La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la institución encargada de resolver la denuncia contra el ex ministro Arturo Zaldívar por presuntas faltas administrativas.
En un comunicado, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclararon que esta última institución no tiene las facultades para investigar al ministro de la corte.
Indicaron que conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta de la corte Norma Piña Hernández, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Explicaron que de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas.
Por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.
Denuncia contra Arturo Zaldívar
El 9 de abril, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.
“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal".
“Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.
De igual manera, por acuerdo de la ministra Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.
Jueces y ministros respaldan a Norma Piña
Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, tras el anuncio de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, de iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y también ex colaboradores.
A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señalaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante.
“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante".
“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señalaron.
Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.
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