La toma de caseta de San Miguel por grupos de manifestantes ha originado que haya una larga fila para ingresar y salir de la ciudad y la espera de al menos media hora.

Desde hace algunas horas, decenas de personas se instalaron en la caseta para impedir el cobro, sin que al momento haya autoridad en el lugar.

Ciudadanos compartieron que aproximadamente en el kilómetro 90 está parado el tránsito.

Videos de las cámaras de vigilancia de una caseta de cuota de la autopista México-Querétaro revelaron el momento de la huida de José Artemio Maldonado Mejía “El Michoacano” / “El R” / “El Rabias”, que junto con ocho de sus cómplices, se fugó de un penal del estado de Hidalgo.

En las impresiones de pantalla de las grabaciones se ve a quien se erige como líder del Cártel de Pueblos Unidos a bordo de una camioneta sobre la carretera .

A través de las cámaras de vigilancia del “Proyecto Hidalgo Seguro”, las autoridades lograron identificar seis de las camionetas utilizadas para la fuga del capo.

De acuerdo al informe de seguridad, los vehículos ingresaron al municipio de Tula, Hidalgo, a las 12:49 horas aproximadamente.

Las camionetas fueron captadas cuando circulaban sobre carretera a Michimaloya a la altura de la colonia La Malinche, de ese municipio.

Los reportes señalan que las unidades fueron utilizadas en los hechos de violencia con los que un grupo armado sustrajo del penal a “El Michoacano” y sus cómplices.

Otras de las grabaciones dan cuenta del momento en el que más tarde, Artemio Maldonado se detiene y paga su peaje a bordo de una camioneta pickup color gris.

Vestido con una chamarra azul celeste, “El Rabias” cruza esa caseta a las 4:40 con 41 segundos de la mañana, aunque no se ha dado a conocer de qué tramo carretero.

Segundos después es captada la placa de la camioneta en la que el líder criminal se traslada, sin que se aprecie de qué entidad es, pues solo se ve el número (PBM-9506).

Las imágenes ya son analizadas por las áreas de seguridad del estado de Hidalgo, así como de la federación, para determinar el rumbo al que huyó “El R”.

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Las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional, están a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en nuestra Constitución; sin embargo, también es necesario considerar las afectaciones económicas a la cadena productiva cuyo pilar es el uso y aprovechamiento de las vías generales de comunicación, explicó la Diputada Federal Lizbeth Mata Lozano.

Dijo que la bancada del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 533 y se adiciona un artículo 533 bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo anterior ante la toma de casetas que se ha multiplicado en diversas entidades como Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y en su momento Baja California, entre otros.

La legisladora panista, explicó que la “toma de casetas” se da por grupos que, en algunos casos mediante el uso de la violencia en contra de operadores y usuarios, toman control de las plazas de cobro, impiden la recolección del peaje por parte del operador y condicionan a los automovilistas a dar dinero a cambio de que se les permita circular por la vía (“boteo”), generándose en ocasiones violencia y coerción física entre quienes se trasladan a través de las carreteras de cuota.

Lizbeth Mata mencionó que la iniciativa busca que se sancione a quien interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales de comunicación, enfatizando que al agregar en el documento la frase: a quien restrinja o condicione el tránsito, se entiende que en ningún momento se coarta el derecho de libre expresión.

A lo anterior se busca una sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización vigentes; al generalizarlo a vías generales de comunicación se evita solo beneficiar un sector, ampliando este beneficio a carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos, asimismo al plasmar la interrupción de la prestación del servicio u operación se interpreta todo lo que conlleva al mismo, como el cobro en carreteras controladas.

En la propuesta del PAN, comentó, se establecen agravantes al obtener un lucro, se impida el cobro o se condicione de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación. Además, contempla que se les aplicará una sanción de 6 meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.

Mata Lozano, destacó la importancia de las vías generales de comunicación, pues son vitales para el flujo comercial, el traslado de mercancías y la movilidad de la población, y la conexión entre las comunidades, por ello, el Estado debe establecer una óptima operación en cuanto a su mantenimiento y garantizar el buen funcionamiento generando un desarrollo económico fuerte y sostenible para el país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C. (AMCIV), durante el 2019 la “toma de casetas” y el llamado “boteo” originaron pérdidas sectoriales cercanas a 3 mil millones de pesos (esta cifra incluye autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y a particulares).

