Protesta como Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana por el periodo 2021-2023, Hassan Martín Franco Ruiz, electo por unanimidad de los integrantes de este organismo, quien se pronunció por trabajar de manera coordinada con los tres Poderes, para contribuir en la mejora de la impartición de justicia en Baja California

Una vez que asumió la responsabilidad de manera formal, Franco Ruiz reconoció a su antecesora, Isabel Díaz Montes, por su valiosa labor al frente del colegio, sobre todo en tiempos tan complicados como los que se viven a consecuencia de la pandemia, por lo que aseguró será un reto continuar sesionando bajo estas condiciones.

Fue por ello que exhortó a los miembros del colegio, así como de la comunidad de abogados, a integrarse a trabajar de manera coordinada y unida a favor de la justicia y justiciables.

‘’Invito a todos mis compañeros a integrarse y acudir a las sesiones, ya que solo estando unidos y presentes, lograremos ser una voz más poderosa para ser escuchados en los diferentes entes, para así contribuir en la transformación de la justicia en Baja California’’, señaló. 

De igual forma resaltó la importancia de que, hoy más que nunca, el colegio se posiciones como un grupo que puede y debe coadyuvar en el mejoramiento de la impartición de la justicia, por lo que se comprometió a trabajar de manera coordinada con los tres Poderes, sobre todo el Legislativo y Judicial, para lograr este gran compromiso que hoy asumió.

Como parte de su planilla, tomaron protesta como Vicepresidenta, Maricarmen Olguín; como Secretario General, Carlos Cruz Díaz; y como Secretaria de Actas, Rosa Elena Jaime Valades. 

Durante la sesión solemne, participaron los ex presidentes del Colegio de Abogados de Tijuana, Tirso Liévano, Armando Atilano, Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, Carlos Atilano y Eduardo M. Navarro Vallejo.  

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A casi 50 años de que se fundó en la ciudad de TIjuana la escuela de Derecho del Instituto Cuautlahtóhuac, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se reunieron integrantes de lo que fue la primera generación de licenciados en Derecho, en Baja California, con el objetivo de compartir experiencias y reconocer la trayectoria de este grupo de abogados en favor de sociedad tijuanense y bajacaliforniana. 

Al participar como orador oficial de este evento, el licenciado José Román Leyva Mortera, Notario número 5 y quien fungiera como Director fundador de esta primera escuela de derecho en Baja California, destacó la gran contribución que los egresados de esta primera generación, han puesto en servicio de la sociedad bajacaliforniana, tanto en el sector público como en el ámbito privado.

Recordó que en una época en que los jóvenes de Tijuana y de Baja California, tenían que salir a estudiar derecho a la capital del país, o bien a otras entidades, surgió esta primera escuela de Derecho en la entidad, incorporada a la UNAM, misma que dio la oportunidad de formación para estos jóvenes, que hoy en día tanto han destacado como abogados.

Por su parte, el licenciado Carlos Murguía Mejía, integrante de esta primera generación de licenciados en derecho, recordó lo mucho que significó para ellos como jóvenes tener la oportunidad de poder estudiar Derecho y obtener este grado académico avalado por la UNAM; “y cumplir nuestro propósito de ser abogados para defender los derechos de los ciudadanos”. 

“Cómo olvidar a Don Romeo Jiménez Cabral, que insistió en su visión como maestro de crear una escuela de Derecho en Baja California y además que orgullo el haber tenido una extraordinaria plantilla de maestros, a quienes desde este espacio les rendimos un sincero reconocimiento”, puntualizó.

En el mismo evento hicieron uso de la voz el licenciado Guillermo Mayén Gónzalez, así como la licenciada Guadalupe Gómez Estrada, a quien le correspondió dar lectura y hacer entrega de un reconocimiento a nombre del licenciado Rodolfo Castro Ruiz, quien fue el primer titulado de esta generación, y el primer egresado de una escuela de derecho en Baja California en acreditar sus estudios.

La primera generación de la escuela de Derecho del instituto Cuauhtlatóhuac, incorporada a la UNAM, inició sus estudios en el año de 1973, para culminar con su carrera profesional en el año de 1978, habiéndose formado profesionistas que han fungido como notarios, funcionarios públicos, investigadores, docentes, legisladores y ediles, entre otros cargos.

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Tras la petición que hizo el Colegio de Abogados de Tijuana de que destituyan al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), Fernando Sánchez González, la Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, dijo que desconoce los motivos.

Indicó que este lunes, se llevó a cabo un foro de seguridad donde presentaron los resultados de la corporación y el Colegio de Abogados no estuvieron presentes.

