Presos están en mayor riesgo ante Covid 19

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Cadena Noticias,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, y a sus homólogos encargados de los Sistemas Penitenciarios en el país, adoptar las medidas cautelares correspondientes para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, en la medida de lo posible, un repunte de contagios de COVID-19 en los Centros Penitenciarios.


El pasado 27 de octubre se enviaron estas medidas considerando que, en meses pasados, entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados estuvieron las personas privadas de su libertad. Esto obedece a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de aumentar las medidas encaminadas a la prevención de la población privada de la libertad.


La Comisión Nacional también solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas y todo el personal que labora al interior de estos centros en el país.


Lo anterior, se derivó de las consideraciones que se tomaron de acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 1-2020. Hasta esa fecha, se confirmaron mil 212 casos positivos de influenza: 617 de AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A; registrando 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en nuestro país.


Asimismo, en dicho informe se reportó que, durante 2019 y hasta la primera semana de 2020, los grupos etarios con mayor número de casos positivos a influenza fueron personas mayores de 65 años, seguidos de los menores entre 5 y 9 años y el grupo de 1 a 4 años de edad.


Por tanto, este Organismo Autónomo, en seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares enviadas con anterioridad, y considerando lo expuesto en el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por COVID-19 y ante la posibilidad de que se enfrente un rebrote de nuevos casos en este periodo invernal, considera imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora al interior de estos Centros.


Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna, a través de guardias permanentes de personal médico especializado tanto en los Centros Penitenciarios cuanto a través de videoconsultas para personas privadas de la libertad en donde se les brinde la atención psicoemocional ante los efectos generados por la pandemia. Se pidió, además, considerar la asignación de ambulancias debidamente equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos. Además, se instó a que se mantenga informadas a las personas que habitan en centros penitenciarios sobre cualquier medida que se adopte para salvaguardar su salud, la de sus familiares y de las personas defensoras que los visitan, entre otras gestiones. 


Por último, la CNDH advirtió a las autoridades mencionadas que no se podría alegar falta de recursos económicos o análogos como justificación para no atender la solicitud realizada, pues ello derivaría en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en su calidad de garantes. Lo anterior, de conformidad con el artículo 2.1. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que las medidas adoptadas evitarían la consumación irreparable de violaciones a sus derechos humanos y/o la producción de daños de difícil reparación. 


Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos daremos puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen para proteger y garantizar el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad ante la difícil situación que persiste en nuestro país a causa del virus SARS-COV2 (COVID-19).





Consejeros de la CNDH critican que no se impugne traspaso de Guardia Nacional

En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento.

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El Sol,  Ciudad de México, Mexico, 

Ocho de los nueve consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron este jueves la decisión de no impugnar la reforma aprobada por el Senado el pasado 8 de septiembre que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento de 16 páginas que emitió la CNDH cinco días después de haberse aprobado la reforma y donde adelantó que no presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, sostuvieron.

Esta es la segunda vez que los consejeros se desmarcan de la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra. La primera ocasión fue apenas la semana pasada, previo a la discusión y votación de la iniciativa en el Senado, cuando ante la inacción de la CNDH seis de sus nueve consejeros le solicitaron a la presidenta del organismo impugnar la reforma.

Requerimiento que fue desestimado varios días después por la propia Comisión, ya que desde su perspectiva consideró que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “admisible” dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México.

Aunque la reforma es considerada por organizaciones civiles como Amnistía Internacional y la propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como preocupante, por dejar que los militares tomen el mando en labores de seguridad pública, la CNDH razonó que “dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible”.

El organismo se limitó a justificar la operatividad de las Fuerzas Armadas al señalar que las policías locales y municipales no han podido contener el avance de la delincuencia organizada en el país y recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Sedena y la Guardia Nacional son de las instituciones que más confianza dan a la ciudadanía.

Sin embargo, ahora con dos integrantes más de su lado, los consejeros emitieron un nuevo mensaje en el que se dijeron convencidos de que la reforma tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del país, por lo que todos, salvo María del Rosario Torres Mata, firmaron el documento en contra de lo señalado por la presidenta de la CNDH y se comprometieron a apoyar las iniciativas ciudadanas que busquen revertir la reforma, además de dar acompañamiento a potenciales víctimas de derechos humanos derivadas lo aprobado por el Congreso de la Unión.

