La crisis de inseguridad en Ensenada es tan grave, que en las últimas 24 horas, éste municipio desplazó a Tijuana en el número de homicidios.

Durante la conferencia mañanera del gobernador Jaime Bonilla, el coordinador de las mesas de seguridad en el estado informó que en la entidad hubo nueve homicidios este jueves, de los cuales cuatro fueron en Tijuana y cinco en Ensenada.

Algunos de los asesinatos ocurrieron en Los Encinos, Lomas de San Fernando y La Misión. Adicionalmente, una mujer fue atacada a balazos, lo que generó lesiones en su persona de consideración.

En lo que va del mes, van 19 asesinatos en el municipio de Ensenada, 262 en lo que va del año.

DESTRUYEN PLANTIOS EN ENSENADA

La gravedad de lo que está sucediendo en Ensenada coincide la existencia de plantíos de marihuana.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó cuatro sembradíos de la droga en Ojos Negros: uno de 200 metros cuadrados, 700, 925 y dos mil metros cuadrados.

El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, informó que, durante la actual administración encabezada por la gobernador Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha logrado reducir año con año el número de suicidios en la entidad. Además, destacó que en comparación con la media nacional, Baja California se mantiene por debajo de la tasa de personas que toman la decisión de quitarse la vida.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, en 2024, se reportaron 146 casos de suicidio en el estado, mientras que hasta el día de ayer, la cifra se había reducido a 77. Esto demuestra un avance importante en los esfuerzos de prevención y atención en salud mental.

El funcionario señaló que el municipio con mayor incidencia en salud en estos casos es Tijuana, lo que representa un gran reto para las autoridades en su labor de atender la problemática de salud mental que puede llevar al suicidio. 

Medina Amarillas agregó que la prevención del suicidio ha sido una prioridad desde el inicio de la administración, implementando estrategias como la habilitación de la línea de atención telefónica 075, destinada a ofrecer ayuda temprana y prevenir episodios que puedan terminar en tragedia.

La legisladora Dunnia Montserrat Murillo López, presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con la finalidad tipificar el suicidio feminicida.

Destacó que esta reforma está dirigida principalmente en reforzar el capítulo IV instigación o ayuda al suicidio del Código en la materia adicionando el artículo 131 Bis que contiene el tipo penal del suicidio feminicida.

Mencionó que en Baja California, se lucha contra los actos de violencia que se ejercen en contra de la mujer, situación que preocupa y ocupa a esta XXIV Legislatura del Estado, a las autoridades estatales y a todo México. 

"Existen aún tipos de violencia que no han sido identificadas, como lo es el inducir a prestar ayuda a una mujer para privarse de la vida, en donde la desesperación, depresión, traumas psicológicos, por sufrir tanta violencia disminuye la autoestima de una mujer, pues al no encontrar una esperanza o razón de seguir viviendo las lleva a privarse de la vida mediante el suicidio”, aseguró.

Explico que la muerte por suicidio es el final de una violencia reiterada contra las mujeres, y al no estar tipificado dentro del ordenamiento jurídico para Baja California, las personas agresoras quedan impunes.

Murillo López reiteró que el suicidio feminicida es una problemática actual, real e inminente. 

“Desde nuestra trinchera legislativa debemos de buscar como enmendar y honrar a todas aquellas mujeres quienes fueron orilladas a privarse de su vida. Qué mejor que, crear un tipo que sancione a todas aquellas personas que las induzcan, obliguen e inclusive presten ayuda para que se priven de algo tan valioso y maravilloso”, precisó.

Afirmó que la presente iniciativa pretende sancionar con prisión de cinco a diez años a quien induzca, obligue o preste ayuda a una persona del género femenino para privarse la vida, valiéndose de cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) creó la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (Conaho) a fin de promover la coordinación de esfuerzos entre las dependencias responsables de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia para prevenir y combatir dicho ilícito, uno de los que mayor incidencia registran, con alrededor de 142 mil casos en lo que va de este sexenio.

En un acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalla que la nueva comisión estará conformada por un grupo interdisciplinario de Servidores Públicos de la SSPC.

