Once bitcoins pidieron los secuestradores del sistema de inteligencia de la policía en Tijuana, de acuerdo con agentes policiacos que advirtieron incertidumbre por el uso que delincuentes puedan dar con la información obtenida.

Cada Bitcoin tiene un valor de más de 250 mil pesos y el total de lo exigido representa 2 millones 748 mil pesos. El Bitcoin es la moneda de mayor uso en la red.

Entre mayo y junio han asesinado a policías al salir de sus casas o de familiares e, incluso, han realizado ráfagas de metralleta en estos lugares. El problema es que esa base de datos pudo haber sido adquirido por grupos criminales, señalaron los agentes.

El pasado 27 de abril, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón, recibió el oficio 845/2020 de la Dirección de Investigación Preventiva e Inteligencia Policial para darle a conocer que la caída del sistema informático se debió «a un posible hackeo» y señalaron la posibilidad de un «secuestro» digital ya que pidieron 11 bitcoins «como pago para recuperarla».

Ese mismo día, alrededor de las 15:10 la Unidad de Inteligencia Policial informó sobre la caída de la red del sistema informático y las peticiones de los hackers.

Además de hacerlo del conocimiento del jefe policiaco, le solicitaron la activación de protocolos de seguridad y la presentación de la denuncia para investigar, dar seguimiento y solucionar este asunto.

Ayón Monsalve desestimó el comunicado oficial y se limitó a pedir que se recuperara la información posible a través de documentos de trabajo y que se realizara un nuevo sistema similar para albergar ese base de datos.

La información obtenida por los hackers incluye datos de operaciones del personal de inteligencia, redes criminales, informes policiales e identidad y datos generales de los 2 mil 400 agentes municipales, entre otros.

Un mes después del hackeo, el 26 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que solo se trató de la caída del sistema del sistema de radiocomunicación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expresó su profunda preocupación y exigió una respuesta contundente por parte de las autoridades tras el atentado ocurrido la noche del 15 de octubre contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana.

El presidente del organismo cúpula, C.P. Roberto Lyle Fritch, calificó el ataque como un acto sumamente grave, que representa un golpe directo a las instituciones encargadas de procurar justicia. En sus declaraciones, advirtió que mientras las autoridades no cuenten con los elementos suficientes, estos incidentes seguirán ocurriendo.

“Hay una carencia de más de 4 mil policías en Tijuana y de más de 7 mil a nivel estatal, y eso nos está rebasando”, señaló Lyle Fritch, quien hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a actuar con voluntad política para revertir la crisis de seguridad que enfrenta la región.

El líder empresarial destacó que la falta de personal operativo limita la capacidad de respuesta ante el avance de la delincuencia organizada y advirtió que la situación requiere acciones inmediatas. Además, anunció que el sector empresarial lanzará una campaña de reclutamiento policial impulsada por el propio CCE, con el fin de atraer nuevos cadetes y fortalecer la fuerza policial local.

“Vamos a lanzar una campaña de reclutamiento con apoyo de medios, redes y empresarios, para despertar la vocación de quienes deseen ser policías, y así fortalecer la fuerza operativa de Tijuana”, informó.

Lyle Fritch recordó que la Academia de Policía tiene capacidad para formar hasta 1,000 elementos por semestre, pero actualmente solo recluta alrededor de 170, lo que resulta insuficiente para cubrir el déficit de 4,500 agentes en la ciudad.

El impacto de la violencia también afecta la percepción de seguridad y la confianza de inversionistas, lo cual podría repercutir en el turismo y la economía local. El próximo mes, Tijuana recibirá a más de 600 empresarios de Coparmex nacional, quienes podrían verse afectados por las noticias de inseguridad.

“El turismo y la inversión se ven perjudicados por estos hechos. Necesitamos que el gobierno garantice condiciones de seguridad para todos”, afirmó el dirigente empresarial.

Asimismo, informó que en reuniones del consejo del CCE se ha revisado el trabajo del Observatorio de Seguridad, el cual reporta una percepción de inseguridad del 74% en la ciudad y un incremento del 26% en casos de extorsión y cobro de piso en diferentes delegaciones.

Finalmente, Lyle Fritch reiteró la urgencia de retomar las mesas de coordinación entre las autoridades y el sector empresarial, las cuales han sido suspendidas desde la administración anterior, con el objetivo de mantener una comunicación constante y diseñar estrategias efectivas para reducir los niveles de violencia en la región.

