La Secretaría de Marina-Armada de México informó el hallazgo de cajas de cartón que empaquetaban distintas armas de fuego y que se encontraban en una embarcación hundida en el dique seco de una empresa portuaria de Ensenada.

Se identificaron cajas de cartón que contenían mil 309 cartuchos calibre.30 carbine; 432 cartuchos calibre 5.56 mm; y 36 cartuchos calibre .45 ACP, haciendo un total de mil 777 cartuchos.

Autoridades señalaron que los proyectiles estaban bastante deteriorados, esto debido al prolongado tiempo en que pasaron dentro del agua salada y lodo marino.

 La embarcación en donde se realizó el hallazgo se encuentra en un 90% desguezada, por lo cual no se puede identificar el nombre y matricula con la que cuenta el navío.

Las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos afirmaron que aunque saben que un porcentaje de sus productos forman parte de la cadena de tráfico ilícito que afecta a México, no pueden ser consideradas como cómplices de la delincuencia organizada, tal como las acusó el gobierno mexicano.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al escrito en el que las ocho empresas demandadas por México respondieron la acusación del gobierno mexicano y pidieron a un juez de Massachusetts que desestimara el caso.

En el documento, las compañías afirman que, en todo caso, ellas, como todos los fabricantes de cualquier producto que puede usarse para cometer crímenes, facilitan “incidentalmente” la comisión de delitos pero no participan activamente de ellos.

“Las compañías que venden legalmente sus productos no son cómplices criminales solamente porque supuestamente ‘saben’ que un pequeño porcentaje de sus productos será utilizado para fines ilícitos en algún punto de la cadena de distribución”, argumentaron.

“Todos los fabricantes saben que algunos de sus productos pueden ser mal utilizados para cometer crímenes, pero eso no los hace cómplices criminales. Por mucho, ‘facilitan incidentalmente’ esos crímenes pero no ‘participan activamente’”.

EL UNIVERSAL informó que en su demanda, México acusó que las armerías han cometido lo que se conoce como “complicidad por negligencia” (negligence complicity) con la delincuencia organizada, al no endurecer sus políticas de venta y monitorear a distribuidores para que no participen en el tráfico ilegal, así como vender armas de asalto fácilmente modificables.

En su escrito, las armerías consideraron que México no tiene derecho a demandarlas por los daños ocasionados por las malas prácticas tras la venta de sus productos que llegan al crimen organizado. Las empresas establecieron que esto no puede ser su responsabilidad.

“México reclama que los demandados arman a los cárteles mexicanos. De hecho, no. Un grupo de actores criminales son quienes arman a los cárteles de México con los productos legalmente fabricados y distribuidos de los demandados”, continúa.

Señalaron que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de las prácticas de las empresas fabricantes de armas.

“La violencia que México reclama es independiente a los demandados, en el sentido de que los cárteles continuarán cometiendo la misma violencia (e inflingiendo el mismo daño) independientemente de las prácticas de venta de los demandados. Afirmar lo contrario sería pura especulación”, apuntaron.

En su solicitud de sobreseimiento, las armerías indicaron que su posible responsabilidad se desvanece de mano en mano, pues sus productos pasan por un sinnúmero de intermediarios antes de llegar a los criminales.

“Los demandados colocan productos legales en el flujo altamente regulado del comercio interno de Estados Unidos, donde pasan de mano en mano a través de innumerables intermediarios; algunos terminan en manos criminales a través de los actos ilegales de personas muy alejadas de los acusados y sobre las cuales los acusados no tienen control”, justificaron.

Por ello, indicaron al juez de Massachusetts, con sede en Boston, que México puede llevar sus reclamos ante un juez mexicano en lugar de intentar hacerlo bajo las leyes de EU, pues la competencia de este caso es el lugar donde se ocasionó el daño.

Al respecto, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, explicó que México ya respondió a este argumento.

