Al inicio de la administración de Francisco Vega de La Madrid, se instalaron Verificentros Ambientales en todos los municipios del estado y se hizo obligatoria la prueba anti-contaminante para los contribuyentes cumplidos que, dueños de un automóvil, pagaban cada año el costo de la verificación, para sacar placas o refrendar la tarjeta de circulación.

Sin embargo, el programa fracasó, porque se basó en los contribuyentes de siempre, los cautivos, y no hicieron la tarea: nunca pararon a los "autos chocolate", descuidados en su mayor parte mecánicamente, con alto grado de contaminación ambiental.

Se estima que un vehículo particular solo está en servicio el tres por ciento del tiempo del día, muy diferente al transporte público de pasajeros, por ejemplo, que trabaja de 14 a 16 horas diarias. Tampoco fueron llamados a la verificación, porque ya eran cautivos de las "revisiones mecánicas" del gobierno municipal.

Seis años después del programa de Verificación Vehicular Ambiental, el gobierno de Jaime Bonilla lanza una licitación para operar los verificentros, al cuarto para las doce, cuando solo faltan unos meses para que termine la actual administración.

Mientras tanto, los verificentros se encuentran en el abandono, convertidos en basureros, depósitos de chatarra, vandalizados y como punto de reunión de adictos.

O son otros los concesionarios o reconstruyen instalaciones desde cero.