A partir de este lunes 28 de septiembre se levanta la suspensión de todos los plazos y términos relativos al Sistema de Justicia Penal Oral 

En el contexto de la contingencia sanitaria registrada en el Estado se avanza en la reapertura de servicios

En el marco de la contingencia sanitaria que prevalece en la entidad, el Consejo de la Judicatura aprobó en sesión ordinaria la reapertura de servicios y el levantamiento de la suspensión de todos los plazos y términos relativos al Sistema de Justicia Penal Oral (SJPO), a partir de este lunes 28 de septiembre.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, destacó que con el fin de avanzar en el otorgamiento del servicio al justiciable en forma paulatina y responsable priorizando la protección de la salud y la vida, se han tomado este tipo de acuerdos en donde se atienden los lineamientos del Protocolo de Reactivación y Nueva Normalidad autorizado por el Consejo de la Judicatura.

La programación de audiencias se hará en apego a la disponibilidad de Juzgadores, de Salas presenciales y virtuales y de personal de administración judicial. Al respecto, las audiencias podrán llevarse a cabo tanto de manera presencial (con apego a las disposiciones de sana distancia y medidas de higiene), como semipresencial o virtual.

El Magistrado Presidente, reiteró que el SJPO nunca se detuvo para atender audiencias de carácter urgente (de control de detención, de formulación de imputación, de vinculación a proceso, etc.), tan es así, que del 18 de marzo al 24 de septiembre se contabilizaron un total de 9,518 audiencias en todo el Estado. Cabe destacar que desde hace semanas se reactivó el tema de programación de Juicios Orales y Segunda Instancia también del SJPO.

De igual modo se instalarán filtros de acceso y se estará privilegiando el llevar a cabo audiencias virtuales, como parte de una acción encaminada a evitar aglomeraciones innecesarias.

El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado (PJBC), Alejandro Isaac López Fragoso, presentó su proyecto de egresos para el siguiente Ejercicio Fiscal en la sesión virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la Diputada Julia Andrea González Quiroz.

Indicó que el proyecto de presupuesto para 2023, es de mil 387 millones 199 mil 147 pesos, mismo que será regularizado irreductible, es decir que el juzgado mercantil, el familiar de Tecate, nuevo sistema de justicia en San Quintín, así como el juzgado mercantil, ya están contemplados en el presupuesto, más una reserva en el incremento para el próximo año, ajuste de remuneraciones, crecimientos laborales, reforzamiento de la Segunda Instancia y de áreas de soporte administrativas.   

Explicó también que en Tijuana no existen instalaciones para el nuevo sistema de justicia, por lo que se requieren espacios para jueces penales, que se incluye en el presupuesto proyectado.

Además del presupuesto irreductible, para los nuevos proyectos se contempla un presupuesto de 49 millones 975 mil 604 pesos, para el timbrado de nómina 264 millones 318 mil 874 pesos, para el fondo auxiliar 76 millones 477 mil 837 pesos e ingresos propios del PJBC son 7 millones 310 mil pesos. 

De lo anterior destacó que, a partir de este día y por primera vez en la historia, el PJBC va a timbrar nómina, además los trabajadores de confianza ya contarán con el derecho del haber de retiro.

El segunda día de audiencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se llevó a cabo con varios recesos tras los continuos problemas de salud que presentaba el acusado, quien tuvo que utilizar una silla de ruedas para mantenerse en el recinto.

Duarte Jáquez, se presentó por segundo día consecutivo ante el juez Humberto Chávez Meléndez, alrededor de las 9:15 de la mañana, por el delito de peculado agravado y asociación delictuosa agravado dentro de la causa penal 3041/2019.

En la audiencia el imputado estuvo acompañado de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, ya que durante el sábado el Ministerio Público (MP) presentó el mecanismo que utilizaría el exgobernador para desviar más de 96 millones 665 mil 253.80 pesos entre los años 2011 al 2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

Te puede interesar: Hay suficientes datos de prueba contra Duarte por desvío de recursos: Fiscalía

Entre los datos que destacaron durante el curso de la audiencia, es el nombre de Carlos Hermosillo Arteaga, quien fue colocado en un puesto estratégico dentro del Gobierno del Estado de Chihuahua para sacar recursos del erario.

Lo anterior fue leído por el Ministerio Público (MP), luego de que un testigo protegido diera su testimonio.

Hermosillo Arteaga, se convirtió en diputado federal por Chihuahua cuando el sexenio como gobernador de Duarte concluyó, sin embargo perdió la vida en un accidente carretero en el mes de marzo del 2017.

A su vez, el MP acusó a Duarte de desviar recursos por medio de la Unión Ganadera Regional División del Norte en los años 2012 y 2013, los cuales aparentemente solicitaba para apoyo a los ganaderos y productores agremiados, sin embargo el recurso nunca llegó a los supuestos beneficiarios.

Durante la audiencia sabatina, el MP detalló en su totalidad los desvíos que Duarte autorizaba y las presiones que aparentemente se realizaban por parte del imputado para que dichos recursos salieran a favor de las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

Hasta las 6 de la tarde de ayer, hora local de Chihuahua, se continuaban desahogando los testimonios y acusaciones de los testigos protegidos.

 Los recesos por atención médica a Duarte

De nueva cuenta, la audiencia en contra del exgobernador de Chihuahua se vio llena de recesos para atender la salud del imputado.