Luego de que la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la que señaló no estar de acuerdo con las acciones que tomó el gobernador de Baja California, Bonilla Valdez sobre la toma de la caseta de Playas de Tijuana, el delegado federal en el estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe afirmó que no hay lados, que se es un solo gobierno y el resto se dirimirá en los tribunales.

"No hay lados en esto somos un gobierno afortunadamente que comparte principios y el beneficio para Baja California y a veces se subdivide en visiones distintas como es este el caso en el tema de la caseta".

Consideró que el problema radicó en el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional.

"Desde un principio debía de haber entendimiento, lo que yo insisto es que la guardia nacional fue una utilización excesiva y ya es un tema que se tiene que dirimir en los tribunales".

Sin embargo, reconoció que aún existe un problema con las más de 12 mil familias que habitan en la zona y que buscarán que ya no salgan afectadas.

"Eso no quiere decir que no haya un problema en la zona, son 12 mil familias las que están atrapadas en un sentido y en el otro y estoy seguro que se están buscando alternativas para que ellas no salgan perjudicadas", concluyó el delegado.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez recordó que la liberación de la caseta de cuota de Playas de Tijuana fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República en 2018 y que “amor con amor se paga”.

Acusó de cobarde los actos de la Marina, Ejército y de la Guardia Nacional de retomar la caseta de Playas horas después de haber sido liberada.

El gobierno del Estado se encuentra peleando jurídicamente para que no se les cobre a los residentes de Playas de Tijuana “y estoy seguro que el Presidente está de acuerdo con ello”, manifestó.

Bonilla Jaime dijo que la federación proponga un acuerdo para resolver el tema.

“Mi máximo respeto para el señor Presidente, creo en su proyecto pero también tengo que defender al pueblo de Baja California”.

El gobernador aseguró que el Presidente es muy respetuoso de la vida democrática de los Estados, no se mete.

Jaime Bonilla volvió a pedir a López Obrador que retire a las fuerzas armadas de la caseta de Playas de Tijuana, “es rudeza innecesaria”.

Sostuvo que siguen sin coincidir en este tema él y el Presidente López Obrador.

Reiteró que no va a tener más gente que lo quiera en Baja California y espera se cumpla con este compromiso que hizo de liberar la caseta de Playas de Tijuana.

Está de acuerdo en será el Poder Judicial de la Federación quien resuelva el caso y “esperamos que entre hoy o mañana se resuelva esto”, finalizó Bonilla.

Luego de que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, emitiera un decreto para hacerse cargo del tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya presentó una controversia constitucional ante el Poder Judicial para que resuelva este caso, sin embargo señaló que estas diferencias no significa que su gobierno vaya a pelear con el mandatario estatal, sino que solo son puntos de vista diferentes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que él no está de acuerdo con este decreto que emitió el gobernador bajacaliforniano puesto que, ante el proceso electoral del próximo año, todos los gobernadores podrían sacar decretos similares o no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"Tenemos muy buena relación con el gobierno de Baja California, es nuestro amigo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Viene con nosotros en la lucha lo estimamos mucho, pero hablábamos de la democracia de que no hay uniformidad, hay discrepancia, se tiene que garantizar el derecho a disentir, hay pluralidad y tenemos que acostumbrarnos a eso. Solo en las dictaduras no se puede discrepar, se protesta con los dientes apretados, no se puede hablar. Esas son las dictaduras en la democracia no, hay libertades".

Y agregó: "Pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo porque consideramos de que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal. Imagínense si esto fuese así ahora que vienen las lecciones pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) o del sistema federal".

"O el IVA", intervino Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"O un decreto para que no se cobre el IVA. Eso no se puede además no es conmigo, es con la ley; nosotros ya presentamos una controversia constitucional va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso, pero eso no significa pelearnos, no, es discrepar, tener puntos de vista diferentes. Pero sí, no podemos aceptar esas decisiones", agregó.