El fin de semana durante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez aseguró que no hay violencia en la región y este viernes declaró lo contrario. 

"No confundan, nunca dije que no hay violencia, hay en todas partes lo que hay es paz social, típicamente los homicidios pasan por luchas entre los grupos delictivos por territorios y son ellos mismos que se eliminan unos a los otros pero es un país con paz social" expresó Bonilla 

Esto, luego de que el Secretario Técnico de las mesas de seguridad, Francisco Ramos informó que se cometieron 14 asesinatos en la región que ocurrieron en la ciudad de Tijuana (8), Mexicali (2) y Rosarito (1). 

Por otra parte, la Fiscalía General de Baja California y la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación reportó este día la detención de 31 personas, 12 por delitos de narcomendueo y 4 por violación al delito de armas de fuego y explosivos. 

Ramos informó que se aseguraron 3 armas de fuego cortas, 46 cargadores útiles y 4 cargadores.

En materia de narcóticos se decomisaron 10 envoltorios de heroína, 58 gramos de cocaína, 89 gramos y 0.1 de marihuana, 23.3 gramos y 135 envoltorios de metanfetaminas. 

Además se recuperaron 11 vehículos con reporte de robo.

La GESI reportó el aseguramiento de Benjamín N e Isidro N con dos armas de fuego corta, 42 cartuchos, 3 cargadores y un vehículo en el municipio de Rosarito. Ambos se dedicaban al tráfico de droga hacia Estados Unidos.

En Tijuana se aseguró a Raúl N y Rodolfo N con un arma de fuego corta, 4 cartuchos útiles y un vehículo.

En Mexicali se cumplimentó orden de aprehensión a Camilo N por el delito de homicidio calificado. 

Por último, en diferentes municipios se aseguraron 12 personas y se llevaron a cabo 5 cateos asegurando más de 174 gramos y 145 envoltorios de diversas drogas.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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Durante la última conferencia ¨mañanera¨ de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció que en 2025 se registró una reducción del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios, aunque reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad de la población.

La mandataria también destacó que hubo una disminución superior al 40 por ciento en robos a viviendas, negocios y transeúntes, avances que reflejan esfuerzos en materia de seguridad. Sin embargo, afirmó que la seguridad sigue siendo el tema prioritario y el principal reto para el estado, a pesar de los logros en la reducción de ciertos delitos.

En relación a la estrategia estatal contra la extorsión, Avila Olmeda informó que se han logrado la detención de 68 personas y el desmantelamiento de más de 22 células delictivas dedicadas a este ilícito.

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El presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, Héctor Contreras Luengas, afirmó que la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser la prioridad de las autoridades ante los hechos de violencia que han impactado al municipio.

Contreras Luengas señaló que la pérdida de vidas humanas, como la registrada recientemente en el sector empresarial local, no solo representa una tragedia personal y social, sino que también refleja un deterioro del entorno de seguridad que afecta directamente al desarrollo económico de la ciudad.

El dirigente sostuvo que sin seguridad física no puede existir estabilidad económica, ya que los sectores productivos dependen de un entorno seguro para operar, invertir y generar empleo.

Agregó que los recientes hechos incrementan la percepción de riesgo y desalientan la confianza de inversionistas locales y externos.

Precisó que los sectores estratégicos de Ensenada —turismo, industria, comercio y servicios— resienten los efectos de la inseguridad en sus operaciones diarias, lo que repercute en la productividad y en la competitividad del municipio.

Contreras Luengas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen con eficacia y transparencia en la investigación de los delitos, y aseguró que la falta de resultados mina la credibilidad institucional y agrava el clima de incertidumbre.

El presidente del Consejo Consultivo Económico reiteró la disposición del organismo para participar en acciones conjuntas que fortalezcan la prevención y la recuperación del orden, subrayando que la seguridad no es solo un tema de gobierno, sino una condición indispensable para la vida comunitaria.

Añadió que la cooperación entre ciudadanía, sector privado y autoridades es fundamental para reconstruir la confianza y restablecer un entorno de paz que permita el desarrollo sostenido del municipio.