"Entonces probablemente nos falta decirles cuáles son nuestros resultados para que ellos puedan pedir o no una renuncia", expresó Caballero. 

Recalcó que más que la opinión, le gustaría saber las razones de los abogados del por qué exigen la renuncia del titular de seguridad.

Lo anterior, luego de que este martes en conferencia de prensa, el Colegio de Abogados, pidió la renuncia del titular de Seguridad y del Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez debido a que la inseguridad ha sobrepasado límites en la ciudad fronteriza.

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Integrantes del Colegio de Abogados en Tijuana, piden la destitución del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), Fernando Sánchez González, debido a la imparable violencia que se registra en la ciudad. 

La titular de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo),

Catalina Salas Bravo, señaló que es preocupante el número de homicidios y la forma en que se cometen día a día. 

"Es muy evidente la violencia que hemos estado viviendo en la ciudad y hay un principio de derecho que dice que cuando hay evidencia no se requieren periciales", expresó Salas. 

La titular, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que los casos de homicidio no queden impunes pues de no ser así, eso ocasiona que continúen los asesinatos.

Por su parte, Hassan Franco Ruíz, Presidente del Colegio de Abogados, dijo en conferencia de prensa que la acción preventiva por parte de la corporación de seguridad no se ha visto en las calles.

Recordó, el atentado en contra de un colega en la conocida "zona blindada". 

El Secretario de Asuntos Penales, Carlos de la O, lamentó que 5 de cada 10 detenidos son liberados por faltas administrativas, las cuales indican que el informe policial había sido mal redactado, entre otras anomalías. 

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), Tijuana contabiliza mil 463 homicidios en lo que va del año 2022.

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La Barra de Abogadas Laboralistas "8 de marzo A.C." realizo de la mano de sus agremiados como abogados laboralistas de la ciudad, un ejercicio en donde se ponen aprueba mediante un simulacro ante el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

“La intención de este simulacro ante nuestros colegas es generar inquietudes, proponer soluciones ante los planteamientos realizados, a la fecha no se ha dado la oportunidad de participar como público en alguna audiencia de los nuevos tribunales del trabajo tanto en el ámbito estatal como federal”, detalló Héctor Ricardo Canales, abogado laboralista.

Los cambios principales ante el cambio de Sistema de Justicia Laboral queda en manos del poder judicial, anteriormente se atendía por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora en esta reforma a la fracción 20 del apartado 123 provocó una reforma a la Ley del Trabajo donde se establece este nuevo sistema, en donde las juntas antes mencionadas dejan de recibir nuevos asuntos y ahora deberán de concluir las que tienen, y el poder judicial se encargara de administrar la Justicia Laboral.

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Incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional y que el examen de conocimientos este avalado por las Barras  

 El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval De Zarco A.C., trabajan de manera coordinada para reformar la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado.

Buscan que quien no puede pagar un abogado privado igualmente tenga un servicio de calidad.

Hassan Franco Ruiz, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana señaló que los defensores públicos son aquellos que representan los intereses de los ciudadanos que carecen de los medios necesarios para contratar a un abogado particular, de ahí la importancia que cuenten con los conocimientos necesarios para poder brindar las asesorías que se demandan. 

“Esta propuesta que plantea el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. y que se ha venido trabajando de la mano con el Lic. Sergio Moctezuma, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, es que la comunidad jurídica que integran los Colegios de Abogados debidamente certificados en la entidad, deberán intervenir activamente en el proceso de selección y validación de los candidatos a ocupar tan importante cargo” 

“La reforma propuesta incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional con los que deberán de contar los candidatos a defensores públicos al momento del nombramiento, de igual forma se planea que el examen general de conocimientos y de habilidades que presenten los aspirantes, deberá de ser respaldado por los colegios de abogados debidamente constituidos” 

Franco Ruiz indicó que dicha reforma conlleva un beneficio directo a toda la población, ya que tendrá más oportunidades para que se le reconozcan sus derechos y reciba una justica, esto en virtud que lo que buscan los colegios de abogados que plantean esta reforma, es que el abogado que los representa se encuentre plenamente capacitado a fin de no poner en riesgo los derechos del ciudadano y no se comprometan derechos invaluables como lo son el patrimonio, la libertad, la familia.

“Y es que estamos hablando de cuidar los derechos del ciudadano que no cuenta con los recursos económicos para poder pagar un abogado particular que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta como derecho humano que todo ciudadano tendrá derecho a un defensor público y que mejor que este esté bien capacitado”.