El déficit de elementos de seguridad pública en la ciudad, complica las tareas de prevención del delito, de ahí los altos índices delictivos en Tijuana.

Francisco García Burgos, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano de Baja California, indicó que es grave el rezago del número de elementos en la ciudad.

Actualmente, en Tijuana tenemos un tercio del total de elementos municipales que por densidad poblacional debería haber, señaló.

Tenemos menos de tres mil oficiales municipales, deberían ser por lo menos el doble, alrededor de siete mil uniformados sería lo ideal, agregó.

Además hace falta más personal en el Ministerio Público, también en los Juzgados, para garantizar una mejor labor en materia de seguridad.

El reporte de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), señala que en lo que va del año se han registrado mil 368 homicidios dolosos en Tijuana.

De acuerdo con las cifras oficiales, en promedio se registran 41 asesinatos por semana en Tijuana, y a decir de las autoridades estatales, más del 80 % de estos homicidios están relacionadas con pugnas entre grupos delincuenciales.

Por último, García Burgos, refirió que la seguridad pública requiere más inversión por parte de las autoridades estatales, además de una estrategia de prevención de violencia y adicciones.

El presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, Héctor Contreras Luengas, afirmó que la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser la prioridad de las autoridades ante los hechos de violencia que han impactado al municipio.

Contreras Luengas señaló que la pérdida de vidas humanas, como la registrada recientemente en el sector empresarial local, no solo representa una tragedia personal y social, sino que también refleja un deterioro del entorno de seguridad que afecta directamente al desarrollo económico de la ciudad.

El dirigente sostuvo que sin seguridad física no puede existir estabilidad económica, ya que los sectores productivos dependen de un entorno seguro para operar, invertir y generar empleo.

Agregó que los recientes hechos incrementan la percepción de riesgo y desalientan la confianza de inversionistas locales y externos.

Precisó que los sectores estratégicos de Ensenada —turismo, industria, comercio y servicios— resienten los efectos de la inseguridad en sus operaciones diarias, lo que repercute en la productividad y en la competitividad del municipio.

Contreras Luengas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen con eficacia y transparencia en la investigación de los delitos, y aseguró que la falta de resultados mina la credibilidad institucional y agrava el clima de incertidumbre.

El presidente del Consejo Consultivo Económico reiteró la disposición del organismo para participar en acciones conjuntas que fortalezcan la prevención y la recuperación del orden, subrayando que la seguridad no es solo un tema de gobierno, sino una condición indispensable para la vida comunitaria.

Añadió que la cooperación entre ciudadanía, sector privado y autoridades es fundamental para reconstruir la confianza y restablecer un entorno de paz que permita el desarrollo sostenido del municipio.

Finalmente, Contreras Luengas afirmó que proteger la vida debe ser el punto de partida de toda política pública, pues sin integridad física y seguridad no hay inversión posible ni futuro económico para Ensenada.

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La Fiscal General del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, informó en una conferencia de prensa sobre recientes vinculaciones de imputados por terrorismo y actos intencionales para desestabilizar la paz en Baja California. Además, se dio a conocer la detención de un generador de violencia en el Valle de Mexicali.

Durante su intervención, Andrade Ramírez detalló que los responsables de los incendios en el restaurante Panchito, en Alamitos, y en el mercado Ley de Pueblo Nuevo, usaron bombas molotov y líquidos inflamables, incluso dejando una manta alusiva a un grupo delictivo en uno de los lugares. La intención era desestabilizar al Estado, con planes de repetir estos hechos en Tijuana y otras ciudades.

Los presuntos líderes, Valente “N” y David “N”, ofrecieron 60 mil pesos a cada imputado para provocar los incendios. La Fiscalía, que ya tiene a los sospechosos en proceso judicial, no descarta que formen parte de un grupo criminal y continúa investigando para identificar a más involucrados.

Además, Andrade Ramírez recordó incidentes similares ocurridos el año pasado en la capital, donde agresores irrumpían en establecimientos concurridos para causar pánico, robar pequeñas cantidades y retirarse rápidamente.

La fiscal también informó que, gracias a un operativo en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Marina, se logró la captura de un líder criminal en Mexicali, quien portaba un arsenal, equipo táctico y drogas, en una orden de cateo en el Valle.

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Cerca de la media noche, se registró un hallazgo de un bulto envuelto en una cobija de color gris en la en la colonia Genaro Vázquez sobre la calle 21 de mayo, esquina con calle 2 de octubre.

Fue tras un recorrido de vigilancia cuando elementos de la Policía Municipal, se percataron del bulto y al descender de la unidad procedieron a inspeccionar el objeto, quienes encontraron a una persona del sexo masculino en posición de cubito dorsal, con un cable negro amarrado en el cuello. Ante estos hechos, se acordonó la zona y se informó de inmediato a las autoridades superiores para las acciones correspondientes.

Se realizaron verificaciones en el área de la fábrica cercana, sin lograr identificar testigos ni cámaras de vigilancia que pudieran aportar datos relevantes para la investigación. Actualmente, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajan en la recopilación de información adicional y en la identificación de la víctima.

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El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que durante la actual administración, los homicidios dolosos van a la alza en Baja California.

Durante su presentación de incidencia delictiva en la entidad, detalló que a pesar de ser el primer lugar en robo de vehículos a nivel nacional, la incidencia va hacia la baja.

La trata de personas ubica a la entidad en tercer lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la alza, el robo de transporte y secuestro también con tendencia hacia la alza. 

El rojo en transporte en segundo lugar con incidencia a la alza y los delitos de extorsión va hacia la baja posicionando al estado en el número veinte. 

El titular de la Sedena resaltó que del 1 de noviembre de 2021 al 13 de marzo del presente año, la gobernadora del estado ha participado en 615 reuniones de coordinación estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. 

Añadió que en 51 sesiones no pudo presentarse y acudió su representante, mientras que en una sola ocasión no acudió ninguno.

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La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró que el estado se encuentra en alerta ante cualquier reacción que se pueda presentar en la entidad por la recaptura del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo". 

"Estamos atentos antes cualquier situación, en comunicación con nuestros homólogos, cada una de las dependencias, autoridades de seguridad con nuestros homólogos en Sinaloa para prevenir cualquier hecho que se pueda presentar en Baja California", detalló Marina del Pilar.

En cuanto al Valle de Mexicali, una de las zonas donde predomina el grupo criminal señaló que será reforzada la vigilancia. 

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, aseguró que estarán alertas en los próximos 15 días pues será el tiempo en que los grupos criminales buscarán ocupar el lugar del hijo de "El Chapo Guzmán" y podrían presentarse actos violentos en las fronteras. 

"Los vacíos de poder que pueden ser ocupados por alguien a través de métodos más violentos y eso es lo que podría ponernos en una atención inteligente", expresó Carpio Sánchez.

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