Arcelia Maya, reportera de El Universal, realizó una investigación periodística con la cual descubrió que una sola familia controla la distribución y venta de gas doméstico en Baja California.

Tomás y Miguel Zaragoza Fuentes ostentan 58 permisos de gas, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, para operar las empresas Zeta Gas, Baja Gas and Oil, Compañía de Gas de Tijuana, Compañía de Gas de Ensenada, Gas Butano y Propano, Tomza, que maneja Gas Silza, con permisos desde 1999.

Desde hace 20 años tienen el control del mercado.

Arcelia Maya entrevistó a un experto Víctor Pavón, directivo de una empresa que se dedica al análisis de los monopolios.

En el caso de Baja California, esta práctica se considera un oligopolio, porque se trata de una red, pero en el seno de una misma familia, que impide que entren nuevos competidores, pone barreras como por ejemplo, sobornando autoridades.

Una de las consecuencias es que los precios del gas son muy elevados, y quienes terminan pagando los costos extras son los usuarios.

“El oligopolio del gas genera entre otras cosas, que en la colonia Granjas Amparo Sánchez no hay servicio de gas. No pasan los camiones. Las familias utilizan minitas portátiles para surtirse. Derivado de esto, una parte de la comunidad cocina con leña o madera que recogen de los basureros clandestinos, porque no hay gas.

“Esto les trae problemas de salud, sobre todo a las mujeres, por estar inhalando humo de leña”.

La empresa Blue Propane tiene detenida desde hace años la construcción de plantas distribuidoras de gas doméstico en diferentes puntos de Tijuana, ya que a través de demandas ante diferentes autoridades, el monopolio de Zeta Gas ha logrado impedir que avancen en la tramitología, evitando con esto que los usuarios tengan acceso a mejor producto a un precio más competitivo.

El diputado federal Héctor Cruz Aparicio pide a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Federal Reguladora de Energía, investigar el monopolio del gas, a fin de mejorar precios de hidrocarburos gas lp en Baja California.

El legislador recordó que el precio del gas le pega muy fuerte a la economía de las familias, casi a la par que el precio de la gasolina.

“Baja California tiene el precio más caro por litro de gas lp en el país. No hay opciones de compra, porque todas las gaseras pertenecen a un mimo grupo. Hemos encontrado que autoridades estatales y municipales inhiben la libre competencia y protegen a sectores, lo que ha generado el monopolio del gas y el establecimiento de los precios a conveniencia de estas empresas, lo que está muy marcado.

“No buscamos una apertura libre, que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, queremos que cumplan con las regulaciones de seguridad, pero tanto la ley estatal como las municipales, van en contra de lo que establecen leyes federales.

“Cuando se aprueban más candados en el estado y el municipio, lo que te das cuenta es que esta legislación se aplica solo a las empresas nuevas, a las que quieren romper el monopolio. Son regulaciones más exhaustivas, pero cuando revisas, nadie de los que están ya establecidos cumple, porque solo se las aplican a los nuevos que se quieren instalar. Cuando preguntas te responden, solo se aplica a los nuevos.

“Hay muchas estaciones de gas ya establecidas que son un riesgo, el mejor ejemplo, la que se ubica en la cinco y diez, el tema es la seguridad de los ciudadanos.

“Si otra empresa quiere venir a invertir y generar una competencia de libre mercado se encontraría imposibilitado para poderlo hacer. Por eso pedimos que la Comisión Reguladora de Energía realice una investigación sobre el monopolio.

“Lo que busco es que existan mejores precios del gas y la única manera es que haya una competencia en el mercado, porque las empresas que prestan el servicio, todas pertenecen a una sola familia”.

Las autoridades de 48 estados de Estados Unidos demandaron este miércoles a Facebook por supuestamente violar normas en favor de la libre competencia y con el objetivo de terminar con su "monopolio ilegal". 

