Inconstitucional, cobro de derechos en reuniones de Tijuana, Ensenada y Rosarito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunos preceptos de la Ley de Ingresos 2020 para los cinco municipios de Baja California y algunos para la Ley de Ingresos de Baja California ya que consideran vulneran la Constitución General.
El pleno de la SCJN inválido algunos puntos de la ley de ingresos de Rosarito, Ensenada y Tijuana en la que establecían cobro de derechos para otorgar permisos para la celebración de eventos en espacios públicos y privados. De acuerdo con la promoción de la Comisión nacional de derechos humanos estos numerales resultan violatorio del derecho fundamental de reunión siendo éste el argumento que validó la Corte.
El máximo tribunal también invalidó algunas disposiciones a las leyes de ingresos de Ensenada Tecate y Tijuana que establecía en el cobro de derechos por la expedición de copias grabaciones o envío de documentos e información conforme a criterio. Sobre este rubro solicitó que se pueda cobrar por los materiales utilizados pero las cuotas deberán estar fijadas a partir de una base objetiva y razonable sobre los insumos utilizados y esta deberá ser establecida por el congreso local.
La suprema corte inválido algunos preceptos en la ley de ingresos municipal, así como uno de la ley de ingresos del Estado donde se establecían contribuciones que tenía por objeto el pago de impuestos o derechos enterados por los causantes. La corte reiteró su criterio en el sentido de que pagar tributos no revelan manifestación de riqueza susceptible a gravamen por alguna otra contribución ya que esta situación vulnera el principio de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31 constitucional.
El máximo tribunal aprobó por una mayoría de seis ministros el precepto de la ley de ingresos de Baja California en el cual establece un impuesto que recae sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos pues consideran que este tipo de tributo no invade la esfera de competencia de la Federación.
Estos actos de inconstitucionalidad fueron promovidos por la Comisión Nacional de derechos humanos quien demandó la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos municipales y estatal de Baja California para el ejercicio 2020 y que fue publicado en el periódico oficial del Estado el pasado 31 de diciembre de 2019.
