El Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California advirtió que en recientes fechas adultos intentan atraer a niños que potencialmente utilizan las redes sociales para convertirlos en sus víctimas, de acuerdo a la información emitida a través de autoridades extranjeras.

Cristina Padilla afirmó que a través de la vinculación académica que tiene el Instituto con organismos internacionales han advertido al público en general sobre la amenaza potencial de personas que se hacen pasar por menores en las redes sociales mas populares para atraer a las víctimas con el fin de acosarlas y la posibilidad de abusarlas en un primer contacto físico que logren tener mediante citas en las que enganchan a los menores. 

“Debido a los cierres de escuelas relacionados con COVID-19, es probable que los menores de edad corran un mayor riesgo de encontrarse con delincuentes en línea mientras estos menores buscan ocupar su tiempo libre con un mayor uso de las redes sociales” comentó la coordinadora de dicho Instituto.

Señaló que si bien los delincuentes exploran las redes sociales para cometer delitos que involucran material de abuso sexual infantil, tráfico sexual de menores y turismo sexual infantil, el uso de estas plataformas para facilitar el acoso, abuso y quizás hasta secuestro de niños es menos conocido.

Dijo que algunas investigaciones indican que los acosadores de niños pueden usar las redes sociales para generar citas y poder identificar, iniciar el contacto y obtener acceso a los niños antes de su sustracción . 

“Los posibles abusadores de niños utilizan estas herramientas como métodos de menor riesgo para obtener acceso y atraer a los niños, en comparación con otros métodos“.

En algunos casos, las víctimas infantiles son “preparadas“ en línea, convenciéndolas para lo que se reúna con un adulto en persona.

Debido a la disponibilidad de Internet para todos los grupos de edad, los delincuentes pueden engañar a los niños pretendiendo ser alguien de su grupo de edad y creando una relación de falsa confianza. 

Si bien la edad mínima establecida para la mayoría de las redes sociales y los sitios web y aplicaciones de redes sociales es 13 años, los niños más pequeños pueden, y con frecuencia lo hacen, encontrar las formas alternativas de obtener acceso.

Antes de la pandemia de COVID-19, los niños tenían acceso a parques infantiles, paradas de autobús, centros comerciales y espacios públicos con mayor frecuencia. Y aunque existía el riesgo de acoso o abuso, un criminal que secuestraba a un menor en persona en un lugar público tenía un mayor riesgo de exposición debido a posibles testigos. Pues bien riesgo de detección inmediata es mucho menor en línea. 

Actualmente los niños pasan más tiempo en una computadora o dispositivos móviles con acceso a las redes sociales por lo que es posible que aumente el porcentaje de delincuentes que utilizan las redes sociales como método de contacto inicial. 

De acuerdo al Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California se dice que el 22% de los adolescentes inician sesión en su sitio web de redes sociales preferido más de 10 veces al día y el 50 por ciento de los niños inician sesión más de una vez al día. 

Debido a su limitada capacidad de autorregulación y su mayor susceptibilidad a la presión de sus compañeros, los niños corren un mayor riesgo de ser víctimas de posibles delitos en contra de niños mientras navegan por las redes sociales.

Con las restricciones actuales debido a la pandemia de COVID-19, es probable que las escuelas en muchas áreas permanezcan cerradas, lo que resultará en que los niños se queden en casa y posiblemente sin supervisión debido a la reducción de las opciones de guardería y los padres tengan que regresar al trabajo. Como resultado, es probable que pasen más tiempo en Internet, aumentando aún más su vulnerabilidad.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas (recurso de amparo) acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte.

Entre esos recursos de amparo están los interpuestos por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes pedían datos sobre casos de pederastia. 

La Corte reiteró en su fallo la "protección a los derechos de petición y de información de periodistas para acceder a los datos de miembros de instituciones religiosas, en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas conductas sobre violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y también ordena entregar la información relativa a los sacerdotes o clérigos que han ejercido labores pastorales y, en general, de relacionamiento con la sociedad".

