omisión, culpando a otra dependencia.

“Seguimos en los procesos de ajuste para iniciar actividades, el tema con la Secretaría es una limitante que nos quita tiempo, estamos considerando proceder legalmente contra el secretario o funcionarios que sean responsables, porque son obstrucciones a actos de comercialización y es una actividad esencial de beneficio público.

“Cuando ésa accesibilidad se bloquea, se cae en un delito contra la economía, valoraremos presentar una denuncia penal”.

Por su parte el Ayuntamiento de Tijuana también está en acciones dilatorias, ya que a decir del abogado, presentaron un recurso de queja para evadir la responsabilidad, eventualmente deberán acatar, “entregándonos los documentos de la terminación de obras, estamos esperando y en días más, presentamos un recurso por incumplimiento, en espera de que se gire un oficio para obligar al responsable de la administración, para que se gire la documentación”.

Aún no es candidato y ya tiene en puerta una denuncia penal Mario Escobedo Carignan, secretario de economía sustentable en Baja California.

La distribuidora de gas Blue Propane tiene lista una denuncia penal por los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, obstrucción de actos de comercio y colusión, luego de que el funcionario mantiene activas investigaciones contra la compañía, tema en el cual la Fiscalía General de la República ya resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Hace unos días, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa instruyó también al Ayuntamiento de Tijuana a levantar el estado de clausura sobre las estaciones de servicio de la gasera, mientras que la Jueza de Control ordenó la restitución de los bienes que tenía asegurados la Fiscalía General del Estado, todo como resultado de una batalla legal que Blue Propane mantiene desde los tiempos del gobernador Kiko Vega para intentar operar comercialmente en la ciudad fronteriza.