La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, y a sus homólogos encargados de los Sistemas Penitenciarios en el país, adoptar las medidas cautelares correspondientes para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, en la medida de lo posible, un repunte de contagios de COVID-19 en los Centros Penitenciarios.

El pasado 27 de octubre se enviaron estas medidas considerando que, en meses pasados, entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados estuvieron las personas privadas de su libertad. Esto obedece a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de aumentar las medidas encaminadas a la prevención de la población privada de la libertad.

La Comisión Nacional también solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas y todo el personal que labora al interior de estos centros en el país.

Lo anterior, se derivó de las consideraciones que se tomaron de acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 1-2020. Hasta esa fecha, se confirmaron mil 212 casos positivos de influenza: 617 de AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A; registrando 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en nuestro país.

Asimismo, en dicho informe se reportó que, durante 2019 y hasta la primera semana de 2020, los grupos etarios con mayor número de casos positivos a influenza fueron personas mayores de 65 años, seguidos de los menores entre 5 y 9 años y el grupo de 1 a 4 años de edad.

Por tanto, este Organismo Autónomo, en seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares enviadas con anterioridad, y considerando lo expuesto en el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por COVID-19 y ante la posibilidad de que se enfrente un rebrote de nuevos casos en este periodo invernal, considera imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora al interior de estos Centros.

Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna, a través de guardias permanentes de personal médico especializado tanto en los Centros Penitenciarios cuanto a través de videoconsultas para personas privadas de la libertad en donde se les brinde la atención psicoemocional ante los efectos generados por la pandemia. Se pidió, además, considerar la asignación de ambulancias debidamente equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos. Además, se instó a que se mantenga informadas a las personas que habitan en centros penitenciarios sobre cualquier medida que se adopte para salvaguardar su salud, la de sus familiares y de las personas defensoras que los visitan, entre otras gestiones. 

Por último, la CNDH advirtió a las autoridades mencionadas que no se podría alegar falta de recursos económicos o análogos como justificación para no atender la solicitud realizada, pues ello derivaría en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en su calidad de garantes. Lo anterior, de conformidad con el artículo 2.1. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que las medidas adoptadas evitarían la consumación irreparable de violaciones a sus derechos humanos y/o la producción de daños de difícil reparación. 

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos daremos puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen para proteger y garantizar el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad ante la difícil situación que persiste en nuestro país a causa del virus SARS-COV2 (COVID-19).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la ilegalidad del “mecanismo de seguimiento de las campañas electorales”, iniciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues, dijo, carece de facultades para intervenir en temas electorales.

Por unanimidad, los magistrados electorales ordenaron a la CNDH frenar la difusión del “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”, pues además de ilegal, contraviene el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral.

La Sala Superior ordenó el retiro del sitio electrónico de la CNDH el “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”.

Durante la sesión de este miércoles, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró que “el proyecto no propone amordazar a la CNDH, ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia, el proyecto se pronuncia sobre la validez de un acto que tiene incidencia en la materia electoral y por tanto que entra en la competencia material de este Tribunal Electoral”.

“Quiero dejarlo claro: La Constitución que expresamente prohíbe a la CNDH pronunciarse en temas electorales es obligatoria para todas las autoridades, incluída la CNDH”, mencionó.

La magistrada Janine Otálora Malassis indicó que “lo cierto es que durante un proceso electoral, los pronunciamientos de órganos de gobierno en los que refieren la supuesta existencia de irregularidades además de no respetar los derechos procesales de las personas involucradas e invadir atribuciones de las autoridades electorales, es claro que tienen incidencia en dichos procesos y en el ánimo de los electores, con lo cual pueden generarse distorsiones en la neutralidad e imparcialidad de los procesos”.

Los magistrados del TEPJF explicaron que la CNDH transgredió el desarrollo del proceso electoral en curso.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que “se construyó un registro que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las candidaturas, las plataformas propuestas, los spots y la propaganda, incluso a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en los medios de comunicación y redes sociales”.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta, indicó que “declarar inválido el mecanismo para vigilar las campañas electorales en el actual proceso electoral implementado por la CNDH y dejar sin efectos el primer informe sobre violencia política emitido en el marco de la implementación de dicho mecanismos, así como todos lo actos derivados del mismo que incidan en la materia electoral”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar una estrategia de seguridad integral para garantizar la protección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y de funcionarios.

En su “Segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, destaca que del 2 al 12 de marzo de 2024, se observaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene el registro de cuatro hechos (25%), “que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas”.

Agrega que en ese mismo lapso, se registraron cinco hechos (31.25%) considerados de cuidado al tratarse de amenazas por medios físicos y/o digitales contra diversos aspirantes. En tanto, siete hechos (43.75%) representan alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público.

“Conforme avanzan las campañas se han incrementado las acciones que tienden a descalificar el proceso electoral”, dice el reporte de la Comisión Nacional.

Con respecto a las presuntas declinaciones a participar en la contienda electoral por parte de 12 aspirantes del PAN en Chiapas, y las presuntas amenazas reportadas contra aspirantes de diversos partidos políticos en Michoacán que les han orillado a retirarse del proceso, la CNDH llamó a que este tipo de denuncias no queden únicamente en lo mediático, sino que se les investigue y se esclarezcan.

También pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que vigile el activismo político de personajes de la Iglesia Católica, al mencionar que la Provincia Eclesiástica del Bajío realiza talleres denominados “El pueblo de Dios, valora, discierne y elige para favorecer la comunión y la participación por México”, en los que lanzan consignas a favor de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México y en contra de la candidata de Sigamos Haciendo Historia.

“En esos talleres se emiten expresiones como la siguiente: “Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahorita”. Pero también se difunde un discurso de odio, con referencias peyorativas y discriminatorias”, destacó.

Según el organismo, en las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Máynez, “persisten las descalificaciones o manejo de retóricas, sin que se detallen o perfeccionen las propuestas señaladas para que el electorado cuente con todos los datos posibles que les permitan participar de manera informada en los próximos comicios”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusó a la oposición de querer convertir a ese órgano autónomo en rehén de intereses partidistas.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, defendió también su recomendación en materia electoral y advirtió riesgos en la elección de los próximos consejeros, al asegurar que ella misma resultó elegida por un método similar y ahora recibe presiones.

“Vengo a defender a la CNDH de los infundios con sesgo partidista, se han dicho muchas mentiras acerca de nuestro trabajo, peor que eso, se le ha intentado invisibilizar como si la CNDH ya no existiera o debiera dejar de existir, eso es lo que quisieran”, declaró.

Respecto de la recomendación para aprobar la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que si bien, la Constitución limita la competencia de la CNDH por lo que toca a los asuntos electorales, esta fue analizada y aprobada por su consejo consultivo; “pero algunos integrantes, derivado al calor del debate, se montaron en ella para contradecir su propia actuación y denostar a las CNDH”.

Por eso, recomendó, la elección de consejeros no debe dejarse en manos de los partidos.

“Lo que pasa con el consejo consultivo es una prueba de los erróneo que es mantener el sistema actual que otorga a los partidos la potestad de elegir a sus integrantes, igual como lo hace con los consejeros de INE. Esto operaba cuando los Presidentes de la República y los partidos se ponían de acuerdo para la elección del titular y consejeros de la CNDH, incluso mi propia elección así lo demuestra, al pretender convertir en rehén de intereses partidistas a las CNDH bajo el supuesto de que estaría yo en deuda con los legisladores y los partidos”, demandó.

Dijo que la recomendación en materia electoral “proporciona elementos para que las autoridades establezcan de manera diligentes, todas aquellas medidas necesarias referentes al derecho a la democracia, derecho de reunión, derechos de asociación, derecho a la protesta social, así como el derecho de memoria y de verdad”.

Agregó que la CNDH no fue omisa ante lo que la oposición llama la “militarización”, y expuso que derivado del análisis que hicieron de esa reforma, “derivó nuestra decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad, toda vez que es evidente que no existe la supuesta inconstitucionalidad porque la Guardia Nacional mantiene su carácter civil”.

 Piedra Ibarra dijo que hoy, la CNDH trabaja más que nunca como organismo autónomo.

“Es más autónoma que nunca, no solo frente al gobierno federal, sino frente a partidos, grupos de poder económico, político, y sobre todo de poderes fácticos”.

Aseguró que los medios de comunicación la atacan porque no pagan un solo centavo por publicidad “o contratos millonarios a periodistas y opinadores por trabajos que en nada servían a las víctimas”.

“Por eso nos atacan, por eso tienen que inventar notas, pero no hay marcha atrás, no va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo en repartir chayotes para que nos alaben, y nunca volverá a pasar que seamos gestores de políticos”, agregó.

La ombudsperson sostuvo que el proceso de elección donde resultó Presidenta de la CNDH fue tan legal que todos amparos y recursos que fueron interpuestos, fueron rechazados.

También puntualizó que el órgano autónomo no ha sido omiso en casos de niños con cáncer, pues se cuenta con 8 expedientes relativos al desabasto de medicinas para tratamiento oncológico, así como varios exhortos a unidades hospitalarias para que garanticen esos medicamentos.

Agregó que tampoco fueron omisos en atender las violaciones a derechos humanos con motivo de la pandemia de Covid 19; “se han registrado 751 expedientes, de los cuales se concluyeron 691”; que no se han hecho de oídos sordos en materia migratoria pues se emitieron 15 recomendaciones en materia de violaciones a derechos humanos, mientras que “se emitieron 229 medidas cautelares en favor de personas o grupos de personas migrantes en los primeros tres años de mi administración”.

En defensa de periodistas y comunicadores, dijo, nos hemos pronunciado siempre en favor de darles la máxima protección: “Desde el inicio de mi gestión y hasta el 31 de octubre de este año, registramos 162 expedientes, de los cuales 127 están concluidos, mientras que se han emitido 383 alertas”.

Finalmente, aseguró que antes de su llegada, la CNDH era la oficina más costosa de América Latina; “costaba más caro que la propia Corte Interamericana de Derechos humanos”, motivo por el que cancelaron los viajes al extranjero, seguros de gastos médicos, viáticos de los altos mandos, celulares de uso personal, guardaespaldas, una Chef exclusiva, y tres camionetas de lujo blindadas que estaban a disposición de la presidencia.

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