Alrededor de 70 mujeres iniciarán una marcha desde la entrada del parque Morelos con rumbo por definir exigiendo aborto libre, gratuito y seguro en Baja California.

Ese día, está catalogado como el Día de acción Global y lo promueven en redes sociales como #28S2020

Entre sus peticiones está el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo con la consigna “la maternidad debe ser deseada o no será”.

CADENA NOTICIAS se dispuso a realizar la cobertura de la marcha con el fin de informar puntualmente y dar voz a su protesta y movimiento, sin embargo fuimos recibidos con “no nos estes grabando hijo de tu p*** madre” por lo que decidimos retirarnos del lugar de manera pacífica.

Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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Aunque aseguró que el gobierno buscó garantizar la seguridad de las mujeres que exigen justicia por la violencia feminicida que coloca a Oaxaca en el primer lugar de feminicidios a nivel nacional, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López informó, que se buscará sancionar a las responsables de “los destrozos” por la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad de ayer, el funcionario notificó que 58 inmuebles fueron dañados durante la marcha del 8M; sin embargo, pese a ser una conferencia sobre seguridad, no se detallaron cifras de feminicidio, violencia doméstica o desapariciones de mujeres.

"Este gobierno no comparte su postura.. hay un rechazo rotundo", afirmó el funcionario y descalificó la rabia de las mujeres que pintaron los nombres de Marielita, Daphne, María del Sol, María Elena, víctimas de violencia feminicida cuyos casos se han vuelto emblemáticos en Oaxaca, así como de los otros cientos de mujeres asesinadas y violentadas. 

Según Romero López, quienes realizaron los "destrozos" son un pequeño grupo y con ellas, el gobierno no comparte postura, sólo con quienes marcharon de manera pacífica.

El secretario de Gobierno aseguró que existe un registro de las mujeres que integran el "bloque negro" que contiene nombres y ubicaciones. "Quienes tengan que responder ante la ley, lo harán", advirtió.

"Venimos de la lucha social; sin embargo, no compartimos el método", dijo al respecto la secretaria de Turismo, Saymi Pineda, esto luego de que durante las movilizaciones un grupo de mujeres irrumpió en las oficinas de la Sectur Oaxaca y prendió fuego a parte del inmueble al grito de “fuimos todas”.

Al respecto, Iván García Álvarez, secretario de Seguridad, justificó la colocación de vallas alrededor del Palacio de Gobierno, como una medida para proteger las instalaciones y aseguró que esa medida aminoró los daños.

En la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Oaxaca se calculó la asistencia de más de 3 mil mujeres de todas las edades, incluso niñas y adultas mayores, quienes salieron a las calles a exigir justicia ante la violencia feminicida que, de acuerdo con el registro del Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", ha cobrado la vida de 43 mujeres, en la actual administración.

Estos cálculos son conservadores, en tanto que la movilización desbordó las calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca y recorrió durante horas el trayecto de 3.4 kilómetros entre la Fuente de las 8 Regiones, al norte de la ciudad, y el Zócalo capitalino.

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En las últimas tres legislaturas, los diputados de Puebla se han negado a discutir la despenalización del aborto, sin embargo, las mujeres de la entidad se posicionan entre las que más recurren a los servicios legales y gratuitos que se ofrecen en la Ciudad de México.

Así se pudo observar en las estadísticas más recientes de la Secretaría de Salud de la capital del país que cuantifican los servicios desde mayo de 2007 -cuando iniciaron con servicios en hospitales públicos-, hasta agosto de este 2022.

En casi 14 años han cuantificado 252 mil 760 interrupciones legales de embarazos, de los cuales 173 mil 868 se realizaron a residentes de la Ciudad de México y el resto a mujeres foráneas.

El segundo grupo más grande es el de pacientes del Estado de México con 69 mil 30 casos y a esta entidad le siguen las mujeres de Puebla, con mil 585 e Hidalgo con mil 377.

Otras entidades con varios casos, son: Morelos con 974; Querétaro, con 712; Jalisco, con 710; Veracruz, con 591; Michoacán, con 575; Guanajuato, con 525; Oaxaca, con 401; Tlaxcala, con 411; Guerrero, con 335 y San Luis Potosí, 217, entre otras.

Las cifras de las entidades con altas cifras de abortos en la Ciudad de México contrastan con el dato de las aprobaciones en sus congresos, como se observa por ejemplo en Hidalgo, pues en esta entidad se despenalizó desde 2021, pero se ubica en la cuarta posición de la lista de pacientes.

Otras entidades donde se aprobó la interrupción legal del embarazo son: Oaxaca donde los diputados cambiaron las leyes en 2019; Veracruz y California, que se sumaron en 2021 y Quintana Roo, que se incorporó apenas la semana pasada.

En el caso de Puebla, en la penúltima legislatura se presentó una primera iniciativa sin éxito, en la pasada otras dos y una de ellas incluso derivó de un foro ciudadano. Mientras que la actual, lleva sólo una propuesta sin ser discutida.

Tanto en el gobierno del estado, como al interior del Congreso y entre los mismos partidos políticos, se ha reconocido que la entidad tiene este pendiente por resolver.

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