Integrantes de diferentes organizaciones civiles de San Quintín, se manifestaron en las instalaciones del Concejo Municipal Fundacional para exigir que los representantes del organismo dejen de percibir el salario mensual asignado que asciende a los 70 mil pesos.

En voz de los representantes, Jorge Alberto Betancourt Duran presentó un documento en el que se solicita que los funcionarios de primer nivel que forman parte del cuerpo administrativo del Concejo Municipal Fundacional, dejen de recibir ese sueldo.

“Muchos sanquintinenses vemos y vimos con buenos ojos cuando por fin después de tantos años se logró la municipalización, y creímos que sería el comienzo de una buena etapa, pero con sorpresa vemos las pocas acciones que ustedes como concejales han hecho por nuestra comunidad”, externó.

Los concejales, agregó, se asignaron un salario mensual de 76 mil 962, por lo que reclaman que estén por encima de las necesidades de la comunidad, mientras el municipio se encuentra con un rezago de años.

Además, piden que quien fue nombra Director de Seguridad Pública, quien cuenta con denuncias en su contra y de acuerdo con la normatividad legal, comentó, está impedido en este momento, para ejercer el cargo.

La regularización de la tierra sigue siendo un problema en el municipio de San Quintín, en donde ciudadanos no cuentan con la certeza jurídica de los predios, por lo que acudieron con representantes del Concejo Fundacional para que inicie el proceso.

Indicaron que desde hace meses se comenzó con los trámites, pidiendo cuotas, papeles y otras cosas, sin embargo, no los han notificado sobre la aprobación de asignación de predios.

“No hay ninguna prueba y nos dijeron que nos iban a apoyar, por eso estamos buscando que nos resuelvan el problema. El dueño no nos quiere atender, y están vendiendo lotes sin que nos den toda la información”, comentaron.

Al menos una decena de familias se manifestaron en las instalaciones del Concejo Fundacional, en espera que les den una respuesta sobre cuándo se dará la regularización de los predios y su papel de acreditación.

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A un par de semanas de haber iniciado el ciclo escolar, padres de familia se manifestaron en contra de las disposiciones en un plantel educativo de San Quintín, por lo que piden la intervención de autoridades de educación.

Se trata de la escuela Secundaria Número 51, de aquella demarcación en donde sin aviso, se cambió al personal directivo; argumentaron que no se respetó el derecho de los docentes y afectando además al alumnado.

“Nos manifestamos en apoyo a una docente a quien no se le permitió presentar un examen para que pueda quedar con un cargo en el plantel. Ella cubría con los requisitos para estar como directora y la bloquearon”, señalaron.

Los padres de familia, se encuentran molestos por estas acciones debido a que esperan que se respeten los derechos de la maestra, pues cubre con los años estipulados para que pueda presentar su examen.

Asimismo, comentaron que eso ha causado un poco de incertidumbre entre los alumnos, quienes desconocen hasta el momento quién será asignado como director.

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Dar seguimiento al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCP), actualizar los marcos normativos y los proyectos pendientes para crecimiento de la ciudad, son temas prioritarios para el municipio porque son indispensables para acceder a recursos, informó el director de Infraestructura Municipal Jaime Figueroa Tentori.

Ante integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, dijo que en ese contexto se deben analizar las consecuencias que tendrá para Ensenada la municipalización de San Quintín y que antes estaba considerado dentro de la zona metropolitana de la ciudad.

“Esa misma situación, aunque le quita a Ensenada una gran responsabilidad y algunos problemas, le deja algunos temas legales que resolver. Por lo pronto es necesario hacer una actualización catastral en Ensenada y el recuento de las tomas de agua que le corresponden”, indicó.

Figueroa Tentori, añadió, que hay un rezago en el mantenimiento de las calles por lo que, muchas colonias que están en mal estado, pero confío que con el uso de la maquinaria denominada “el dragón” que el gobierno del estado entregará al municipio, el avance será más rápido.

 Al menos tres cuerpos sin vida fueron localizados en la zona conocida como “Agua Chiquita” en el municipio de San Quintín, así lo confirmó el Fiscal Central de la Fiscalía General, Hiram Sánchez Zamora.

Se informó, que hoy se hizo la exhumación de cuerpos para su identificación, sin embargo, no se sabe si pertenecen a una célula delictiva.

Relató, que el 28 de junio se presentó una denuncia por desaparición de Elibaní Saúl, quien salió de su domicilio y sabían que había acudido a un domicilio en el ejido Nuevo Mexicali, por lo que personal de la FGE, acudieron.

Se confirmó que la víctima había estado en el sitio referido y que había sido privado de la libertad por tres sujetos; se lo llevaron hasta donde fue asesinado y sepultado ahí mismo. 

“Había más cuerpos que tenían estado de putrefacción y consideramos que pueden ser tres las víctimas. Está trabajando la Unidad de Cuerpos Forenses”, refirió.

Para el inicio de operaciones del Primer Ayuntamiento de San Quintín se estiman 450 millones de pesos considerando las necesidades en infraestructura, servicios públicos y el rezago social, informó la coordinadora general de Gabinete Norma Elvia Martínez Santos.

Recordó que el primer Ayuntamiento será electo en el 2024 por lo que destacó el inicio de las mesas de trabajo con el Concejo Fundacional.

“Ellos, deberán analizar la planeación en los distintos ejes temáticos, acciones, estrategias y situación financiera para la conformación del sexto municipio”, dijo.

Asimismo, comentó, se deberá contemplar en el próximo presupuesto de egresos del Congreso de Baja California una partida para el inicio de estos trabajos. 

Martínez Santos, señaló que serán conformadas las mesas técnicas de trabajo, en los términos de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, en donde se abordará el intercambio de humanos y financieros, en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad pública.