La acción, presentada ante un tribunal federal de Washington, fue anunciada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que encabeza la demanda. 

Los estados acusan a Facebook de adquirir de forma ilegal a competidores como Instagram o WhatsApp y privar de esta forma a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad.

Entre las medidas que buscan destaca la posibilidad de que los tribunales fuercen a Facebook a deshacerse de esas dos populares aplicaciones, que compró por miles de millones de dólares. 

"Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios cotidianos", señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda estatal. 

El director de la Oficina de Competencia de la FTC, Ian Conner, apuntó en un comunicado que el objetivo del Gobierno es frenar la "conducta de Facebook" y "restaurar la competencia" en el mercado. 

La empresa californiana pagó en 2012 unos mil millones de dólares para hacerse con Instagram y en 2014 desembolsó 19 mil millones para comprar WhatsApp, ambas operaciones aprobadas en su momento por la misma agencia reguladora, la FTC, que ahora presenta la demanda. 

Las autoridades defienden que con esas compras Facebook ha podido controlar la competencia, dictar los términos para los desarrolladores que usan esas plataformas y ganar miles de millones de dólares con la venta de publicidad.

Facebook responde 

Facebook respondió este miércoles a las demandas antimonopolio presentadas en su contra por el Gobierno federal y las autoridades de 48 estados y dijo que ignoran los efectos que tendrán sobre la comunidad empresarial y los usuarios de sus servicios. 

"Tras haber aprobado nuestras adquisiciones hace años, ahora el Gobierno quiere un segundo intento sin importarle el impacto que un precedente así tendría para el conjunto de la comunidad empresarial o para la gente que elige usar nuestros productos cada día", indicaron desde la red social en un comunicado. 

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se pronunció durante fin de semana en contra del monopolio gasero en la entidad, asegurando que creció y se fortaleció al amparo de gobiernos panistas, provocando que los precios del gas LP en el estado sean los más altos del país.

“Yo siempre lo he dicho fuerte y quedito: yo no creo en los monopolios, no son de la cuarta transformación, no son de la ideología del Presidente. Somos muy abiertos en ese aspecto, yo quiero competencia porque es la única manera que puede haber mejor servicio, número uno, y mejores tarifas”, dijo el mandatario. 

A pregunta expresa sobre el monopolio existente entre las gaseras Zeta Gas y Silza Gas, propiedad de la familia de empresarios Tomás Zaragoza Ito y Evangelina Zaragoza López. Bonilla Valdez achacó que estas prácticas monopólicas son producto del desgobierno de las anteriores administraciones panistas.

“Esto se debe mucho al desgobierno que ha habido por 30 años, o sea aquí solamente los panistas se hicieron ricos. Los hombres más ricos de Baja California son los nuevos panistas, todos ellos están ligados a los negocios, todos, o sea, familias ricas con hijos y con sobrinos”, señaló. 

De acuerdo con el último reporte de Precios Vigentes al 15 de diciembre de 2019 de la Comisión Reguladora de Energía, Baja California es la segunda entidad con los precios más altos en el mercado del gas LP en el país. Mientras que Oaxaca o Chiapas tienen los precios más bajos con 15.83 y 14.43 pesos por kilo, en Baja California las familias pagan 20.78 pesos por kilo, es decir, hasta cinco pesos más. 

A nivel nacional, el promedio arrojado por la CRE es de 18.05 pesos por kilogramo.

El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un exhorto a los alcaldes que busca inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de hidrocarburos, particularmente en el mercado de gas LP.

Con esto los diputados locales buscan seguir protegiendo al monopolio del gas representado por las empresas propiedad de la familia Zaragoza, que durante más de 30 años han conservado el 80% del mercado del gas en Baja California, esto ha generado que entidad tenga los precios más altos en el mercado nacional. 