“La Comisión tendrá por objeto promover la coordinación de esfuerzos de vinculación, prevención, operación, gestión y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia a través de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipios, en el marco de la estrategia que se desarrolle para prevenir y combatir el delito de homicidio doloso”, señala el documento.

Para efectos de este acuerdo, se entiende por homicidio a las conductas tipificadas como tales en el Código Penal Federal y los Códigos Penales de las entidades federativas.

Entre las funciones de la Comisión destacan:

- Promover, en coordinación con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, la integración y funcionamiento de un sistema único de información criminal, en materia de homicidio doloso, en una plataforma tecnológica e informática que propicie mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación y sanción del delito referido por parte de dichas autoridades.

- Coordinar esquemas de colaboración entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para el eficiente ejercicio de las atribuciones de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la prevención, investigación y persecución del delito

- Proponer mecanismos de intercambio de mejores prácticas entre autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, para la eficiente operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

- Desarrollar informes conforme a las necesidades del servicio o al menos bimestralmente, sobre las funciones realizadas para combatir el delito de homicidio doloso, para evaluar el avance de los planes de trabajo así como la efectividad de las acciones implementadas

- Proponer a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, el establecimiento y operación de las unidades que previenen e investigan el delito de homicidio, así como analizar la información respectiva y formular las recomendaciones que se estimen pertinentes

- Consolidar informes trimestrales sobre el resultado de los programas de verificación y supervisión para su presentación ante las autoridades federales, estatales y municipales involucradas

- Impulsar el fortalecimiento de las unidades que previenen e investigan el delito de homicidio en el ámbito federal, de las entidades federativas y municipales, con base en la evaluación de sus capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas para una eficiente operación de las políticas de prevención e investigación

- Promover con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, la revisión y actualización de protocolos sobre la actuación ministerial, pericial y policial para una eficiente prevención, investigación y sanción del delito

- Coadyuvar en el desarrollo de campañas de prevención a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

- Diseñar e impulsar campañas de orientación para la denuncia, en coordinación con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, y conformar grupos de trabajo que se reunirán periódicamente, conforme a las necesidades del servicio o al menos una vez al mes, los cuales se organizarán conforme a las funciones que les sean asignadas en materia de análisis y prospectiva, coordinación y vinculación interinstitucional, asuntos especiales así como operaciones con instancias de seguridad pública y procuración de justicia.

El personal comisionado deberá realizar acciones en materia de técnicas de prevención del delito y con el Ministerio Público en técnicas de investigación, coadyuvar en el ámbito de su competencia con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, diseñar las acciones y operaciones que se implementen para tal efecto, y generar líneas de acción táctica contra personas, grupos y organizaciones delictivas, para fortalecer el trabajo operativo de las autoridades competentes en materia de investigación y persecución de dicho delito.

El diputado Miguel Peña Chávez, presentó iniciativa con el objeto de que la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaria de Salud de Baja California, incluya programas permanentes de educación socioemocional, de salud mental y todos aquellos que ayuden en la prevención de trastornos mentales y el suicidio en niñas, niños y adolescentes.

En el mundo, en México y en nuestro estado los estudiantes enfrentan grandes desafíos en materia de salud mental, como el aumento de trastornos de ansiedad, depresión, estrés, miedo al fracaso, drogas, violencia, bullying, violencia digital, además de los efectos ocasionados por la pandemia que dejó graves secuelas en su educación y vida emocional.

 Por lo antes expuesto, “es primordial que nuestro estado garantice y refuerce que las escuelas en coordinación con el sector salud apliquen las políticas públicas necesarias para el cuidado de la salud mental de este sector social que les permitan desarrollar habilidades sociales y emocionales para relacionarse y desenvolverse en un ambiente sano”, señaló Miguel Peña.

El legislador mencionó sobre la importancia que tiene la Educación Socioemocional en el proceso de aprendizaje de los niños y los adolescentes, ya que les ayuda a integrar en su vida los valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, establecer relaciones sanas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones de reto. 