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CNDH no promoverá acciones de inconstitucionalidad por GN a la Sedena

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

En México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador, y para hacerlo tenemos un marco legal, que ciertamente hay que reforzar y mejorar, para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada, del sistema republicano y de la división de poderes; siendo responsabilidad de todos los actores públicos, y de la sociedad, defender el Estado democrático de Derecho que lo hace posible”, destacó.

Al difundir su postura sobre la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH, que dirige Rosario Piedra Ibarra anunció que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por las reformas aprobadas.

“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado”, subrayó.

Admisible control de Sedena sobre GN

Argumentó que dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México, es “admisible” el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, expuso.

Señaló que también impulsará acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que "en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada", se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones. 

Aseguró que de diciembre pasado a la fecha, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han dejado de aparecer entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja, por lo que confía que estas reformas se sumen a la estrategia de seguridad del gobierno federal para atender la violencia en el país.

"La CNDH reitera su compromiso de velar por la máxima protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, por lo que permanecerá atenta a la implementación de las reformas aprobadas y a la actuación de la Guardia Nacional, ejerciendo sus atribuciones, sin reservas ni limitaciones, en el marco del respeto a nuestro orden Constitucional", expresó.

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó que con su postura la CNDH evidencia su falta de autonomía para defender los derechos humanos.

“La @CNDH evidencia una vez más su falta de autonomía: abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad vs las reformas a la #GuardiaNacional Las 16 págs. de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de #DDHH”, expresó.

Sostuvo además que “las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”.

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Más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México: CNDH

El organismo llamó a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Más de 70 mil personas en contexto de movilidad han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llamó a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las y los migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas de esos ilícitos, e instó a las autoridades locales a realizar una investigación diligente y profunda.

Aseguró que existen altos niveles de vulnerabilidad a la que son expuestas las personas migrantes y exhortó a las autoridades, especialmente las encargadas de la seguridad pública, a reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada.

Además, reiteró lo señalado en su Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, en el que se analizaron las acciones realizadas en los últimos diez años por las autoridades migratorias, de seguridad pública y procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas en contexto de migración en México.

Asimismo, aseguró que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio 600%; que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

La CNDH advirtió la necesidad de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.

A través de este Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH exhortó a las autoridades mexicanas a emprender acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.

Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.

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CNDH solicita protección para el periodista Rubén Haro

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) activó la Alerta 6 por las agresiones en contra del periodista Rubén Eduardo Haro Madero, en Cajeme, Sonora.

La madrugada del domingo 17 julio, el propietario del diario digital Las Noticias de la Red, fue atacado a balazos, minutos después de hacer dos transmisiones en vivo de dos ataques armados. Salió ileso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento de la agresión, por lo que solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora para brindar la atención oportuna.

Al tiempo, solicitó a la Coordinación Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que se comunicara con el periodista, a efecto de ofrecerle integrarlo como beneficiario.

Además, emitir medidas urgentes de protección e iniciar la evaluación de riesgo integral y contextualizada, para generar, si así lo desea el periodista, un plan de protección adecuado.

El organismo nacional llamó a las autoridades competentes a actuar con diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tomando en cuenta la voz del periodista y las circunstancias del caso.



Amputan piernas y extirpan útero y ovario a mujer por mala atención médica

La CNDH emitió una recomendación al IMSS

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El Universal,  Mexico, Querétaro de Arteaga, Querétaro, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, luego de que a una mujer le fueron amputadas sus piernas, se le quitó el útero y le extirparon el ovario derecho en un hospital de Querétaro, en lo que el organismo autónomo consideró que la atención otorgada “no fue oportuna ni adecuada”.

De acuerdo con el expediente CNDH/4/2019/5817/Q, una mujer de 27 años interpuso una queja en contra de personal adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 9 y al Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, en Querétaro, por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) "traslocado" en septiembre de 2018, que le ocasionó una infección y en consecuencia 3 paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho.

