Luego de que la nueva Ley de Seguridad se aprobara en la Comisiones de Seguridad del Congreso del Estado por los diputado de la XXIII Legislatura, se espera que esta, sea presentada en el pleno del Congreso y se convierta en ley, al ser publicada en el Diario Oficial.

Así lo manifestó Alejandro Monreal Noriega, Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California, quien encabeza el movimiento de exigir prestaciones laborales para todos los agentes de las diferentes corporaciones policiacas en Baja California.

Esta ley prevé beneficios y apoyos para los agentes, que van desde servicios médicos, jubilación, seguro de vida.

Además de cambiar el artículo del cambio de adscripción, que era utilizado por los jefes para castigar y sancionar a los agentes, cambiando de ciudad a los agentes a manera de represalia. 

El siguiente paso es que los ayuntamientos y el Fiscal a qué reglamenten, porque si no el  tema va a regresar del 2018, como fue cuando se reformó 131 ley de seguridad pública del estado hubo 20 millones en una bolsa para accesar, y nunca reglamentaron ni ayuntamiento, ni fiscalía, entonces no queremos que regrese ese fantasma cuando acaba de aprobar el Secretario Hacienda 400 millones de pesos para nuestras prestaciones, entonces ya no hay pretexto para que reglamenten hay dinero y hay Ley para que hagan su trabajo los Ayuntamientos y la Fiscalía". Comentó Alejandro Monreal Noriega.

Este día la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó mediante mayoría calificada un dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, referente a la designación de la ciudadana a Leonor Garza Chávez, como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En la misma sesión ordinaria, le fue tomada la protesta de Ley correspondiente por la titular de la Mesa Directiva del Congreso local, Diputado Alejandra Ang Hernández.

Dijo que el nombramiento de la ciudadana Leonor Garza Chávez es por un periodo de seis años.

Por su parte el Diputado Molina García, Presidente de la Comisión Legislativa enunció que los aspirantes a magistrado numerario del Poder Judicial del Estado, que cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el referido cargo son: Avelar Armendáriz Salvador; Tamayo Camacho Humberto; Tafolla González Cenaida; Morones Pichardo Juan Salvador.

Así como Fernández Ruiz De Chávez Víctor Manuel; Castro Valenzuela José Manuel; Flores Ruiz Jorge Osbaldo; Hernández García Pedro Galaf; Aceves Salazar Gerardo; Molina Morales María De Lourdes; Garza Chávez Leonor; Chávez Hoyos Jesús Antonio; Álvarez Fuentes Ruth Esperanza; Ortega Veiga Juan Carlos Constantino; Orozco Guillen Gustavo; Hernández Haro Patricia y Cortez Peña Héctor Antonio.

Asimismo refirió que el propósito del presente documento es regularizar el procedimiento de nombramiento de una Magistratura Numeraria del TSJE, en la vacante del Magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández.

En sesión ordinaria realizada en el Salón de sesiones “Benito Juárez García “del edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

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La impartición de justicia en Baja California continúa siendo severamente afectada a causa de la pandemia por COVID-19, declaró Reyna Ramírez Oropeza, Presidenta Fundadora del Instituto Defensa Estratégica de Derechos Humanos.

"El retraso es bastante complicado todavía no hay audiencias, temas de patria potestad, eso se ha visto mermado y el tribunal ha hecho lo más que se puede, sin embargo tenemos arrastrando un atraso de muchos años" manifestó.

Ramírez Oropeza explicó que el año pasado tuvieron suspensión total por la contingencia sanitaria y hasta el mes de junio fue cuando se manifestaron, de esta manera se logró reactivar ciertas operaciones.

Indicó que abogados de la región están preocupados y buscan impulsar que mejoren las condiciones de la impartición de justicia.

"Tratamos de generar contacto y comunicación con quien encabeza el Poder Judicial para que vea el lado de nosotros como litigantes que representamos los intereses de los justiciables" expresó.

Para buscar soluciones en cuanto a la implementación de un tribunal electrónico en la entidad, así como compartir referencias y avances sobre el tema, se reunieron el diputado Julio César Vázquez Castillo, el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y abogados litigantes.

El diputado Julio César Vázquez observó que el trabajo legislativo ya está hecho, así como la reglamentación correspondiente, de tal manera que, se cuenta con la normatividad, pero faltan recursos para su operación.

El magistrado Presidente del TSJE, Isaac Alejandro Fragoso López explicó que se contemplaban 29 millones de pesos, pero solamente les autorizaron 23 millones de pesos.

Ciertamente se incluyeron en el paquete 6 millones de pesos para el Centro de Convivencia Familiar, pero, faltan recursos, aparte de que están recibiendo con retrasos los que se ocupan para poder iniciar con la compra de los sistemas y de las licencias de software.

Además, para poder implementarlo, va tardar cuatro semanas; incluso, se contempla que hasta los Centros de Convivencia Familiar se trabaje vía convenio de colaboración con los ayuntamientos, para que presten inmuebles y, también se coordinen entre personal de los municipios y del Sistema DIF del Estado, con el Poder Judicial.

El legislador Julio César Vázquez, abogados y representantes del Poder Judicial analizaron métodos que permitan continuar con las distintas labores en favor de los bajacalifornianos, y no permitir que esta pandemia provocada por el covid19 nos detenga, pues, hay miles de asuntos pendientes de concluirse en su proceso judicial.

El poder judicial ya tiene autorizado el dinero, por parte del Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo le va a estar ministrando los dineros, y se tiene contemplado para este mes de febrero, por lo que, en el transcurso de este dinero esperan que lleguen las primeras remesas, para la adquisición de sistemas y licencias.

El funcionario ha ignorado la solicitud para el levantamiento de sellos de clausura de una empresa.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por sus siglas TEJA, citó al titular de la Dirección De Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Oscar Alejandro González Lozano, para justificar sus acciones y subsecuentemente acatar una orden judicial y evitar una multa por una decisión personal que frena la apertura del mercado de comercialización de gas.

 El funcionario ha ignorado la orden del levantamiento de los sellos de clausura de un establecimiento, lo que está retrasando que un particular obtenga la documentación de terminación de obra para nuevas empresas. 

El Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del TEJA, Alberto Valdez, refirió que en este caso de incumplimiento, las sanciones son impuestas directamente al servidor público y no a la dependencia que representa. 

En septiembre pasado, el Tribunal solicitó a la autoridad municipal expedir la constancia de terminación de obra y consecuentemente la liberación de las licencias de operación.

El representante legal de Blue Propane, Allan Jaramillo Pérez, explicó que en estos acuerdos complementarios se señalan las medidas de apremio y un requerimiento a que el Ayuntamiento acate lo que dispone la suspensión provisional “y le señala que en caso de incumplimiento aplicará una multa, arresto o subsecuentemente la destitución”. 

Lo anterior, refirió Jaramillo Pérez, en el entendido de que hay antecedente por parte del Ayuntamiento en el desacato sobre la suspensión provisional otorgada en su momento. 

“Debido a eso el Tribunal previniendo que ocurra lo mismo, hace sabedor al Ayuntamiento de los medios de apremio que se aplicarían si ocurre un desacato”. 

Las estaciones en las que surte efecto el mencionado resolutivo son las que tienen por ubicación las colonias Baja Maq El Águila, Loma Dorada, El Tecolote, Poblado Ejido Francisco Villa y Ejido Mariano.

Información de El Financiero