Aunque es poco tiempo de la presencia de los primeros militares de la Guardia Nacional en el Estado, y particularmente en Tijuana, la Alcaldesa Karla Patricia Ruiz Macfarland indicó que ya se empieza a reflejar mayor seguridad, que es lo único que pide la gente, sin importar qué dependencia participe.

Sostuvo que aunque es poco tiempo de su arribo, es muy positivo y era necesaria la presencia de la Guardia Nacional. Un importante número de elementos llegaron en recientes días, y dijo estar en espera del arribo de más militares.

Reconoció que Tijuana sólo cuenta con un aproximado de 2 mil policías, y para poder contar con más elementos, es un proceso tardado pues además de su capacitación, tienen que pasar por exámenes de control y confianza, por lo que es más rápido poder brindar seguridad con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército.

‘’Porque a la ciudadanía no le importa qué elementos están o de qué dependencia son, lo que quieren es sentirse seguros, es una petición tanto en la ciudad como en otros municipios, por lo que sólo me queda agradecer al gobierno federal por enviar refuerzos a Tijuana’’, concluyó la primer edil. 

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Jorge Macías Jiménez, Presidente del Grupo Especializado de Autos Usados, manifestó su preocupación por las irregularidades y molestias que enfrentan los propietarios de vehículos importados en la ciudad. Macías Jiménez explicó que, en el pasado, las autoridades de seguridad les otorgaban un "salvo conducta" verbal que permitía a los conductores circular durante el fin de semana sin la placa del bazar, lo cual facilitaba la movilidad de los vehículos en ese período.

Sin embargo, actualmente, uno de los problemas recurrentes es que los vehículos que salen de la aduana son detenidos por elementos de la policía municipal, quienes piden placas o permisos de circulación, a pesar de que los propietarios aún están en proceso de pagar impuestos y realizar los trámites correspondientes.

Macías Jiménez afirmó que las autoridades ahora no quieren reconocer las placas demostradoras de los vehículos, y cuando un vehículo no está dado de alta con placas, intentan remolcarlo. Esto se interpreta, según el presidente del grupo, como un intento de regularizar la comercialización, no de controlar vehículos de uso personal.

Por su parte, Olivaldo Paz, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), lamentó la situación en la que los vehículos importados sin placas son detenidos por la policía municipal y se les solicita una "mordida" de entre 20 a 50 dólares para permitirles continuar su trayecto. 

Paz expresó que esta situación ha generado un hartazgo entre los importadores y propietarios, y señaló que ya ha comunicado estas irregularidades tanto al secretario de seguridad como al director de la policía municipal en dos ocasiones.

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, alertó sobre una posible escalada en la inseguridad en Tijuana, advirtiendo que la ciudad podría regresar a los niveles delictivos registrados en 2007 si no se toman medidas urgentes.

Ramos Hernández destacó que, aunque los índices delictivos en Baja California muestran una tendencia a la baja, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía no refleja esa realidad. Por ello, eexigió a los tres órdenes de gobierno que den resultados concretos en materia de seguridad y que realicen una depuración n los cuerpos policiales para fortalecer su eficiencia y confianza social.

El legislador también se refirió a los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional. 

Ramos Hernández expresó que no se trataría de un acto delictivo común, sino de una posible intervención por parte de cuerpos de seguridad o efectivos de la Guardia Nacional, y que, por la vestimenta y uniformes de otros participantes, no se descarta la presencia de elementos de otras corporaciones.

Finalmente, el diputado advirtió que estos hechos representan un regreso a los comandos armados que operaron en Tijuana en la época del 2007 al 2010, cuando la ciudad enfrentó niveles elevados de violencia y presencia de grupos armados.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM) informó que dos elementos de la policía municipal, asignados al sector La Mesa, han sido separados de sus funciones tras ser señalados por presunta corrupción. 

Por instrucciones del Secretario, José Alejandro Avilés Amezcua, el director de Policía y Tránsito ordenó la separación inmediata de los dos policías implicados, quienes presuntamente recibieron dinero de un ciudadano a cambio de favores. Esta acción se tomó tras recibir información a través de redes sociales, en la que se señalaba a los elementos de la patrulla P-2878.

La SSPCM precisó que, en coordinación con la Sindicatura Procuradora, se dará seguimiento a este caso para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha especificado el lugar ni el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos, y será esa instancia la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las sanciones que procedan.

La autoridad policial hizo un llamado a la ciudadanía afectada para que acuda a las instancias correspondientes y denuncie cualquier irregularidad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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