La queja refiere que también se le amputaron las piernas, “sin que se le otorgara un seguimiento adecuado a su condición clínica y sin que decidieran la especialidad médica que debía atenderla, considerando si correspondía a traumatismo y ortopedia o bien a angiología, por lo que se le omitió proporcionarle la fisioterapia que requería en ese momento”.

“Conforme a la ampliación de Opinión Médica elaborada por personal de esta Comisión Nacional, el DIU se retiró con pinzas, sin que se realizara legrado uterino instrumental ni con laparotomía que es la recomendación en el caso de DIU traslocado, además de que la víctima continuó con molestias abdominales que desencadenaron una sepsis. Por lo anterior este Organismo Autónomo considera que la atención otorgada a la víctima no fue oportuna ni adecuada”, refiere la recomendación.

Agrega que el retiro del DIU se llevó a cabo por autoridad responsable “a ciegas”.

Días después, la paciente se presentó con dolor lumbar y el padecimiento se anotó como antecedente al procedimiento de retiro de DIU “sin llevar a cabo algún análisis, rayos X o ultrasonido”, por lo que le fue diagnosticada “lumbalgia aguda”, recetando únicamente medicamentos para controlar el dolor, además que no se revisó el retiro del DIU.

Debido a que el dolor lumbar y abdominal continuaba, además de presentar náuseas, vómito y diarrea, el 2 de octubre de 2018, la joven se presentó en el área de urgencias de la UMF 9 por la noche, siendo enviada al HGR 1, donde ingresó con datos de choque hipovolémico 11, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa; perdió el conocimiento y después supo que fue un paro cardiaco y despertó en el HGR 1, dado que fue trasladada de emergencia, además de que se encontraron evidencias de que se llevaron a cabo maniobras de reanimación por 30 minutos.

Tras varios procedimientos mientras permanecía internada, al quinto día, el 7 de octubre de 2018, la mujer seguía grave con fiebre alta, tenía un drenaje abdominal, recuento bajo de plaquetas, salida vaginal de líquido fétido y muerte de tejido en dedos del pie derecho y en tobillo izquierdo, “pronosticándola como grave”, llevándose a cabo el 17 de ese mes la cirugía para realizar amputación.

Al realizarle otras cirugías y al egresar del hospital el 28 de octubre de 2018, el estado de salud de la paciente se describió con lesión renal aguda, colocación de marcapasos temporal, presentaba aún piel tipo con manchas moradas en ambas piernas, “por lo que se consideró realizar posteriormente una segunda amputación, para observar si existía daño cerebral por el tiempo de paro cardiaco le realizaron una tomografía computarizada craneal”.

Egresó del hospital el 1 de noviembre de 2018, siendo trasladada en ambulancia a su domicilio.

“El 15 de junio de 2019, se le realizó la amputación de la pierna izquierda, retirando parte de ésta hasta la pantorrilla”.

La CNDH llamó también a atender la salud emocional de la paciente como parte integral del derecho a la salud porque “no debe dejarse de lado, más en el caso que nos ocupa de una paciente que tuvo como resultado la amputación de ambas piernas”.

“Este tipo de procesos para una mujer joven pueden ser complejos, presentando dolor fantasma, depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos, entre otros”, refirió.

Se resolvió que vulneraron el derecho humano de la joven a la protección de la salud por inadecuada atención médica y su derecho a la salud sexual y reproductiva.

“Era una mujer independiente económicamente que vivía en una casa con sus 2 hijos, tenía un trabajo, proyectaba comprarse su propia casa a través de un crédito con el fin de continuar la relación de pareja que en ese momento tenía, por lo que después de la sepsis que le provocó le realizar histerectomía y amputación de ambas piernas, su vida cambió por completo al tener que adaptarse primariamente a una discapacidad permanente que la limita en su movimiento, incidiendo directamente en su autonomía.

“Actualmente su vida es muy diferente, a pesar de tener una pensión por el IMSS, con ésta no cubre el mínimo vital necesario para aspectos como la salud,alimentación, vivienda, educación y recreación, tanto de ella como de sus 2 hijos, lo que la ha hecho depender económicamente y del cuidado de V4, su abuela y de la pareja de ésta, apoyándola con la vivienda”, describió la CNDH.

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