El presidente López Obrador reconoció públicamente un hackeo que expuso los datos personales de más de 300 periodistas que asisten a la conferencia mañanera. “Que ya hackearon las computadoras de la mañanera que ya se llevaron. Sí fue hackeo, fue hackeo. Se llevan los datos, gran escándalo", dijo el Presidente.

Atribuyó el incidente a la oposición, calificándolo como "guerra sucia" y destacó la necesidad de investigar. Admitió que la seguridad falló o que los hackers eran altamente capacitados. 

“Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ese hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de todos, de López-Dóriga y de Brozo, y de Loret de Mola y de Claudio X. González y de todo el bloque conservador”, expresó López Obrador.

El mandatario señaló que no buscan censurar y que se tomarán medidas legales. Además, solicitó apoyo a la Secretaría de Gobernación para proporcionar seguridad a los periodistas afectados. Aseguró que su gobierno no practica el espionaje y prometió esclarecer el incidente.

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Investigación efectuada por la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, dio como resultado la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N” y Yessica Judith “N”, por robo equiparado de vehículo de motor (poseer vehículo de motor robado) y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, respectivamente.  

En días pasados se desarrolló la audiencia de control de detención, en la cual el Juez de Control decretó el inicio del proceso penal que seguirán tanto el hombre como la mujer, por los ilícitos que son señalados, tras hechos registrados el mes pasado en Playas de Rosarito.  

El expediente por el caso, establece que el 29 de enero del año en curso, aproximadamente a las 21:08 horas, el imputado Miguel Ángel “N”, poseía un vehículo de motor tipo motocicleta, marca Italika, con predenuncia de robo en Tijuana; dicha motocicleta la empujaba por una acera por los rumbos del fraccionamiento Real de Rosarito.  

Posteriormente, Yessica Judith “N”, trató de impedir la detención de Miguel Ángel “N”, y luego, ante la presencia de un Juez Cívico de este municipio sacó de entre su bolsa del pantalón un envoltorio transparente sellado al calor que contenía en su interior una sustancia granulada al tacto que a la postre resultó que era el psicotrópico denominado metanfetamina.  

La Fiscalía General del Estado tiene dentro de sus prioridades fortalecer las investigaciones para esclarecer actos delictivos y así poder actuar en contra de los responsables, buscando que paguen penalmente por el hecho cometido.

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Cuando caminaba por la calle Reforma de la colonia Guerrero un hombre fue atacado a balazos, quedando sin vida al instante sobre la vía pública.

El homicidio fue reportado aproximadamente a las 23:40 horas del 9 de febrero, llegando al lugar policía municipal y rescatistas voluntarios al servicio de Cruz Roja Tijuana, quienes le dieron la atención correspondiente a la víctima pero ésta ya no contaba con signos vitales.

Decenas de unidades de la Guardia Nacional arribaron al sitio ubicado entre los límites de la demarcación de la Zona Centro y San Antonio de los Buenos, con la finalidad de montar un operativo y buscar a los responsables, no obstante, hasta el momento no hay reporte de alguna detención.

Posteriormente agentes de homicidios dolosos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar con la finalidad de realizar las investigaciones correspondientes, y de dar orden de traslado del cuerpo del hombre a las instalaciones del servicio médico forense.

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Tras los recientes ataques a elementos de seguridad en Tecate y en el municipio de Tijuana, la Presidenta Municipal, Montserrat Caballero Ramirez, lamentó los hechos y espera que la Fiscalía General del Estado (FGE), detenga a los responsables.

¨Estamos en capacitación continúa y nuestros policías con sus limitantes que son bastantes salen hacer frente a los maleantes y estamos esperando que la federación nos mande armamentos sin embargo cumplimos con lo que tenemos¨, manifestó Caballero Ramírez. 

El primer hecho ocurrió a las 18:29 horas de este jueves, mientras oficiales hacían base en las oficinas de la delegación, fueron interceptados por al menos cuatro personas con armas largas a bordo de un vehículo tipo Jeep. El oficial José Francisco Pérez Tizcareño, falleció tras heridas de arma de fuego y otro oficial sufrió lesiones por impacto en la pierna. 

El segundo hecho, se registró la noche del jueves en la colonia Sánchez Taboada, donde elementos de Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) transitaban en su patrulla y fueron atacados a balazos. 

Este viernes, Cadena Noticias constató que varios elementos del Ejército Mexicano resguardan Palacio Municipal.

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