Argumentó que las afectaciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad, funcional o riesgo de conducta autolesiva, por ello resulta también importante la intervención del Estado mexicano en esta materia, “es mucho mejor invertir en estrategias de prevención que en sistemas paliativos”, enfatizó. 

Peña Chávez expuso que, para mejorar el aprendizaje en los niños, es necesario realizar un trabajo interdisciplinario entre profesionales de la educación, las ciencias sociales y la salud, especialmente en área de la salud emocional y mental, que les permita a las niñas, niños y adolescentes, ser capaces de enfrentar la desafiante vida que se les presenta, “y por qué no decirlo, que vivan más felices”, finalizó.

Año con año, la muerte por voluntad propia (suicidio) incrementa en nuestro país. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2020 hubo 7 mil 896 decesos autoinfringidos. Un año antes se notificaron 7 mil 223, y en 2018, 6 mil 808. Este fenómeno se extiende cada vez más y los datos oficiales revelan que cuatro de cada 10 suicidas son menores de 30 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como acto deliberado, iniciado y realizado por una persona con pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. 

Es un trastorno multidimensional, resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, sicológicos, sociológicos y ambientales.

En México, las cifras más recientes señalan que en 2020, del total de muertes por autolesiones, 278 eran niños de entre 10 a 14 años (3.5 por ciento); 882, de 15 a 19 años (11.1); mil 142 jóvenes de 20 a 24 (14.4), y mil 151 de 25 a 29 años (14.5).

Cada 40 segundos

En el mundo, anualmente poco más de 700 mil personas se suicidan. Se estima que cada 40 segundos alguien se quita la vida, y 77 por ciento de los fallecimientos por autolesiones ocurren en los países de ingresos bajos y medianos. Los métodos más comunes son ahorcamiento, uso de armas de fuego e ingesta de sustancias químicas.

La doctora Diana Tejadilla Orozco, directora del Modelo de Atención en Salud Mental de la Secretaría de Salud (Ssa) y coordinadora del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, señala que la muerte por voluntad propia es un problema de salud pública en México, “pero es 100 por ciento prevenible”.

En las pasadas dos décadas, explica, “la tasa de suicidio se incrementó en 275 por ciento, y cada año aumenta de forma alarmante”.

En 2021, la incidencia fue de 6.2 por cada 100 mil habitantes, cuando en años anteriores se reportaban datos de 5.2 a 5.3. En contextos de emergencia, como la pandemia de covid-19, agrega, hay aumento de los problemas de salud mental, pero también éstos se hacen más evidentes.

Datos del Inegi señalan que las muertes por lesiones autoinfligidas representan 0.7 por ciento de los decesos a escala nacional. Por género, los hombres tienen una tasa de 10.4 por cada 100 mil habitantes (6 mil 452), mientras en las mujeres es de 2.2 (mil 436).

Así, en México la población de 18 a 29 años presenta la incidencia de suicidio más alta, con 10.7 decesos por cada 100 mil personas; le sigue el grupo de 30 a 59 años, con 7.4 fallecimientos. Los estados con la mayor tasa de muertes de este tipo por cada 100 mil habitantes son: Chihuahua (14), Aguascalientes (11.1) y Yucatán (10.2). En contraste, Guerrero, Veracruz e Hidalgo presentan los más bajos índices.

Programa pionero

Hace casi dos años, un grupo de expertos desarrolló el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, lo que convirtió a México en pionero en la materia. “Somos la primera nación de la región en tener una estrategia pública para prevenir el comportamiento suicida”, afirma Tejadilla Orozco, lo que permite homologar la detección, evaluación, diagnóstico, nivel de riesgo y tratamientos.

Explica que entre los cinco ejes prioritarios está la capacitación, por lo que 10 mil trabajadores de la salud han sido instruidos para detectar casos desde el primer nivel de atención. Se trata de sicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras y médicos. Incluso, señala, personal administrativo, a fin de identificar las señales de un comportamiento suicida.

También se han creado brigadas comunitarias, los Grupos de Apoyo Emocional (GAE), con los que se impulsa la educación sicoemocional de la población, que permita reconocer las señales previas a desarrollar una patología mental que pueda llevar a acabar con la propia vida.