De acuerdo con personal de prensa del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, de las 9 de la mañana de ayer que comenzó la audiencia a las 2 de la tarde se decretaron al menos 3 recesos.

Algunos de ellos fueron para revisión médica del exmandatario y otras para que los asistentes pudieran salir a consumir algunos alimentos.

Después de las 4 de la tarde se reanudó la audiencia de otro receso, para que los paramédicos revisaran al imputado y posterior a este, por cuestiones de salud se ingresó una silla de ruedas.

A su vez, el juez comentó que se le fue revisada la presión al exgobernador dentro de la misma audiencia, por personal de salud que ahí se encontraba.

El exgobernador agradeció al juez la consideración que tuvieron por la atención médica que estuvo recibiendo dentro de la audiencia, los recesos y la silla de ruedas que se le proporcionó para continuar en la audiencia.

Hasta las 6 de la tarde del sábado el proceso jurídico continuaba su curso, de acuerdo con lo que se informó a este diario.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que durante la audiencia de los abogados denunciados por Juan Collado por supuestos actos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa se evidenciaron posibles violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, mediante un oficio de fecha 20 de mayo, el juez remitió copia del audio y video de las 23 horas de la audiencia realizada el 18 de mayo, en la que decidió no sólo no vincular a proceso a Juan Araujo, Isaac Pérez, César Omar González y David Gómez Arnau, sino declarar inválido todo el proceso solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo sobreseyó.

Esto para que, si la CNDH lo considera conveniente, investigue y determine si el personal de la FGR o particulares, Collado, sus familiares o sus abogados, cometieron ilícitos en el proceso en el que la fiscalía relacionó al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en la red de asociación delictuosa que imputó.

“Si lo juzga conveniente, investigue y determine si existieron conductas irregulares, como actos u omisiones administrativos a cargo de la FGR y/o particulares que hayan cometido ilícitos con tolerancia o anuencia de un servidor público o la autoridad”, señala el escrito al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Araujo, Pérez, González, Gómez y Scherer Ibarra fueron denunciados por Juan Collado como parte de la estrategia de su defensa para solicitar a la fiscalía un criterio de oportunidad.

La FGR únicamente procedió contra los primeros cuatro y en la audiencia del pasado 18 de mayo afirmó que no era deseo del organismo, todavía, proceder contra el exconsejero jurídico, pese a que lo señaló como parte fundamental de los delitos que imputó a los otros investigados.

Al no presentar datos de prueba que acrediten la existencia de un delito y sólo sustentar su acusación en la denuncia de Collado y declaraciones de sus familiares que reiteraron los hechos narrados en la denuncia, el juez concluyó que la fiscalía aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.

“Al formular su solicitud de vinculación a proceso el Ministerio Público omitió dolosamente indicar a este órgano jurisdiccional que la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación derivó de una solicitud de Juan Collado de un criterio de oportunidad a cambio de denunciar a los hoy imputados por delitos más graves por los que lo tiene sometido a proceso.

“Sin embargo, no denunció a ningún beneficiario de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la delincuencia organizada por los que está vinculado a proceso, sino a quienes fueron sus abogados”, apuntó.

Añadió que la investigación es ilegal porque, según la propia relatoría de la fiscalía, fue Julio Scherer quien propició el inicio de la carpeta por la que Collado está sujeto a proceso.

Jueza de Los Ángeles pone fin a la tutela de Britney Spears. La tutela que controlaba la vida y la carrera de la cantante estadounidense Britney Spears desde hace casi 14 años llegó a su fin.

"A partir de hoy (...) la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada. Y ésta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny.

La decisión de la jueza de la Corte Superior Brenda Penny culminó una odisea de cinco meses en la que Spears exigió públicamente el final de la tutela, contrató a su propio abogado, hizo que removieran a su padre del control que le restaba y finalmente obtuvo libertad para tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde 2008.

Se esperaba que la Jueza tomara esta decisión y quedaba poco apoyo para el acuerdo legal existente. Pero Penny no dio señales claras sobre cuál sería su decisión. Incluso a principios de este año parecía que la tutela podría durar por años. Después los cambios se dieron con una velocidad sorprendente.

Una de las claves para el cambio de dirección fue un discurso que Spears dio durante una audiencia en junio en el que describió apasionadamente las restricciones y el escrutinio sobre su vida como medidas “abusivas”. Spears que la tutela terminara sin una evaluación entrometida de su estado mental.

En octubre su padre fue removido de la tutela, que ella calificó de "abusiva", y fue reemplazado por un tutor temporal.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

La falta de aceleración en los casos de las personas vinculadas a proceso por parte del Poder Judicial de Baja California, está provocando problemas económicos a los familiares de los internos del Centro de Readaptación Social de La Mesa. 

Debido a que estos deben de sostener económicamente a los internos ya que según la señora Esmeralda, madre de uno de ellos, en el lugar no hay los suficientes medicamentos, además de que el costo de los alimentos en la tienda de la penitenciaría están elevados. 

"Hay personas internos que por dar un nombre y un número de celular salen en libertad, pero hay otros que por no saberse sus domicilios los procesan y ya tienen ahí un año en la penitenciaría", declaró la señora. 

Comentó que los procesos son lentos tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE), como del Poder Judicial, ya sea en los casos donde hay abogados de oficio o particulares. 

"Los licenciados tanto como de oficio a veces también hay unos de paga que la Fiscalía no les otorga lo que es el proceso para que ya finalice el caso ya sea para su sentencia o su libertad de nuestros internos", explicó.