El Gobierno de México a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), incluyó a Baja California como uno de los 4 estados donde se realizará un proyecto de diagnóstico previo a la Implementación del Sistema Nacional de Identidad Nacional.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que este sistema consiste en el registro biométrico de las personas, tales como huellas dactilares, iris, y reconocimiento facial, lo cual estará integrado en la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Rodríguez Lozano dijo que el argumento de el Gobierno de México para implementar este proyecto tiene varias vertientes, tales como la seguridad, el derecho a la identidad, así como la inclusión; por lo que el lunes personal de RENAPO estará en Mexicali en las instalaciones del Registro Civil Estatal para definir los criterios de implementación de este proyecto.

Este proyecto es muy importante porque por primera vez, un Presidente de México prioriza el derecho a la identidad, al igual que el Gobernador de Baja California quienes han impulsado este tema, tal y como sucedió con el convenio Federal con el Instituto Nacional de Migración (INAMI) al ponerles un módulo para atención que los connacionales repatriados mexicanos tengan su CURP y su identidad, comentó el Titular de la SGG.

Por su parte la Directora de Registro Civil del Estado, Paloma Alegría Murrieta, comentó que los cuatro estados que el Gobierno Federal eligió para arrancar esta prueba piloto son Quintana Roo, el Estado de México, Nuevo León y Baja California, y en nuestra entidad arrancará en Mexicali, posteriormente en Ensenada y luego en Tijuana.

Desde el momento de nacimiento, dijo la funcionaria, se busca garantizar la identidad de las personas, tener un libro de electrónico vincularlo biométricamente con la persona que lo identifique plenamente con fotografía, registro de iris sus ojos y huellas dactilares, así como todos sus datos.

Además, mencionó que esta es una etapa de diagnóstico y que una vez que sea evaluados los cuatro estados, se determinará si se aplica a nivel nacional, buscando que la CURP sea el identificador único y se logre la llamada unicidad de la persona.

Al final Alegría Murrieta mencionó que, para este fin, habrá equipo técnico para lograr capturar estos datos biométricos y complementarios, se contará con un ordenador, un escáner de huellas, un escáner de iris, un equipo para capturar firmas, una cámara fotográfica, un escáner de documentos, etc.

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de delitos.

La medida únicamente beneficia al quejoso, Óscar González Abundis, quien solicitó el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el PANAUT para que no les sean canceladas por falta de registro.

En la suspensión provisional, pública en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el juez Gómez Fierro reconoció que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos.

“Recordemos que la finalidad del PANAUT es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos”, señala el acuerdo de suspensión provisional.

“De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, añade.

En consecuencia, el quejoso no estará obligado, por ahora, a registrar su línea telefónica en el PANAUT y las autoridades no podrán cancelar su servicio por la falta de registro.

El juez citó para el próximo 27 de abril para realizar audiencia incidental en la que decidirá si concederá o no la suspensión definitiva.

El juez Gómez Fierro es el mismo que concedió el mes pasado las primeras suspensiones contra la reforma eléctrica de la actual administración.

A diferencia de la reforma para entregar datos biométricos al Gobierno federal, las suspensiones contra la reforma eléctrica tienen efectos generales; es decir, no sólo benefician a los quejosos.

Los datos biométricos nos definen como individuos. No es posible que te puedan confundir con alguien más si se toman, por ejemplo, tus huellas dactilares o tu iris, características que te hacen único. Es por lo que en los últimos años estos elementos se utilizan cada vez más para temas como firma de documentos oficiales o para ingresar a la información de tu cuenta bancaria. Sin embargo, también pueden ser mal utilizados y, por tratarse de información tan sensible, diputados del Parlamento Europeo instaron a prohibir el reconocimiento automatizado en lugares públicos ya que, dijeron, pone en riesgo los derechos humanos.

En una carta pública firmada por 40 diputados del Parlamento Europeo, exhortaron a la Comisión Europea a reforzar una propuesta legislativa para prohibir el uso del reconocimiento facial, así como la vigilancia biométrica, según se dio a conocer después de que se filtrara el proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial.

Los funcionarios advirtieron que el uso de este tipo de tecnología pondría en riesgo los derechos humanos de las personas. Además, resaltaron que sería una práctica discriminatoria debido a que el sistema observa las características sensibles de las personas como género, sexualidad, etnia y discapacidad.

“Esto puede conducir a daños, incluyendo la violación de derechos a la privacidad y los datos de protección; suprimir la libertad de expresión; hacer más difícil exponer la corrupción; y tener un escalofriante efecto en la autonomía, la dignidad y la autoexpresión, en particular pueden dañar a las comunidades LGBTQI+, a las personas de color y a otros grupos discriminados”, señalaron los diputados en dicha carta.

Así, pidieron a la Comisión modificar la propuesta de IA para prohibir totalmente esta práctica con el fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, sobre todo, los derechos de las comunidades que sufren un mayor riesgo de discriminación.

En contra de vigilancia masiva

Asimismo, los diputados resaltaron su preocupación en especial por el artículo 4, pues, aunque el proyecto señala que se prohíbe el uso de sistemas de inteligencia artificial para la vigilancia indiscriminada, consideraron que esto no quiere decir que ninguna persona saldría afectada, por lo que piden reformular este párrafo para abarcar toda la vigilancia masiva indiscriminada y no dirigida, sin importar cuántas personas estén expuestas al sistema.

