Un juez de control del Sistema Penal Tradicional dictó auto de formal prisión Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI de la Ciudad de México, acusado por la presunta comisión del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa.
El ex priista, quien también es acusado de publicidad engañosa y asociación delictuosa, permanecerá en el reclusorio Oriente para enfrentar su proceso, confirmó el abogado Héctor Pérez Rivera, defensa de tres de las cuatro víctimas del caso que se le imputa.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido la noche del 29 de diciembre por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Fiscalía General de Justicia, al ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Tlalpan.
Su aprehensión es resultado de que en marzo de 2020, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, anunció que después de una "revisión rigurosa de la averiguación previa", se ordenó ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación sobre este caso, con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, "ya que, en su momento, se pretendió ocultar la indagatoria para que, con el tiempo, prescribiera".
"Del estudio técnico jurídico del expediente del caso, se desprendió la ausencia de actos dirigidos al esclarecimiento de los hechos o bien, actuaciones defectuosas como: declaraciones victimales insuficientes, omisión de actos de investigación, deficiente búsqueda respecto a la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación, ausencia de diligencias periciales, así como hubo filtraciones de datos.
"Ordené la realización de una investigación interna a efecto de determinar responsabilidades por omisiones contenidas en la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad", dijo en conferencia de prensa.
Apenas el 8 de septiembre de 2020, la fiscalía capitalina dio a conocer la detención de Claudia Priscila Martínez tras un operativo en el Estado de México, identificada como colaboradora del ex dirigente partidista, cuya función presuntamente era reclutar a mujeres mediante anuncios engañosos en periódicos e internet, con ofertas de trabajo en las oficinas de un partido político.
Dichos anuncios eran dirigidos a mujeres de entre 18 y 32 años, quienes supuestamente cumplirían las funciones de una edecán o asistente administrativa. Sin embargo, las denunciantes declararon que el empleo consistía en realizar trabajos sexuales para el político a cambio de un sueldo de entre 8 mil y 14 mil pesos mensuales.
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