A raíz de 12 asesinatos en dos días, autoridades estatales y federales, integrantes de la mesa de seguridad de Tecate, implementaron un operativo para contener la delincuencia, consistente en cateos, retenes en las principales vialidades y en general, la búsqueda de los generadores de violencia. Isaías Bertín, representante de la Secretaría de Seguridad en el estado y el fiscal central, Hiram Sánchez, dieron a conocer que como resultado, pararon los delitos de alto impacto, ya que no se registraron más homicidios.

Isaías Bertín comentó un mensaje en redes sociales de Zulema Adams, presidente municipal de Tecate en relación a que llegaron 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a solicitud directa de ella al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bertín descartó que sea el caso, más bien, explicó, se trata de acciones derivadas de la mesa de seguridad, y en cambio, hizo acusaciones contra la alcaldesa en cuanto a omisiones en materia de prevención del delito.

Insistió, pues lo ha dicho antes, que hay policías municipales involucrados en el crimen organizado y que es necesario la depuración de la corporación, e invitó a que la policía municipal se ponga en orden y que comparta información con la mesa de seguridad.

Recordó que ha habido tres cambios de director de la policía, en menos de dos años de gobierno.

Recordó que hubo un teniente trabajando, bien coordinando y con resultados, pero se quitó por cuestiones políticas, por parte de la alcaldesa, aun cuando había un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Refirió que sigue el robo de combustible en Jacumé, lo que constituye otro grave problema. Dijo que personal de Pemex se suma a la mesa de seguridad para atender esta problemática.

Indicó que se están avocando contra el narcomenudeo en Tecate, ya que la policía municipal no ha puesto a nadie a disposición por este tipo de delitos.

El presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, reconoció la difícil situación de violencia que enfrenta el municipio tras los recientes hechos delictivos, incluido el asesinato ocurrido la noche del 15 de septiembre. En entrevista, Cota afirmó que se ha intensificado el trabajo en la mesa de seguridad para contener la ola de violencia que azota a la región.

El alcalde explicó que, según información del general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad en el estado, la violencia en Tecate responde a una disputa territorial entre diferentes fracciones de la delincuencia organizada que buscan dominar el territorio, lo que ha provocado enfrentamientos en las calles y un incremento en los homicidios dolosos durante 2026.

Cota resaltó que se han fortalecido las capacidades de la Policía Municipal, sumando 25 nuevas unidades en los últimos dos años, en un esfuerzo sin precedentes. Además, se han mejorado las condiciones laborales de los elementos policiales, brindándoles servicios médicos y equipamiento adecuado. 

Como resultado de estas acciones, se han logrado capturar objetivos prioritarios que estaban promoviendo la violencia en la región.

El edil admitió que aún queda mucho por hacer, pero aseguró que continúan trabajando en coordinación con las autoridades para definir las acciones a seguir. Aunque reconoció su preocupación por la situación, reiteró el compromiso de seguir luchando contra la violencia en Tecate.

Actualmente, la Policía Municipal cuenta con aproximadamente 120 elementos, una cifra que aún considera insuficiente, ya que la plantilla ideal sería de más de 300 oficiales para una mejor protección de la población.

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El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) acusó hoy a la inteligencia de Ucrania de impulsar y beneficiarse del narcotráfico de América Latina, especialmente desde México, a Europa, a través del puerto de Odesa, en el mar Negro.

"Según informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad de Ucrania facilitan deliberadamente el incremento del tráfico de drogas de América Latina a Europa", afirmó el departamento de prensa de la entidad, citada por la agencia RIA Nóvosti.

Ucrania, un "corredor seguro"

Sostuvo que "los principales grupos criminales latinoamericanos buscan ampliar la geografía de suministros de narcóticos, incluyendo el fentanilo, debido a la creciente campaña antidrogas en Estados Unidos".

"En ese contexto, Ucrania es vista como un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros debidos", señaló el servicio.

Además, los narcocárteles latinoamericanos "están interesados en acceder al mercado negro de armas ucraniano", según el SVR.

"Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal ruta de tránsito de drogas latinoamericanas a Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", añadió.

Según Rusia, "el interés de los ucranianos es evidente" ya que "el régimen corrupto de (el presidente de Ucrania) Volodímir Zelenski busca obtener ganancias adicionales, en particular en el contexto de la imposibilidad de los patrocinadores occidentales de satisfacer aun interminables demandas".

En particular, el servicio señaló que "Kiev incrementa la cooperación con los principales narcocárteles de México".

A principios de año, las fuerzas de seguridad ucranianas comunicaron haber desmantelado una red de narcotráfico internacional que trabajaba en el puerto de Odesa.

En 2018 la policía argentina incautó 400 kilos de cocaína en la embajada rusa de Buenos Aires. La droga debía ser enviada por valija diplomática con destino a Rusia. 

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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La Fiscalía Regional de Tecate, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Personas y su Libertad, informó que el pasado 7 de julio, el Juez de Control del Poder Judicial dictó la prisión preventiva justificada contra Eduardo “N”, acusado por el delito de lesiones calificadas.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio, cuando oficiales de la Policía Municipal cumplimentaron una orden de aprehensión en la avenida Juárez y calle Portes Gil, en la colonia Esteban Cantú. Durante una revisión de rutina, se confirmó que el imputado contaba con una orden activa desde el 16 de junio de 2025. Fue detenido a las 21:50 horas y puesto a disposición de la Fiscalía.

En la audiencia del 7 de julio, el juez modificó la medida cautelar a prisión preventiva, considerando la falta de arraigo del sospechoso. Se fijó una audiencia intermedia para el 26 de septiembre a las 10:00 horas.

A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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