Por otro lado, rechazaron enérgicamente el segundo párrafo del mismo artículo pues exime a las autoridades y actores privados que utilizan este tipo de inteligencia “con el fin de salvaguardar la seguridad”.

“La seguridad pública es precisamente con lo que se justifica la vigilancia masiva, es donde los tribunales han anulado sistemáticamente la legislación sobre el procesamiento masivo indiscriminado de datos personales. Esta excepción debe eliminarse”, advirtieron.

Por todo lo anterior instaron a la Comisión a asegurarse de que se respeten la protección de datos de las personas y que se prohíba la vigilancia biométrica masiva en espacios públicos debido a que los artículos 42 y 43 del proyecto tiene como objetivo regular la vigilancia biométrica en espacios públicos con el fin de identificar a los ciudadanos, analizar su comportamiento y características sensibles sin su consentimiento.

“La vigilancia masiva biométrica en espacios de acceso público está siendo ampliamente criticado por señalar erróneamente a un gran número de ciudadanos inocentes, discriminando sistemáticamente a los subrepresentados grupos y tener un efecto paralizador en una sociedad libre y diversa. Por eso es necesaria una prohibición”, añadieron.

Aún se espera la respuesta de la Comisión ante los señalamientos sobre esta tecnología que han hecho los diputados europeos, la cual se espera que se haga pública a mediados de la siguiente semana. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López sostuvo reunión con el director del Registro Público de la Propiedad del estado, Alejandro Lares Valenzuela con el fin de coordinar esfuerzos para facilitar trámites para los abogados litigantes

Resultado del encuentro se acordó la instalación de un módulo del Registro Público de la Propiedad en el Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles en Tijuana con el objetivo de acercar el servicio a los abogados que traerá un ahorro de tiempo en la dinámica de los profesionales del derecho.

El magistrado presidente ha sostenido reuniones con diferentes colegios y asociaciones de abogados para escucharlos en sus inquietudes en relación al servicio que presta la institución como vía para mejorar la atención que se brinda en los diferentes juzgados en el Estado entre otros temas.

“Lo importante es que exista la comunicación con los abogados y unir esfuerzos para fortalecer el servicio que brindamos al justiciable” externó Fragozo López.

Entre los trámites que se ofrecerán en dicho módulo están inscripción de demanda de embargo, búsqueda de testamento, certificado de libertad de gravámenes, verificación de inscripción y emisión de copias certificadas.

Desde el inicio de su gestión en noviembre del 2020 el magistrado presidente ha sostenido reuniones con abogados de Tijuana, Ensenada y Mexicali donde los ha escuchado e intercambiado información sobre diferentes temas como la reforma laboral y su próxima implementación, la simplificación de trámites a través del uso de herramientas tecnológicas y la situación de la prestación del servicio en el contexto de la contingencia sanitaria.

El fenómeno migración y la situación de frontera de Mexicali a generado por años una población flotante qué diario recorre las calles de nuestra ciudad.

Es por esto que DIF municipal dio inicio al programa con el que se podrá obtener un registro de las personas que viven actualmente en situación de calle, así como los migrantes que llegan a esta ciudad esperando cruzar Estados Unidos, y al final quedan atrapados en Mexicali.

Samuel Chin García, Coordinador de Fomento a los Valores y Rescate en las Calles de DIF Mexicali, explicó que con este registro se obtendrá la estadística apegada a la realidad de esta población flotante ya que actualmente no existe registro alguno.

Este registro es información general como nombre, fotografía, lugar de origen, fecha de nacimiento, características físicas, antecedentes de capacitación y habilidades laborales y expectativas entre otros.

A partir de marzo de este año, los bancos que operan en México deberán aplicar al menos un control biométrico para reducir el robo de identidad en sus clientes.

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en marzo termina la prórroga otorgada a las instituciones financieras para la instalación de esta tecnología, la cual se esperaba desde 2018, pero debido al proceso electoral de ese año, se dio más tiempo a los bancos para cumplir con el requisito.

Así, los bancos deberán instalar en sus sucursales lectores de huellas dactilares que capturen los datos de al menos seis dedos de sus clientes, los cuales serán cotejados con la base de datos del Instituto Nacional Electoral para garantizar la identidad del cliente que quiera solicitar un crédito.

Este jueves EL UNIVERSAL publica en su primera plana que el gobierno de la 4T va por un software para sistematizar los datos biométricos de todos los mexicanos, como huellas digitales, rostro e iris.

La CNBV ha estimado que la aplicación de controles biométricos representaría ahorros por 235 millones 200 mil pesos al disminuir delitos como el robo de identidad.

Sin embargo, con datos al primer semestre de 2019 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se registraron un total de 45 mil 539 quejas por posible robo de identidad en operaciones bancarias, con un total reclamado por los clientes afectados por 627 millones 645 mil pesos.

De dicha cantidad, los bancos devolvieron a los usuarios que reclamaron un total de 221 millones 982 mil pesos.