Por acuerdo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se hace un público rechazo a la ostentación de Edgardo Silva Rivera como presidente de este órgano ciudadano en un acto oficial promovido por la Secretaria de la Honestidad y Función Pública del gobierno estatal, Vicenta Espinoza.

En la "Cuarta Jornada contra la Corrupción", convocada y presidida por Espinoza Martínez, se hizo la presentación del "maestro Edgardo Silva Rivera, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción". 

En su mensaje, Silva Rivera dijo estar agradecido con el actuar de "este gobierno que nos ha abierto las puertas", además que hizo un "reconocimiento a la Secretaria (Espinoza Martínez) que ha mostrado su interés por un sistema que venga a beneficiar al pueblo de Baja California".

Durante este acto oficial, la funcionaria que integra también el Comité Coordinador del SEA descalificó la conformación del CPC, el cual fue constituido constitucionalmente el 15 de junio de 2018, por acuerdo del Congreso local.

Los integrantes del CPC Claudia Téllez, Fermín Gutiérrez, Omar Marrón, José Francisco Fiorentini, Jorge Topete y Eduardo Arredondo, acordaron analizar los recursos jurídicos ante la gravedad de la usurpación que hace Silva de un cargo que no le corresponde y el aval de Espinoza, a sabiendas que se trata de un acto ilegal y contraviene la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con base en los artículos 19 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Arredondo Uribe fue designado el 8 de julio de 2020 como presidente del CPC por un periodo de un año mediante una votación en la que participaron cuatro de los cinco miembros honoríficos, toda vez que Edgardo Silva confirmó asistencia pero se ausentó sin justificación alguna.

Los miembros del CPC refrendaron la decisión de designar a Arredondo como presidente, acuerdo que se hizo del conocimiento a todos los integrantes del SEA, incluidos Edgardo Silva y Vicenta Espinoza, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Es importante señalar que la elección del presidente del CPC es facultad exclusiva de los representantes ciudadanos, sin interferencia de los representantes de gobierno, cuya participación se limita a reconocer la decisión de los ciudadanos, conforme a la Constitución Política de Baja California.

La Política Estatal Anticorrupción (PEA) se centra en combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, además de promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad e involucrar a la sociedad y al sector privado, informó el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Eduardo Arredondo. 

Después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es el segunda de mayor importancia en Baja California, de acuerdo a los propios ciudadanos

Dijo que este documento recoge y sistematiza las opiniones y propuestas ciudadanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y servidores públicos para resolver el problema público de la corrupción en nuestra entidad, . . 

Al presentar el proyecto de la PEA que debe aprobar el Comité Coordinador del SEA integrado por ciudadanos y funcionarios, Arredondo destacó el propósito de orientar y mejorar las capacidades de las instituciones para combatir la corrupción en el estado, focalizando los esfuerzos en cuatro Ejes Estratégicos, que están alineados a la Política Nacional Anticorrupción. 

Este instrumento, agregó el presidente del CPC-SEA, considera instrumentar un modelo de seguimiento, con énfasis de la coordinación interinstitucional, intergubernamental y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, y se alinea a los indicadores de evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción, del INEGI y los estatales para detectar áreas de oportunidad y medir los avances en el combate a la corrupción en Baja California.  

Arredondo explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción no es un órgano ejecutivo sino una instancia de coordinación para aquellas instituciones gubernamentales que tienen la responsabilidad legal de actuar e implementar las medidas para prevenir y combatir a la corrupción

También es una instancia de comunicación permanente con la sociedad, a través del Comité de Participación Ciudadana, para señalar y observar actos de corrupción, exigiendo su combate y proponer soluciones para prevenir las expresiones de la corrupción.

El proyecto de la PEA se puso a consideración de las candidatas y los candidatos que aspiran a gobernar Baja California con la finalidad de integrar estas propuestas a sus plataformas de manera inicial y después a los Planes de Desarrollo. 

Desde el inicio de nuestras actividades, apuntó, hemos señalado los actos gubernamentales que deben ser investigados y exigir la máxima publicidad de las decisiones públicas por lo que, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SEA, se iniciaron los foros, consultas y actividades para formular este. Proyecto.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción informó de manera oficial a los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva sobre la circulación de un documento falso para convocar a una sesión extraordinaria. 

Además de estar fuera de normatividad, el documento distribuido desde un correo adjudicado a Ricardo Esteban Zurita López, está integrado por copias de otros documentos y las supuestas firmas de funcionarios que distan de ser las que se encuentran registradas en los archivos del Sistema Estatal Anticorrupción. 

