La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aseguró cuatro inmuebles en San Felipe, Baja California en los que se localizaron redes agalleras (ocupadas para la pesca de la totoaba y en las que a veces se queda atrapada la “Vaquita Marina”); diversos buches de totoaba en estado fresco, congelado y seco, un arma larga, chaleco táctico, un teléfono celular y radios de comunicación. 

Además, una abarrotera en la que se comercializaba “Pepino de Mar” y buche de totoaba; especies endémicas que se encuentran reguladas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) y NOM-059-SEMARNAT-2010; los cuales se exportan de manera irregular a China; hechos que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra el ambiente. 

Dicho aseguramiento derivó de una investigación realizada de forma conjunta con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Federal Ministerial (PFM), de esta FGR; la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y el Centro de Fusión de Inteligencia (CENFI), ambos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en contra de una organización criminal transnacional dedicada a cometer dichos delitos.  

Con tal acción se establecen líneas de investigación para conocer la estructura y el modus operandi de dicha organización criminal transnacional en la realización de estas actividades altamente lucrativas, cuyo fin es el tráfico de diversas especies de fauna marina y endémica, razón por la cual se encuentra regulada en un tratado internacional del que México es parte.

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) acusó hoy a la inteligencia de Ucrania de impulsar y beneficiarse del narcotráfico de América Latina, especialmente desde México, a Europa, a través del puerto de Odesa, en el mar Negro.

"Según informaciones recibidas, las fuerzas de seguridad de Ucrania facilitan deliberadamente el incremento del tráfico de drogas de América Latina a Europa", afirmó el departamento de prensa de la entidad, citada por la agencia RIA Nóvosti.

Ucrania, un "corredor seguro"

Sostuvo que "los principales grupos criminales latinoamericanos buscan ampliar la geografía de suministros de narcóticos, incluyendo el fentanilo, debido a la creciente campaña antidrogas en Estados Unidos".

"En ese contexto, Ucrania es vista como un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros debidos", señaló el servicio.

Además, los narcocárteles latinoamericanos "están interesados en acceder al mercado negro de armas ucraniano", según el SVR.

"Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal ruta de tránsito de drogas latinoamericanas a Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", añadió.

Según Rusia, "el interés de los ucranianos es evidente" ya que "el régimen corrupto de (el presidente de Ucrania) Volodímir Zelenski busca obtener ganancias adicionales, en particular en el contexto de la imposibilidad de los patrocinadores occidentales de satisfacer aun interminables demandas".

En particular, el servicio señaló que "Kiev incrementa la cooperación con los principales narcocárteles de México".

A principios de año, las fuerzas de seguridad ucranianas comunicaron haber desmantelado una red de narcotráfico internacional que trabajaba en el puerto de Odesa.

En 2018 la policía argentina incautó 400 kilos de cocaína en la embajada rusa de Buenos Aires. La droga debía ser enviada por valija diplomática con destino a Rusia. 

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana informó la detención de 11 personas presuntamente involucradas en diversos hechos delictivos registrados este domingo 22 de febrero en la ciudad.

Por instrucción del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, la corporación redobló esfuerzos en materia de seguridad, lo que permitió atender de manera oportuna 12 situaciones que buscaban alterar la paz social.

Con corte a las 20:00 horas, se detalló que no hubo personas lesionadas y que 10 vehículos resultaron afectados parcial o totalmente, además de cinco comercios.

Elementos de la Dirección de Bomberos lograron controlar los incidentes para evitar mayores daños. Las autoridades destacaron la coordinación con instancias estatales y federales para ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Los hechos incluyeron afectaciones en colonias como Altamira, Soler, Empleados Federales, Chapultepec California y Los Laureles, entre otras.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno informaron que, al corte de las 18:00 horas, se reportan 19 personas detenidas por su presunta relación con ataques a vehículos, negocios y bloqueos registrados en distintos puntos de Baja California. Se confirmó que no hubo personas lesionadas, ni civiles ni elementos de seguridad, y que las carreteras operan con normalidad.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda señaló que la Mesa de Seguridad Estatal permanece en sesión permanente y que se mantiene la coordinación con autoridades federales y municipales. Asimismo, informó que este lunes 23 de febrero las clases se realizarán en modalidad a distancia en todos los niveles educativos, como medida preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, se contabilizan 22 eventos: seis en Mexicali, diez en Tijuana, cuatro en Tecate y dos en San Quintín. Las detenciones corresponden a cuatro personas en Mexicali, once en Tijuana y cuatro en San Quintín.

Las autoridades indicaron que los hechos fueron atendidos mediante patrullajes, puntos de control y despliegues coordinados, y que las personas detenidas serán puestas a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

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El Gobierno del Estado de Baja California informó que, al corte de las 15:00 horas, se reporta la detención de siete personas relacionadas con los incidentes registrados en distintos puntos de la entidad durante las últimas horas. Las autoridades precisaron que no se reportan civiles lesionados.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda reconoció la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como cuerpos de emergencia que atendieron y mantienen seguimiento a la situación.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las 6:00 y las 15:00 horas se contabilizaron 16 incidentes, la mayoría ocurridos entre las 6:00 y las 11:00 horas. Del total, cuatro se registraron en Mexicali, siete en Tijuana, cuatro en Tecate y uno en San Quintín. Las detenciones corresponden a cuatro personas en Mexicali y tres en Tijuana.

Las autoridades señalaron que no hubo bloqueos carreteros ni afectaciones generales a la movilidad, y que los hechos consistieron principalmente en incendios de vehículos e incidentes aislados. Indicaron además que estos eventos se presentan en el contexto nacional derivado de acciones operativas federales, manteniéndose la comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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