El Congreso pretende derogar y modificar disposiciones reglamentarias que tienen como objetivo la creación de una ventaja comercial a favor de las empresas de la familia Zaragoza, se trata de una operación en beneficio del mismo grupo económico que representan Baja Oil & Gas, Zeta Gas y Gas Silza.

Esto A través de un exhorto presentado por la diputada Montserrat Caballero Ramírez, también responsable de la denominada “Ley Bonilla 2” durante la sesión extraordinaria del 12 de junio.

Rivera Gas, Gas Natural del Noroeste, Baja Energy y Blue Propane; son algunas de las empresas que intentan entrar al mercado del gas en el Estado, sin embargo, por más de cuatro años dichas empresas se han enfrentado a las regulaciones locales y el terrorismo judicial, lo que resulta en los altos precios que deben pagar los bajacalifornianos por el costo del gas, el más caro de todo el país. 

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a través del oficio PLENO OPN-012-2016, ha advertido que la sobrerregulación de las normas municipales protege a las empresas que por años han operado bajo el amparo de las autoridades locales y limita opciones de abasto. La Cofece ha sido muy puntual al respecto, “este tipo de disposiciones conllevan implicaciones anticompetitivas”.

La Cofece ha hecho un llamado a las autoridades municipales para “eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio, eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio”. 

Las empresas Baja Gas & Oil (antes conocida comercialmente como Zeta Gas) y por Gas Silza, ambas propiedad de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, quienes durante los últimos años han sido financiado las campañas de varios políticos. 

También las empresas interesadas en ingresar al mercado del gas en Baja California, se han enfrentado a campañas mediáticas de desprestigio por parte de supuestas asociaciones civiles, que por un lado se manifiestan en contra de sus instalaciones argumentando que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, pero cuando se trata de instalaciones de Baja Oil & Gas y Gas Silza, no arremeten ninguna queja.

El interés que el delegado único de programas federales en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, ha mostrado en regularizar la situación de distribución de gas en Tijuana es positiva, sin embargo, la súbita atención en el problema deberá reflejarse en las auténticas “bombas de tiempo”, como las instalaciones ubicadas en la zona de la 5 y 10 en Tijuana, señaló el diputado federal Héctor Cruz.

Si bien reconoció que es necesaria la revisión de la seguridad en todos los centros de distribución, sostuvo que “es preocupante el silencio que el propio delegado ha guardado respecto al monopolio del gas LP”. “La mitad de las plantas que lo distribuyen en el estado son propiedad de dos empresas que pertenecen a la misma familia y que juntas almacenan el 80% del gas LP de toda la entidad”, sostuvo Héctor Cruz.

El diputado se manifestó por buscar terminar con estas prácticas monopólicas que históricamente han mantenido los costos del combustible en lo más alto del país. “Cuando hablamos de seguridad nos referimos a situaciones como el autotanque que volcó apenas hace unas semanas en el crucero cercano a la planta de la gasera de la 5 y 10”, planteó.

“Muchísimas veces vecinos ha intentado reubicarla, pero pareciera que son intocables, opinó que es necesario realizar un análisis estructural de las legislaciones y reglamentos locales para armonizarlas y así delimitar las facultades de cada orden de gobierno.

Sobre el papel del gobierno federal, Cruz afirmó: “Hay un tema de competencias y de libre mercado. De acuerdo al artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos es obligación del ejecutivo federal fomentar y vigilar el suministro de energéticos en el país, pero tal parece que aquí se está aprovechando de sus competencias para fomentar uno de los mercados más abiertamente monopólicos ”.

Concluyó pidiendo al delegado Ruiz Uribe enfocarse en la apertura del mercado, y trabajar de la mano con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal del Competencia Económica para acabar con los monopolios en este sector, pues más allá del riesgo a la seguridad que algunas instalaciones implican, “lo que ha estado amenazado por décadas es el bolsillo de los ciudadanos que pagamos y que, al parecer, seguiremos pagando el gas más caro de México”, concluyó el legislador.