“Ellos no tienen su asiento de negocios aquí, entonces en estricto sentido no tenemos jurisdicción. Las leyes extraterritoriales requieren que el presunto responsable esté en territorio mexicano y aunque hagan negocios con el Ejército, que es el único vínculo comercial que existe, por conducto de la Sedena, no tienen representación aquí, ¿dónde lo notificamos?

“Si las notificamos por conducto de la Convención de la Haya es posible que no se sometan a la jurisdicción mexicana y si así fuera y ganamos el juicio, la sentencia la tendríamos que ejecutar en Estados Unidos y podríamos ejecutar la parte del dinero pero ¿cómo hacer que cambien sus políticas de venta?”, dijo.

Es decir, que aunque México gane ante un juez mexicano, no habría modo de obligar a las empresas a cumplir una sentencia condenatoria.

Thomas Massie, congresista republicano por Kentucky, tuiteó una imagen de su familia en la que todos tienen armas y pide: "¡Feliz Navidad! PD. Santa, por favor trae municiones".

El mensaje se da luego de que autoridades detuvieran a los padres del autor de un tiroteo en Michigan, tras una búsqueda policial.

El republicano tuiteó, a mediados de noviembre, "hay esperanza para este país", al retuitear un video veredicto de no culpabilidad en el juicio de Kyle Rittenhouse, el adolescente estadounidense absuelto después de matar a tiros a dos hombres durante las protestas contra la brutalidad policial en el estado de Wisconsin en 2020, y defendió sus acciones al decir que la autodefensa "no es ilegal".

En respuesta a su último mensaje, el republicano Massie obtuvo mensajes como los de Fred Guttenberg, quien comentó: " Ya que estamos compartiendo fotos familiares, aquí están las mías. Una es la última foto que tomé de Jaime, la otra es donde está enterrada debido al tiroteo en la escuela de Parkland. El tirador de la escuela de Michigan y su familia también solían tomar fotos como la suya".

El usuario "truth diviner" comentó: "La semana pasada, 4 hermosos niños pequeños no tenían idea de que estaban celebrando su último Día de Acción de Gracias con sus familias".

Ese último mensaje hacía referencia al último tiroteo en Michigan, donde Ethan Crumbley, de 15 años, abrió fuego el martes en su escuela secundaria y mató a cuatro estudiantes; los padres del atacante fueron imputados por homicidio involuntario y se declararon no culpables, un juez fijó una fianza de un millón de dólares para su liberación.

James y Jennifer Crumbley, padres del sospechoso, fueron arrestados la noche del viernes por agentes que los localizaron en un edificio industrial en Detroit, a unos 60 kilómetros de la tragedia, en Oxford, en el estado de Michigan.

La jueza Julie Nicholson dijo que los cargos eran "muy, muy serios" y fijó una fianza de 500 mil dólares por cada uno, alegando un "riesgo de fuga".

El hombre y la mujer eran considerados fugitivos -tras haber retirado presuntamente cuatro mil dólares en efectivo y apagar sus celulares- pero su defensa indicó el viernes que sus clientes se entregarían a las autoridades.

En el tiroteo registrado el 30 de noviembre en la pequeña localidad de Oxford murieron cuatro estudiantes de edades entre 14 y 17 años, en tanto otros seis y un maestro resultaron heridos.

Ethan Crumbley, quien se entregó a la policía sin ofrecer resistencia, fue acusado de "asesinato" y "acto terrorista" y podría pasar el resto de sus días en prisión, ya que está siendo procesado como mayor de edad.

Sus padres están acusados cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario, lo que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión.

El joven, que el miércoles se declaró no culpable ante un juez, permanece recluido en régimen de aislamiento.

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Las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumento ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia.

Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, “el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.

“La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett”, apuntó en su declaración la empresa Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre.

“Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo. No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”, respaldó Witmer.

Es más, añadió Barrett, “la demanda […] en marcado contraste, menciona repetidamente la conducta lesiva de ‘terceros no ante este tribunal’, es decir, los traficantes y contrabandistas independientes que traen armas de fuego ilegalmente a través de la frontera hacia México”.

El mismo razonamiento empleó Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, al criticar que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.