A los integrantes del Órgano de Gobierno, el presidente del CPC les advierte de no dejarse engañar, además que él es, por ley, el único facultado para convocar 

Texto del oficio

El que suscribe, EDUARDO ARREDONDO URIBE, en mi calidad de Presidente del Comité de Participación Ciudadana y, consecuentemente, del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;

respetuosamente, me dirijo a usted con motivo de un correo enviado el pasado 29 de abril del año en curso, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a los correos personales de algunos integrantes del Órgano de Gobierno de la SESEA, por quien dice ser Ricardo Zurita

(rz.sea.bc.tj@gmail.com), en el que se convoca a una sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la SESEA, para el próximo jueves 6 de mayo; me veo

compelido a distraerlo de sus ocupaciones, para conminarlo a que no se deje sorprender ni permita que su buena fe se vea burlada, haciendo receptáculo de

una Convocatoria que, no solo dista de ajustarse a la normatividad, sino que además, es evidencia manifiesta del uso de un documento falso; tal y como paso a

explicarlo:

1. La pretendida convocatoria es una composición de uno o varios textos de otros documentos, que fueron incorporados mediante imágenes, dando la apariencia de conformar un solo y único instrumento. Sin embargo, tal maniobra falsaria -copiar y pegar- se evidencia en la parte correspondiente a los puntos del

orden del día, así como en la parte final, en la que aparecen las firmas de los supuestos convocantes. Al sustraer, mediante imagen copiada de otro instrumento, y colocarla en el cuerpo de la supuesta convocatoria, es evidente que

se altera y manipula el uso y fines por las cuales originalmente se hubiere signado.

2. En el bloque de sujetos firmantes se advierte que aparecen seis firmas, todas ellas ilegibles. De ellas, cuatro aparecen sin el nombre del funcionario que

las hubiere estampado, a saber: Secretaría de (sic) Honestidad y Función Pública; Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tecate, BC; Síndico Procurador del

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, BC y, Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. No obstante, de un simple y elemental cotejo de tales trazos con aquéllas que obran en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, se advierte que no guardan semejanza las firmas estampadas en los espacios correspondiente a la Secretaría de (sic) Honestidad y Función Pública y al Síndico

Procurador del Ayuntamiento de Tecate, aspecto que pone en duda razonable la autenticidad e integridad del documento.

Más allá de las alteraciones antes apuntadas, es propicio recordar que en mi calidad de Presidente del Comité de Participación Ciudadana y consecuentemente, Presidente del Órgano de Gobierno de la SESEA, a su servidor le corresponde convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del

Órgano de Gobierno de la SESEA, ya sea, motu proprio o cuando así me lo soliciten sus integrantes, circunstancia última que, en el caso que nos ocupa, no ha acontecido. En ambos tipos de sesiones, invariablemente, se debe garantizar que, oportunamente, cada uno de sus integrantes cuente con el material o documentos de los que informa el orden del día propuesto, todo ello, por conducto del Secretario Técnico de la SESEA.

Reiterando mi compromiso ciudadano de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, dentro de los mecanismos institucionales, al margen de protagonismos insanos y prácticas reprochables

Imagen de La Jornada

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California surge ante la necesidad de contar con un garante ciudadano e institucional de la lucha contra la corrupción y la impunidad en beneficio directo a la sociedad. 

Los ciudadanos que integramos este sistema estatal nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de intromisión y abuso de poder, que afecte su adecuado funcionamiento. 

Refrendamos la importancia de la incidencia de organismos colegiados en la elaboración de políticas públicas, programas y acciones en el combate a la corrupción; porque transparentan la labor de funcionarios y gobiernos. 

Más aún, rechazamos que, con pretexto de una “auditoría administrativa”, se atropelle la ley por intereses distintos a los que define la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Constitución Política del Estado de Baja California e incluso los principios esenciales de la convivencia democrática: nada por encima de la ley. 

Si el gobierno del estado, auténticamente, tiene interés en saber cómo se ejerce el gasto de la Secretaria Ejecutiva, basta con revisar lo información contenida en los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, incluidos los reportes del Programa Operativo Anual; todos ellos, oportunamente hechos llegar a la Secretaría de Hacienda local y a la Auditoría Superior del Estado. ¿Para qué tanto atropello? 

