El Gobierno de Mexicali encabezado por la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, liquidará el adeudo histórico con ISSSTECALI heredado por las administraciones anteriores, informó el tesorero Víctor Amador Barragán.  

Esto podrá ser posible debido a que el Ayuntamiento de Mexicali firmó un convenio con el Gobierno del Estado, para saldar el monto de las participaciones federales que la administración de Kiko Vega debía a la ciudad. 

Cabe referir que el pasado gobierno estatal adeudaba más de 230 millones de pesos, pero debido a que la actual administración del mandatario Jaime Bonilla Valdez pagó más de 84 millones de pesos, fue posible gestionar el convenio por la cantidad restante de 152.2 millones de pesos, con lo cual quedará liquidado. 

Amador Barragán explicó que una vez que se reciba dicho monto, el Gobierno de Mexicali podrá, entre otras acciones, pagar las cuotas y aportaciones no cubiertas al ISSSTECALI por las administraciones anteriores, de aproximadamente 120 empleados cuyos trámites de jubilación se encontraban detenidos por la falta de pago. 

Al respecto, la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda, puntualizó que además de otorgar la tan merecida justicia social a estos trabajadores que ya cumplieron con sus años de servicio, se logrará adelgazar la nómina. 

"Con ello podremos obtener ahorros mediante la liberación de plazas, permitiendo garantizar la prestación de servicios de manera más eficiente, competente y ordenada, y en cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo", expresó.

Estas medidas de ahorro, sostuvo la alcaldesa, junto a las ya implementadas por esta administración municipal en materia de austeridad, permitirán que con corazón y voluntad, se logre dotar de más y mejores servicios a la comunidad mexicalense.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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Tras el acto de acoso que vivió este martes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, diversas figuras políticas expresaron su rechazo y solidaridad. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las mujeres se sienten vulneradas en todos los ámbitos, y que incluso los hombres manifestaron su indignación ante el acoso a la mandataria, quien fue víctima de violencia mientras caminaba por las calles.

"Las mujeres somos víctimas de acoso en la vía pública, en las empresas, en el trabajo, en hogares y en el transporte público", resaltó Ávila Olmeda, quien también recordó el caso de la representante de México en Miss Universo, Fátima Bosh, quien levantó la voz tras ser violentada y expresó que "una corona no vale más que la dignidad de una mujer". La funcionaria destacó el valor de la representante mexicana en ese acto. 

La gobernadora también compartió que ella misma ha vivido situaciones similares y elogió la determinación de la presidenta Sheinbaum al presentar una denuncia formal contra el agresor, quien en estado de ebriedad, según se informó, incurrió en conductas inapropiadas. 

La mandataria estatal, señalo que México fue testigo de dos actos de violencia contra mujeres mexicanas: uno, el acoso hacia la presidenta en plena calle, y otro, la denuncia de la representante en Miss Universo. Agregó que estos sucesos reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres diariamente, quienes en el momento de vivir una situación así, experimentan primero sorpresa y luego, al revisar los videos, toman conciencia del acoso sufrido.

Ávila Olmeda destacó que, tras el incidente, la presidenta de la República tomó la iniciativa de denunciar públicamente a su agresor, y que ha recibido apoyo de diversas gobernadoras del país, incluyendo algunas del PAN, que se solidarizaron con ella en estos momentos difíciles. 

Finalmente, la gobernadora Ávila Olmeda hizo un llamado a seguir implementando acciones concretas para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto y protección hacia las mujeres en todos los ámbitos.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó durante la conferencia “Mañanera” que la situación financiera del municipio de Ensenada es compleja y que el gobierno del estado ha brindado apoyo constante en medio de sus dificultades. Señaló que, ante la insostenible situación de los pensiones, se otorgó un préstamo de poco más de 19 millones de pesos para cubrir estos pagos. 

Durante su administración, Ensenada ha recibido aproximadamente 900 millones de pesos en apoyo financiero, y en la gestión actual de la alcaldesa Claudia Agatón, se han entregado otros 305 millones de pesos para proyectos y necesidades del municipio. La mandataria estatal explicó que el último préstamo, otorgado hace unas tres semanas, sirvió para pagar pensiones municipales y que el pago fue realizado este lunes.

La gobernadora expresó su preocupación por posibles complicaciones financieras en octubre, debido a que esta problemática se ha arrastrado desde administraciones anteriores. Sin embargo, reiteró su apoyo y confianza en la presidenta municipal Claudia Agatón, asegurando que el gobierno estatal continuará brindando ayuda en la medida de sus posibilidades.

Por otra parte, reveló que recientemente el municipio de Ensenada solicitó un préstamo de 66 millones de pesos para una obra de infraestructura, pero el Gobierno del Estado no pudo concederlo en ese momento.

En su intervención, el secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, explicó que Ensenada enfrenta una deuda histórica desde 2010, que asciende a aproximadamente 4,100 millones de pesos, incluyendo recargos y actualizaciones. Sin embargo, destacó que ninguna pensión de los empleados y pensionados del ayuntamiento ha dejado de pagarse, ya que estos recursos son cubiertos puntualmente por el Estado.

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Tijuana.— La gobernadora Mariana del Pilar Ávila Olmeda admitió que en el estado persiste un notable déficit de policías municipales y de la fuerza estatal de seguridad ciudadana, situación que representa un reto importante para la administración. Sin embargo, destacó que uno de los principales compromisos en materia de seguridad, establecido en el plan estatal de desarrollo, es duplicar el número actual de elementos de la fuerza estatal para el final de su mandato.

En la conferencia ¨miércoles de mañanera¨, la mandataria explicó que, aunque en los últimos años se ha logrado incrementar en 150 policías por año en el ámbito estatal, aún se mantiene una diferencia significativa entre la cantidad de efectivos necesarios y los que actualmente se tienen, estimados en aproximadamente 600 en todo el estado.

La mandataria resaltó que, gracias a los aumentos presupuestales en la Secretaría de Seguridad, se ha destinado un porcentaje importante de recursos para incrementar la plantilla policial y mejorar las condiciones laborales. Asimismo, mencionó los esfuerzos en materia de seguridad social, con el objetivo de que los policías puedan retirarse con dignidad tras una vida dedicada a la protección ciudadana, con beneficios que incluyen 13 meses de salario una vez concluida su vida activa laboral.

Por otra parte, la gobernadora destacó la colaboración de los ayuntamientos en la mejora de las condiciones laborales de los policías, incluyendo incrementos salariales y mejoras en los servicios profesionales, con el fin de promover un crecimiento profesional dentro de las corporaciones policiales.

De acuerdo con Laureano Carrillo Rodríguez, Secretario de Seguridad Ciudadana, aproximadamente 7 mil agentes de las policías municipales están distribuidos en los siete municipios, mientras que la Fuerza Estatal cuenta con 1,040 efectivos operativos.

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El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana Olivaldo Paz Gómez, aseguró que si la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha sido juzgada por ningún delito, por lo que asegura que se trata de una calumnia.

El dirigente empresarial también hizo referencia a su pasado, al mencionar que fue calumniado.

Cabe recordar que el presidente fue denunciado por casos familiares durante su campaña para dirigir la Canaco, pero manifestó que prefiere "dar vuelta a la página" y no hablar más del tema.

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