Es esa, la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barret, una ausencia de datos que considera “notable” y que, además, presenta una serie de eventos y casuísticas que atenúan la implicación de las empresas armamentísticas en los crímenes en territorio mexicano, ya que “no tienen control” de qué pasa con ellas una vez son vendidas legalmente dentro de territorio estadounidense.

“La queja del demandante debe contener más que simples etiquetas y conclusiones legales. Para ser viable, debe recitar alegaciones fácticas específicas suficientes para elevar el derecho reclamado a la reparación más allá del nivel de mera especulación. El demandante no hace eso”, apuntó por su parte la distribuidora Witmer.

Ese mismo argumento es base para demostrar, según los acusados, de que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos. “Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, añadió por su parte Sturm, Ruger and Co, sumándose a la justificación de la falta de jurisdicción de la corte para tomar este caso ya que “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano”.

“La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó por su parte Glock, una de las empresas más antiguas en el sector, con lo que daba por cerrado el argumentario que el caso no tiene cabida en esa corte.

“El Gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 2,000 millas de distancia, por daños “procesables” que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente' del ‘flujo de armas hacia México’”, reflexionó Glock en su argumentario.

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Sedena amplía su campaña de canje de armas y explosivos.

Inicialmente el programa se puso en marcha en Tijuana, ahora lo extienden a todo el estado.

Según el tabulador, puedes obtener hasta 5 mil pesos por armas cuyo calibre es de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En #BajaCalifornia amplían el canje de #armasdefuego durante la campaña 2021 para tener cobertura en todo el estado. Inicialmente estaba focalizada sólo en #Tijuana @fge.bc @sedenamx @prevencionfgebc #juntospodemosprevenir #prevenciónbc

El gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas ante la Corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito “que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

En conferencia de prensa, funcionarios mexicanos aclararon que esta demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, del que reconocieron los esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas. 

La demanda señala que México busca compensación, pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que el monto se determinará en el juicio. 

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de México, afirmó que se trata de un litigio estratégico, y que el país se encuentra preparado para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados.

 Es por ello que se realizó la demanda en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propio idioma y bajo su legislación. 

 “Es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicano, que tiene un estricto control de su compra, si no es con la autorización de las autoridades correspondientes”, dijo. 

“Es oportuna y valiente”, dice Ricardo Monreal 

En representación del Senado, el legislador Ricardo Monreal mencionó que la demanda en materia civil en una Corte de Boston, Massachusetts, es “correcta, oportuna, correcta, valiente y justa”, al tratarse de un hecho sin precedentes. 

“México no puede mantenerse ya callado o silencioso” ante esta problemática, declaró. “¿Qué es lo que busca esta demanda? No sólo la reparación del daño, sino evitar que se siga generando esta tragedia de violencia que México vive, estoy seguro que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas en nuestro país”, comentó. 

Añadió que desde el Congreso de la Unión se han implementado varias reformas para erradicar el tráfico ilícito, por lo que el litigio se trata de un paso por parte de la SRE para evitar más tragedias violentas en México. 

Demanda busca que empresas compensen a México por daños 

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, sostuvo que la demanda tiene como propósito que las empresas compensen al gobierno de México por sus acciones negligentes, aunque aclaró que el monto se determinará en juicio. 

Además, buscan que se implementen estándares para monitorear y disciplinar a sus distribuidores, “tienen la responsabilidad, tienen la información de quién la compró, están desarrollando diferentes modelos para el narco, tienen diferentes tipos de arreglos”.

También se deberán incorporar mecanismos se seguridad en las armas, con el fin de prevenir que sean usadas por la delincuencia organizada y, sobre todo, cesen de inmediato las practicas negligentes.

 “Hoy dimos un paso importante, esta demanda, confiamos en la calidad jurídica, vamos a litigarlo con toda seriedad y ganar el juicio, y reducir el trafico de armas ilegal. 

Ésta es una que complementa otras acciones que estamos tomando”, apuntó. El canciller confió que con la demanda se logrará reducir el tráfico de armas a México, por lo que se dijo confiado en que se ganará el litigio.