Luego de confirmar que el gobierno del Estado ha retenido más de 700 millones de pesos al Ayuntamiento de Tijuana por concepto de participaciones federales, el gobierno de la ciudad presentó ayer formal denuncia ante la Secretaría de la Función Pública Federal contra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

“Se presentó ante la Función Pública de la Ciudad de México o sea del gobierno de México una denuncia por desvío de fondos, no es posible que nos tengan sin 600 millones de pesos”, dijo el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

El presidente municipal lamentó que el ejecutivo del Estado, no admita que dicho dinero no ha sido entregado como debió de haberlo hecho desde hace varios meses.

“Yo le pediría el gobernador que se conduzca diciéndole la verdad al pueblo, que efectivamente no tienen el recurso para mandárnoslo, que los desviaron a otros pagos y está muy clara la denuncia que pusimos en la Secretaría Pública el gobierno de México”, enfatizó González Cruz.

Debido a que la administración que encabeza Bonilla Valdez, sigue reteniendo más de 600 millones de pesos en participaciones federales, el Ayuntamiento de Tijuana tuvo que adquirir una línea de crédito para cubrir las obligaciones durante lo que resta del año.

“Tuvimos sesión de Cabildo porque el gobierno del Estado ha retenido a Tijuana 600 millones de pesos en participaciones federales, esos recursos son de los ciudadanos tijuanenses, son para su atención y el gobierno del Estado al desviar o no entregarlos en tiempo, constituye un delito federal”, dijo.

Esta mañana, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez compartió en sus redes sociales que se reunió con la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. 

A través de su cuenta, Bonilla Valdez expresó: “Me dio mucho gusto recibir esta mañana en nuestras oficinas a la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero; una mujer trabajadora, comprometida y con gran vocación de servicio, con quien compartimos la visión de seguir construyendo un mejor futuro para nuestra ciudad y nuestro estado”.

Por su parte, Caballero Ramírez, compartió la fotografía y señaló que el amor por Baja California los une.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Montserrat Caballero, ella lo denunció por violencia de género y supuestos casos de acoso en el año 2023.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó ante medios de comunicación que, antes de finalizar su administración municipal, sostuvo una reunión con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

La ex funcionaria destacó la buena relación que mantiene con Bonilla, señalando la importancia de tener vínculos sólidos en momentos críticos.

"Es importante tener una buena relación antes de los momentos catastróficos", expresó Caballero.

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La mañana de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Arturo González Cruz, ex alcalde de Tijuana durante el período 2019-2021.

González Cruz era diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el momento de su fallecimiento.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó y lamentó el fallecimiento enviando sus condolencias a familiares y amigos del diputado federal.

Cabe recordar que González Cruz sufría secuelas de un accidente de esquí ocurrido en California en 2022, que lo dejó parapléjico.

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A partir del 1 de septiembre, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, podrá ser requerido nuevamente para comparecer ante el Poder Judicial del Estado y llevar a cabo la audiencia inicial de imputación, informó Juan José Pon Méndez, Consejero Jurídico de Baja California.

Señaló que se le imputan delitos por el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por el delito de peculado, que se sanciona con penas de hasta 12 años de prisión y/o 16 años de prisión.

Recordó que la denuncia se realizó después del proyecto de la planta fotovoltaica que dejó una deuda aproximada de 12 mil millones de pesos.

Señaló que en agosto de 2022, se le citó al ex gobernador para que compareciera ante un juzgado, pero antes de asistir, el Tribunal Electoral determinó que Bonilla podría incorporarse como senador y contaba con fuero de común, por lo que no podía ser juzgado en ese momento.

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La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado, y otros cinco individuos. La denuncia alega violencia política de género, incluyendo calumnias y violencia mediática.

La alcaldesa acusa a los implicados de llevar a cabo una campaña mediática para desacreditar y perjudicar su imagen pública. Esta campaña, según la denuncia, incluye desacreditaciones, calumnias, descalificaciones e invisibilización del trabajo de Montserrat Caballero, todo basado en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su reputación ante la ciudadanía.

Los imputados en la denuncia son el actual senador por el PT, Jaime Bonilla, así como otros políticos y figuras públicas relacionadas con él. La denuncia también menciona una presunta intención de poner en duda las capacidades de la alcaldesa para la política y el gobierno, con el claro propósito de limitar y anular sus derechos políticos electorales.

Las otras personas involucradas en la denuncia son las siguientes:

• Sergio “M” y Marco Antonio “B”, diputados de la XXlV Legislatura de Baja California.
• Vicenta “E”, ex secretaria de la Honestidad y la Función Pública en el gobierno de Jaime Bonilla.
• Odilar “M” del programa de tv y radio de análisis político, económico y social “Odilar por la mañana” en PSN.
• María del Carmen “E”, ex Síndica Procuradora en la administración del ex alcalde Arturo González.

Montserrat Caballero solicita medidas cautelares, incluyendo que los denunciados se abstengan de realizar campañas mediáticas que limiten sus derechos políticos electorales y el retiro de las publicaciones y videos en redes sociales que ejercen violencia política de género. La denuncia busca tutela preventiva y de no repetición para prevenir futuros actos de violencia política contra la mujer en razón de género.

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