Defensores humanos en Tijuana que integran el colectivo 1597 exigen la suspensión del juicio de amparo que se dictó el 14 de diciembre del 2018 con fin de que no se cometan actos ilegales por parte de la policía municipal en contra de los migrantes, por ello señalan la importancia de proteger el derecho de acceso a la información de la población en Tijuana a conocer que la ilegalidad de las acciones que cometen los elementos de seguridad de manera constante son ilegales. 

Graciela Zamudio Campos Directora de Alma Migrante señaló "Lo que es ilegal es que entreguen a migración a las personas extranjeras que detienen y también que les pidan documentación migratoria, porque no tienen facultades para hacerlo, ni tampoco para detenerlos por esa razón esa es una detención arbitraria".

Hugo Castro, Fundador de Coalición SOS Migrante explicó la situación que lo llevó a defender este tipo de situaciones "Desde el 2013 viví un arresto ilegal y me di cuenta que muchos de los que estaban arrestados era porque no traían documentos y eran canalizados al Instituto Nacional de Migración, todo por el hecho de no traer una identificación te señalan como un criminal" expresó.

Por otra parte Olman Paz Castillo originario de Honduras comentó que ha sido violentado por elementos de la policía municipal desde que llegó a Tijuana y las más reciente fue hace quince días en Playas de Tijuana "Estaba afuera de donde trabajo y me vieron que estaba barriendo, llegaron me arrestaron pero no entienden que aquí trabajo, me han robado celulares, golpeado y no me dejan en paz".

Lucero Vázquez hizo un llamado a los migrantes y refugiados en Tijuana, para que no se desesperen y no intenten ingresar a Estados Unidos de manera forzosa o contratar abogados que no podrán resolver el tema.

El titular de la DMAM, Enrique Lucero Vázquez, señaló que este impedimento provocará más desesperación de la comunidad y el incremento de intentos de cruce irregular, ya sea al saltar el muro, nadar o por vías clandestinas, lo que incrementará el reto de atención al rezago de ciudadanos nacionales y extranjeros que existe.

Explicó que este martes 20 de diciembre a la media noche, fue la fecha límite para el fin de la medida de salud pública título 42, que es una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación de COVID-19, medida que Estados Unidos expulsa a las personas de manera expedita hacia México.

La solicitud de mantener el Título 42 fue presentada por 19 Estados de conservadores, argumentando que el levantamiento de esa medida, provocaría un daño masivo e irreparable.

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El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.

En este tenor, el ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, así como Centro y Sudamérica; así como la llegada de personas rusas y ucranianas. 

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.

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A diferencia de otras fronteras, Tijuana registra menor cifra de venezolanos deportados, declaró el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez.

Explicó que de acuerdo al anuncio de la cancillería mexicana de que se registrarían ingresos de alrededor de 200 venezolanos por día ha disminuido el flujo de migrantes.

"Siguen diciendo que van a seguir retornando pero ahorita el flujo es muy bajo con lo que esperábamos", expresó Lucero.

Indicó que la mayoría de los venezolanos que ingresaron por Tijuana se han trasladado a Ciudad de México para aplicar al programa de asilo pues la embajada de Venezuela se ubica en esa ciudad. 

Del jueves 13 de octubre a la fecha, un total de 849 venezolanos fueron deportados por la garita El Chaparral.

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Cerca de mil venezolanos deportados han llegado a la ciudad fronteriza y los albergues no se dan abasto, por lo tanto, el gobierno municipal tomó acciones para habilitar el albergue en la unidad deportiva Reforma.

Este fin de semana, autoridades del estado revisaron las instalaciones para determinar la logística a seguir durante la estancia de las personas en contexto de movilidad retornadas bajo el título 42. 

Personal de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), inició con la instalación de literas que utilizarán los usuarios durante su estancia en este albergue, que será por un tiempo máximo de 30 días.

Además se determinó que cada dependencia buscará la forma de apoyar con los insumos para aportar alimento a los ciudadanos venezolanos, con la solicitud de soporte a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la elaboración de los alimentos. 

Como parte de los acuerdos para la apertura de este inmueble con capacidad máxima de 300 personas, se delimitaron acciones y responsabilidades de cada sector involucrado, como la aplicación de aprobación de vacuna contra la influenza a la comunidad que llegue al albergue.

El titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, indicó que se habilitará cuando la federación destine recursos para los alimentos.

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Un aproximado de 650 personas en condición de movilidad de origen venezolano han sido deportadas desde los Estados Unidos hacia Baja California en la más reciente semana, desde que se aplica la nueva política de migración en el vecino país. 

El secretario general de gobierno en Baja California, Catalino Zavala Márquez, explicó que esta cantidad de personas ha llegado mayormente a Tijuana, concentrándose en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami) en esa ciudad. Un pequeño grupo fue trasladado a sedes federales en la capital del estado. 

El funcionario estatal sostuvo que hay una proyección en la dependencia que ésta cantidad podría sumar 200 personas más del mismo origen en los próximos, situación que todavía no se da pero en el intercambio de información con autoridades federales se prevé como un escenario bastante posible.

Garantizó un trato acorde a los Derechos Humanos a todos los recién llegados, ya que se les ha facilitado servicios médicos y se les brindo ayuda para realizar llamadas a sus lugares de origen; además de que se les dio la alternativa de buscar asilo político o refugio.

Sobre los incidentes en las instalaciones en Tijuana del Inami, Zavala Márquez sostuvo que fueron 250 personas de nacionalidad venezolana las que se vieron involucradas, pero una vez que se les facilitaron los servicios descritos fue que se logró la calma.

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