Finalmente, Contreras Luengas afirmó que proteger la vida debe ser el punto de partida de toda política pública, pues sin integridad física y seguridad no hay inversión posible ni futuro económico para Ensenada.

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Diputados aprobaron tipificar la apología del delito en el Código Penal de Michoacán con 24 votos a favor, nueve en contra, dos abstenciones y cinco ausencias. 

En una sesión ordinaria, los legisladores debatieron la reforma que busca erradicar la impunidad contra quien promueva o glorifique acciones delictivas. Además, enfatizaron que no vulnera la libertad de expresión y prensa.

¿En qué consiste la reforma?

Mediante el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, el Pleno del Congreso del Estado, por mayoría avaló tipificar la apología del delito en materia penal. En este sentido, adicionaron la fracción IX al artículo 24, así como el artículo 163 quinquies y el Capítulo VII al Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Michoacán.

Así, en la entidad se sancionará a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas y cualquier otro medio u objeto, haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos.

Cabe destacar que, a propuesta de la diputada Sandra María Arreola Ruíz, se adicionó al Decreto, el artículo 163 sexies, para exceptuar a quienes informen en cualquier medio de comunicación, en el legítimo ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información.

Asimismo, se estableció que serán consideradas personas autores o partícipes del delito a los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad.

Se adicionó el Capítulo VII denominado “Provocación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio”, estableciendo una sanción de tres a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos; y multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización, si el delito no se ejecutare.

Violencia en México aumenta; influencia de la delincuencia organizada

El dictamen avalado por la mayoría de los diputados argumenta que la violencia crece en México y que entre los factores generadores de la misma, están las circunstancias y el entorno en los que las personas se desarrollan; refiere que existe una desconfianza hacía las autoridades encargadas de brindar protección y en correlación, ha ido acrecentando la influencia de la delincuencia organizada en ciertas regiones del país.

Las y los legisladores enfatizaron que la reforma penal no afectará la libertad de expresión, ya que ésta puede seguirse ejerciendo siempre y cuando no inciten, provoquen, enaltezcan o de cualquier manera hagan ver como necesarias las actividades criminales.

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El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana (ADEPT), Marko Díaz, expresó su postura respecto a la reciente prohibición de narcocorridos en varias ciudades del país, señalando que la verdadera solución para prevenir conductas y gustos que incitan a la violencia está en el hogar.

En entrevista, Díaz afirmó que en la escuela, los alumnos únicamente refuerzan los valores y principios adquiridos en su entorno familiar, ya que en las aulas se brindan principalmente conocimientos en diferentes materias con el objetivo de preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida.

El dirigente resaltó la importancia del papel que desempeñan los padres, abuelos y demás miembros de la familia en la formación de los niños y jóvenes, ya que en los primeros años de vida se aprenden las costumbres, gustos musicales y actitudes que definirán su comportamiento como adultos.

"Es en el hogar donde los niños desarrollan sus preferencias, incluyendo la música y otras actividades. Si en su entorno familiar se escuchan narcocorridos o corridos tumbados, es probable que esas aficiones persistan en su vida adulta", comentó Díaz.

Además, subrayó que, aunque las medidas de prohibición ayudan, no son suficientes por sí solas para erradicar el gusto por músicas que incitan a la violencia y a la transgresión de la ley. Para ello, consideró que la educación impartida en el núcleo familiar es fundamental.

El presidente de ADEPT también comparó esta situación con la relacionada con los alimentos chatarra, los cuales también están siendo restringidos en las escuelas. Según explicó, los hábitos alimenticios que se adquieren en el hogar serán los que prevalecerán en la vida adulta, por lo que promover buenos valores y costumbres en el hogar contribuirá a una mayor calidad de vida.

Por último, Díaz aclaró que no buscan evadir responsabilidades, sino que en las instituciones educativas se trabaja para reforzar los valores y buenas costumbres. Sin embargo, enfatizó que la mayor responsabilidad recae en el entorno familiar y en la sociedad en general para crear una cultura de prevención y valores sólidos.

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