La más reciente encuesta de PluralMx, da al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, un 71% en aprobación ciudadana, muy por encima de las puntuaciones de las alcaldesas y alcalde de los municipios de la entidad.  

No obstante que todos son de afiliación morenista, "alcaldes y gobernador son vistos de manera diferente en cuanto a la percepción que tiene la ciudadanía en cada uno", indica Lauro Ortiz, director de la casa encuestadora. 

La encuesta realizada entre el 12 y 17 de abril, arroja que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, reporta la mayor aprobación (en cuanto a presidentes municipales) con el 45%; le siguen, Karla Ruiz Macfarland, de Tijuana, con el 35%; Araceli Brown Figueredo, de Playas de Rosarito, con el 34%; María Guadalupe Mora Quiñonez, de Mexicali, con el 27% y Zulema Adams Pereyra, de Tecate, con el 16%.  

Para el ejercicio se efectuaron 800 entrevistas en cada uno de los municipios, con el propósito de evaluar la gestión de las y el Presidente Municipal a 1 año y 3 meses de gobierno.  

El cuestionamiento en general decía ¿Aprueba o desaprueba la gestión?, para lo cual se acompañó de tres respuestas: Aprueba, Desaprueba y Me es indiferente.

A unos días de que concluya la administración del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, la población se siente defraudada por el gobierno de Morena. 

A través de una encuesta con la ciudadanía, la mayoría dijeron estar informes con la gestión de Bonilla y están arrepentidos de haber confiado en sus propuestas y haberle dado el voto. 

"Aquí están los mismos baches, los mismos cortes de agua y la ignorancia nos hizo votar por él", expresó el señor Antonio. 

Otro ciudadano, dijo que el mandatario sólo convirtió su informe diario en transmisiones de pleitos con funcionarios y empresarios de la región. 

"Ha sido de los gobiernos más ridículos que ha tenido Baja California, el tipo sólo buscaba criticar y pelear con medio mundo", lamentó. 

Cansados de los recibos locos de la luz y agua e inseguridad dicen que será un gran reto para la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

"Falló sobre todo en la seguridad que él prometió, seguridad y paz social pero solo se concretó a pelear con González Cruz sin importar las necesidades de Tijuana y sus cambios en la CESPT con recibos de cobro exagerados sin importar la economía del ciudadano", manifestó la señora Guadalupe.

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La ciudad de Tijuana recibió la totalidad del capital que se tenía registrado como adeudo de parte de la administración del Gobierno del Estado por un monto de 947 millones 408 mil 464 pesos, incluidos todos los intereses, con lo cual quedó saldada la deuda.

Cabe señalar que se trata de un pago histórico que viene a fortalecer las finanzas del ayuntamiento a su arranque y permitirán cumplir con los compromisos que se tienen en el resto del año.

Adicionalmente, el gobierno de la ciudad seguirá buscando el pago del adeudo por participaciones no entregadas durante la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, mismo que asciende a 362 millones 574 mil 685 pesos que se le dejaron de entregar a los tijuanenses.

El Tesorero Municipal Raymundo Vega Andrade indicó que los recursos provenientes de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez se recibieron entre el lunes y el miércoles de esta semana con lo que sólo quedaría pendiente para la próxima administración el pago del total de la deuda de Vega de Lamadrid.

En total la próxima administración estatal tendrá pendiente la entrega de 362 millones 574 mil 685 pesos más los intereses que continúen acumulándose para saldar el pasivo histórico con los tijuanenses.

“Me descubrí, me abrí de capa”, respondió Jaime Bonilla a su secretario de Trabajo, Javier Algorri, cuando éste le dice que el presidenciable es otro (el gobernador).

Entre broma y broma, Jaime Bonilla en su mañanera de hoy, luego de la presentación de Javier Algorri, comentó sobre la fotografía que puso su funcionario en la pantalla:

—“Esa foto es presidenciable, falta la franja aquí nada más, te ves muy bien, apantalla”.

La respuesta inmediata del secretario del Trabajo, fue: “no, el presidenciable es otro gobernador, yo no”.

Jaime Bonilla riendo acotó:”Me descubrí, me abrí de capa”.

Las risas de sus funcionarios se incrementaron en la oficina sede de sus mañaneras.

 El gobernador Jaime Bonilla Valdez, informó que hoy lunes fue su última reunión presencial en la Mesa de Seguridad Estatal.

Durante su conferencia matutina diaria el mandatario estatal dijo que durante estos seis días que quedan de su administración los dedicará para hacer un viaje "relámpago" mañana martes regresando el al día siguiente en la noche. 

Aunque Bonilla Valdez no dio mayores detalles sobre su viaje. Posteriormente estará encabezando jornadas con la ciudadanía en Mexicali, Tijuana y Ensenada, los días viernes, sábado y domingo. 

El gobernador mencionó que en este período los temas de seguridad con su gabinete los llevará a cabo vía zoom.

Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo

Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad

El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.

En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador. 

Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial. 

También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP. 

Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.

Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.

Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna. 

En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.

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