"¡Ganamos! La Corte Constitucional revisó y resolvió más de 120 tutelas que pedían al @episcopadocol entregar información secreta sobre casos de pederastia en Colombia", escribió Barrientos en su cuenta de X.

Más adelante se conocerá el plazo que tiene la Iglesia católica para entregar los datos solicitados por los periodistas.

La Corte también precisó que "no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada".

En ese contexto añadió que "el funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar, de manera desproporcionada, los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística".

El año pasado el sacerdote jesuita Francisco de Roux, ex presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que "hoy en día" hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

Un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976, cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, perteneciente a la comunidad jesuita.

En relación con la pederastia en junio de 2020 Arquidiócesis de la ciudad colombiana de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes "para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso".

La Arquidiócesis dijo en ese momento que un hombre mayor de edad "puso en conocimiento del organismo competente hechos contra la moral sexual de parte de algunos sacerdotes" que hacen parte de ella.

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Un sujeto que era buscado por pederastia, fue capturado por agentes de la Policía Municipal en la colonia Buenos Aires.

La detención ocurrió cuando los agentes realizaban un patrullaje preventivo en el área y se percataron de un sujeto que molestaba a los transeúntes en la vía pública, por lo que rápidamente procedieron a intervenirlo. 

Dicho sujeto se identificó como Heriberto “N” de 28 años, mientras que al verificar sus datos con la Central de Radio, arrojó contar con una orden de aprehensión activa por el delito de pederastia agravada. 

Derivado de lo anterior, el hoy detenido fue presentado ante la autoridad competente para dar inicio a la carpeta de investigación.

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La Fiscalía General del Estado logró la obtención de una sentencia para un sujeto, penalmente responsable de pederastia agravada, en agravio de una menor de edad. 

El expediente detalla que, entre las 21:00 y 22:00 horas del 25 de agosto de 2021 el sentenciado Hugo Enrique Ávila Suárez, se encontraba en un domicilio por el área de Otay, en compañía de la ofendida, que en ese momento contaba con 11 años de edad y de quien se aprovechó y la tocó indebidamente. 

El 28 de noviembre del año en curso, se realizó un procedimiento abreviado, mediante el cual se le impuso una pena de 8 años de prisión, además del pago por la reparación del daño, equivalente a la cantidad de 35 mil 360 pesos; se le negaron beneficios libertarios.

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La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo la primera vinculación a proceso de Ricardo Roberto “N”, maestro acusado de pederastia agravada, además de medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Fue el 28 de noviembre del 2022, entre las 12:30 y 16:00 horas, en el interior de un salón de clases de la escuela primaria Leona Vicario en Mexicali, el imputado, maestro de la menor, aprovechándose de la confianza de la superioridad que tiene sobre la víctima, le realizó tocamientos inapropiados.  

Una vez presentada la denuncia se integró la carpeta de investigación, recabando los datos de prueba técnicos jurídicos y científicos; entrevistas, dictámenes periciales en materia de psicología, entre otros, que permitieron que Ricardo Roberto “N”, fuera vinculado a proceso por el delito de pederastia agravada. 

Cabe señalar que el imputado enfrenta la primera vinculación a proceso de catorce denuncias que se investigan por hechos semejantes y que se integran por el mismo delito en su contra.

En una conferencia de prensa, la noche del domingo 8 de enero, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, declaró que el maestro Ricardo Roberto "N", acusado de pederastia y abuso sexual fue trasladado vía aérea de Cancún a Mexicali.

El docente, investigado por el abuso sexual de 14 alumnas de la primaria Leona Vicario ubicada en la capital del estado, Mexicali, se fugó de Baja California en el mes de diciembre cuando fue citado a la primer audiencia, por lo que se solicitó orden de aprehensión. 

El titular de la FGE, señaló que el sujeto se trasladó a Cancún para refugiarse en la vivienda de un familiar donde mantenía un perfil bajo sin haber cambiado su identidad, así mismo, indicó que fue a través de un convenio de colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo que se dio la localización.

Por último, el fiscal precisó que por cada denuncia que existe contra Ricardo Roberto "N" podría enfrentar sentencia de 20 años.