La iniciativa fast track del Gobernador Jaime Bonilla, podría caerse y quedarse en papel la descentralización de las Comisiones de Servicios Públicos (CESP) a los Ayuntamientos de Baja California, por violentar procedimientos legislativos y de los propios municipios, afirmó la diputada local, Rosina del Villar Casas.
A unas horas de concluir su periodo como legisladora del Congreso del Estado, indicó que si de ser responsables los próximos diputados, al igual que la Gobernadora electa, van a buscar la forma de suspender esta iniciativa, sobre todo dijo, si se empiezan a ver las complicaciones.
Del Villar Casas destacó que el problema principal de esta ‘’descentralización’’, es que se está jugando con el patrimonio de los municipios, que han demostrado tener finanzas muy frágiles para poder operar las comisiones de agua, y en ningún momento los Cabildos aprobaron asumir esta responsabilidad, que debió hacerse previamente como lo establece el artículo 115 de la Constitución federal, advirtió.
También se violentó el artículo 30 de la Constitución local, donde establece que el procedimiento para hacerlo, se tiene que contemplar la ley del presupuesto y hacer el estudio técnico financiero para luego transferir estas comisiones a los municipios, a fin de garantizar que no se dañará la situación financiera ni del Estado ni de los Ayuntamientos, y ninguna de las partes cuentan con finanzas sostenibles, afirmó.
La diputada local también señaló que el dictamen se les entregó 24 horas antes de la sesión, incumpliendo con el procedimiento legislativo, cuando se deben considerar al menos 3 días antes, para que los diputados que no integran la comisión que emite el documento, tengan tiempo para su revisión.
Es por ello y por todos los requisitos legales antes mencionados, la descentralización del agua a los municipios puede caerse, aseveró, y sólo porque el Gobernador quiere sacar adelante una de sus promesas de campaña con tanta premura, que aunque es correcto, no son las formas.
Y a la suma de los puntos, agregó el de los créditos financieros y refinanciamientos que tienen los gobiernos estatal y municipales, que puede sacarlos de los contratos estipulados y las bancas pueden exigir el pago inmediato y total de los créditos, sólo por esta descentralización, poniendo en Jaque a todos, concluyó.
