A fin de evitar el cobro de piso como algunos comerciantes han señalado ocurren en la ciudad, la Presidenta Municipal, Karla Patricia Ruiz Macfarland, manifestó la necesidad de mayor coordinación con las diferentes dependencias de seguridad, como el Ejército y la Guardia Nacional, para acabar con este tipo de delitos.

Indicó que la Policía Municipal no se da abasto para atender todos los llamados de la ciudadanía, para lo cual se requiere de todos, incluyendo la implementación de tecnología, cámaras y buen centro de control, para tener mayor vigilancia y a quien le toque dijo, hacer las gestiones necesarias para erradicar la inseguridad.

Reconoció que en Tijuana sí se pueden estar dando los cobros de piso, dijo que como municipio no les toca, pero consideró importante reconocer y atender lo que están diciendo los empresarios, si lo dicen es porque sí está pasando esta situación, por ello insistió en trabajar en coordinación todos juntos, incluyendo a los agraviados.  

No negarnos y no meter el tema de la seguridad en lo político, y fortalecer la denuncia para poder atacar de frente a los responsables de los delitos, concluyó.

La extorsión se ha convertido en el delito que más afecta al sector empresarial en México, con un récord de 5 mil 887 víctimas en el primer semestre de 2025. Entre los casos recientes destaca el de Moisés Muñiz, empresario de Ensenada, quien anunció el cierre de su restaurante de mariscos “El Compa Moy” tras denunciar amenazas del crimen organizado.

En un video de 13 minutos publicado en redes sociales, Muñiz lamentó tener que tomar esta decisión, argumentando que no podía poner en riesgo a su familia ni a sus clientes. Señaló que, además de la inseguridad, las autoridades han mostrado incapacidad e incluso complicidad con el crimen organizado.

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“Las extorsiones y el cobro de piso me llevaron al límite. No puedo exponerme a que un sicario llegue y nos asesine por vender comida”, expresó el empresario, cuyo testimonio se viralizó rápidamente y generó muestras de apoyo en la comunidad.

Ante la denuncia pública, la Fiscalía General del Estado informó que ya estableció contacto con Muñiz, aunque hasta el momento no existe denuncia formal. La institución aseguró que se iniciaron investigaciones de oficio, se brindaron medidas de protección y se comprometieron a esclarecer los hechos.

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Autoridades confirmaron que fueron tres los trabajadores lesionados con arma de fuego en la carretera Xolo Tacos, situada en la colonia Tomas, tenía apenas un día de inaugurada y ya habían recibido amenazas por supuesto cobro de piso. 

Fue la tarde del 25 de agosto cuando policías municipales y paramédicos acudieron a la calle 

Molino del Rey y Avenida Calzada Tecnológico de la Colonia Tomas Aquino, atendiendo a 3 personas lesionadas con arma de fuego. 

Los tres trabajadores del puesto de comida, un hombre de 41 años con lesión en una extremidad, un joven de 29 años en condición crítica con lesiones en extremidades y abdomen, junto con una mujer de 42 años con un lesiones en el brazo; quienes fueron hospitalizados por Cruz Roja. 

De acuerdo al reporte un hombre a bordo de una motocicleta con mochila de repartidor de comida de la plataforma Uber fue el encargado de disparar, no fue detenido y la Fiscalía General del Estado quedó a cargo del caso.

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En los últimos meses se registraron denuncias de comercios por cobro de piso y extorsión por el crimen organizado en los municipios de Tijuana y Ensenada, ante esta situación el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, declaró que el líder del grupo delictivo fue detenido hace unos días en Baja California Sur.

"Lo detuvimos en una acción inteligente en otro estado de la República, estamos en proceso de traerlo a Baja California para que cumpla con su proceso aquí y nos pague aquí el daño que nos hizo a nosotros", expresó Carpio.

Señaló que la Fiscalía General del Estado cuenta con una línea de investigación con el fin de agregar el delito de extorsión al detenido pues fue aprehendido por delito de homicidio.

"No vamos a permitir ni que salga ni que tenga ningún beneficio", manifestó Carpio Sánchez.

En caso de ser víctimas de extorsión, recomendó denunciar al 911. 

Por su parte, el Fiscal Central del Estado, Rafael Orozco Vargas, detalló que el detenido apodado como "El Tamal" cuenta con seis carpetas de investigación.

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Personal académico de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana Del Valle de México (UTVAM), denunciaron públicamente al rector de esa institución, José Cortes Skewes, de diversas irregularidades como cobró de piso, moches y acoso.

Abelardo López, Susana Perales e Issac Lucas, docentes de esa institución, acompañados de algunos estudiantes acusaron que pese a la serie de denuncias que han realizado las autoridades de la Secretaría de Educación mantienen en el cargo al funcionario.

Precisaron que el rector ha puesto en riesgo el futuro de cientos de estudiantes de diversas carreras como Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, en Tecnologías de la Información y las licenciaturas en Gestión Institucional Innovación en Negocios y Entornos Virtuales, las cuales carecen de registro por parte de la Dirección General de Profesiones.

Además de estas irregularidades también señalaron que la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas rechazó la ingeniería en Desarrollo y Gestión de Sofware debido a la mala calidad de los planes de estudio.

Lamentaron el desinterés del rector y la serie de irregularidades que ha tenido en su administración, entre ellos algunos moches, cobros indebidos, sobresueldos a las secretarias; así también denunciaron cobros indebidos y exceso de la ceremonia de titulación.

También expusieron abusos en contra de los académicos a quienes se les obliga a pagar boletos de rifas, realizar labores de limpieza; servicios por los que la universidad factura.

Otros ilícitos presuntamente cometidos por el rector son cobro de derecho de piso a trabajadores para que conserven su empleo, adeudos al ISR. Indicaron que hay denuncias de acoso y hostigamiento laboral, así como discriminación, intolerancias y despidos injustificados.

Todos estos hechos son conocidos por las autoridades y sin embargo las autoridades educativas se niegan a actuar, lamentaron.

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