 *Ing. Eduardo Arredondo Uribe

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se ha ajustado a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, de la Ley de Disciplina Financiera y de la propia Constitución Política del Estado con relación a las erogaciones, en particular al pago de honorarios del consejero Ricardo Esteban Zurita Lopez. 

El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Luis Irineo, desmintió los señalamientos sobre supuestas ilegalidades al incumplir con el pago de los honorarios que hizo este integrante del Comité de Participación Ciudadana en un escrito dirigido al Congreso del Estado. 

Al contrario, explicó, la labor ha sido apoyar a los consejeros en igualdad de condiciones y cada erogación se realiza conforme a las leyes, además que se informa periódicamente a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser un organismo descentralizado, y al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

Cada consejero ciudadano recibe 30 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y en Presupuesto de Egresos. 

En el caso particular del consejero Ricardo Esteban Zurita López se le autorizó un pago de 131 mil pesos correspondiente al periodo del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. 

Zurita Lopez rindió protesta el 6 de septiembre de ese año, a diferencia de los otros nueve consejeros técnicos que lo hicieron el 12 de junio, por ello la diferencia de montos. 

Por acuerdo del Órgano de Gobierno del SEA se realizó su transferencia bancaria como a cada uno de los consejeros sujetos al pago de honorarios, ya que los cinco restantes se les consideró consejeros honoríficos sin pago alguno.

En septiembre de 2019, Zurita solicitó la diferencia de pago con relación al obtenido por los otros integrantes del CPC, por lo que el 8 de octubre se le dio esa respuesta contenida en el expediente DJ/045/19 donde se argumenta el impedimento legal de su petición.

Ahora, el 18 de junio de 2020, envió un escrito al Congreso del Estado donde señala ilegalidades para su pago de 2019 y el parcial de 2020, señaló Irineo Romero y explicó que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público apunta que una erogación se justifica con los documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el pago, en este caso los contratos. 

Zurita López no ha firmado ni ingresado dichos documentos a la Dirección de Administración y Servicios del SEA para que proceda el pago de sus honorarios. 

Sobre el caso particular de este consejero que se ha negado a firmar sus contratos, corresponde al Órgano de Gobierno del SEA la decisión sobre su pago o su reintegro a la tesorería estatal, tal y como se planteó en la documentación presentada para la reunión que se canceló en marzo de 2020 a consecuencia del acuerdo del Comité Coordinador, a petición del propio consejero y de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública Vicenta Espinoza hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación envíe al Congreso local los alcances de la sentencia sobre la integración del SEA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la diferencia entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al resolver que los 15 consejeros ciudadanos deben recibir honorarios, sin modificar la composición de este órgano colegiado.

Por tal motivo, el Comité Coordinador del SEA de Baja California mantiene su integración constitucional de 11 ciudadanos y 11 representantes gubernamentales.

 La resolución de la SCJN permitirá al Congreso del Estado fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción a partir de preservar el espíritu de la ley sobre la participación de los ciudadanos como un elemento toral del combate a los hechos de corrupción en nuestra entidad, señalaron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

 Es un momento determinante porque representa una responsabilidad de los legisladores en cuanto a la respuesta institucional hacia la sociedad sobre la corrupción y la impunidad, más aún porque los ministros analizaron y resolvieron que quedara intocada la composición del CPC, agregaron.

 Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 14 de enero, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 119/2017 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para invalidar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

 En la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se señala la integración del CPC por 10 integrantes técnicos y cinco honoríficos; los primeros recibirán emolumentos, a diferencia de los segundos.

En esta sesión, los ministros determinaron invalidar fragmentos normativos contenidos en el primer párrafo de los artículos 16 y 17, respectivamente, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para omitir lo correspondiente a la condición de no percibir emolumento alguno por parte de los cinco integrantes honoríficos, además de precisar que el vínculo legal de los 15 ciudadanos (no 10 como se señala de manera original) será a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, sin que exista relación laboral.

 La invalidez se basó en la inequidad existente entre los integrantes técnicos y los integrantes honoríficos, al señalar que estos últimos no tienen derecho a percibir emolumentos por su participación en el CPC.

 Después de un análisis y discusión, los ministros resolvieron también que el texto del artículo 95 de la Constitución Política de Baja California permanezca intocado por lo que confirmó que al CPC lo integren 15 ciudadanos. 

Además se mantienen los nombramientos, períodos de designación de los integrantes del CPC y la validez de los actos realizados en el CPC, en la Comisión Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

 La SCJN ordenó al Congreso de Baja California hacer los ajustes correspondientes con base en la resolución del máximo órgano de justicia del país.