En el marco de la celebración de los 30 años de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, el Presidente de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo expuso que es preocupante las detenciones arbitrarias en México. 

Detalló que durante el 2020 se contabilizaron 191 expedientes de queja quiere decir alrededor del 10 por ciento de quejas que apertura la Comisión de Derechos Humanos tienen que ver con detención arbitraria. 

"El objetivo es que al final de la celebración y actividades podamos tener un documento que recoja todas estas experiencias y que le permita a la institución seguir mejorando fortaleciendo sus capacidades en sus actuaciones y cada vez aterrizar con mayor sentido los temas que investigamos precisamente en cada uno de los expedientes" expresó Mora 

Destacó que es importante asegurar los derechos de seguridad social de los policías porque la intención es no criminalizar a los policías en un contexto tan complejo como el que se vive en Baja California, sobretodo de violencia como se vive en Tijuana.

Mora Marrufo indicó que se requiere fortalecer capacidades no solamente tácticas o físicas si no habilidades de la vida para manejar momentos de estrés. 

"Una detención o cuando se enfrentan a una persona que está cometiendo un delito y la vulnerabilidad como en cada una de las violaciones a derechos humanos afecta a ciertas poblaciones como en este caso a personas jóvenes o mujeres" apuntó.

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Andrés Martínez Bremer, presidente de Proturismo de Ensenada, informó que la Ruta de Turismo Sensorial fue presentada recientemente ante la Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con participación de representantes de los 32 estados. Señaló que este encuentro marcó un punto de partida para posicionar el proyecto como un modelo replicable de accesibilidad turística en el país.

Martínez Bremer explicó que la exposición ante los ombudspersons permitió detallar cómo las barreras físicas, operativas y de atención continúan limitando la experiencia de millones de personas al viajar. Indicó que la iniciativa surge de observar directamente estas dificultades y de reconocer la necesidad de transformar los destinos turísticos para que sean accesibles para toda la población.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa Orduño, declaró: "El modelo presentado nos muestra un camino real hacia la inclusión en el turismo, porque en este sector ya es momento de que se realicen acciones en favor del respeto a los derechos humanos de todas las personas, la ruta cuenta con el apoyo de esta defensoría y de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), y se acordó que en el primer trimestre de 2026 hagamos una mesa de trabajo en Campeche para explorar formas de apoyo conjunto que establezcan eco a nivel nacional, promoviendo un turismo inclusivo.”

El presidente de Proturismo refirió que más de 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En California, la cifra supera los 4 millones y en Baja California rebasa las 300 mil personas. Destacó que este sector representa una derrama económica significativa, con gastos promedio de 1,500 a 2,000 dólares por viaje y estancias más prolongadas en los destinos.

Martínez Bremer señaló que la Ruta de Turismo Sensorial integra a hoteles, restaurantes, viñedos, parques y espacios culturales que adaptan sus servicios para ofrecer experiencias accesibles a todos los sentidos. Añadió que el modelo se fundamenta en capacitación, atención adecuada y servicios preparados para personas con discapacidad visual, motriz, intelectual, síndrome de Down y autismo.

Indicó que en Ensenada ya existen empresas que operan actividades sensoriales con rutas seguras y servicios especializados. Afirmó que más de 25 empresas adicionales están en proceso de integración y que cada mes se suman nuevos establecimientos interesados en fortalecer sus condiciones de accesibilidad.

El proyecto se organiza en cinco componentes: experiencias multisensoriales, infraestructura accesible con señalización táctil, capacitación técnica, servicios diferenciados por discapacidad y un enfoque económico que impulsa a la cadena de valor turística local.

Martínez Bremer recordó que la Ruta ha sido presentada también en espacios nacionales e internacionales. Participó en un concurso dentro del Congreso Mundial de Skal Internacional y se expuso en Los Cabos, Guadalajara y Ciudad de México, generando interés en su posible implementación en otros destinos.

Agregó que, de acuerdo con experiencias europeas, el turismo accesible representa cerca del 3% del PIB. Indicó que en México podría alcanzar ingresos superiores a 59 mil millones de dólares anuales si se desarrolla de manera integral en los principales destinos turísticos.

El titular de Proturismo afirmó que la Ruta de Turismo Sensorial plantea un cambio de enfoque al considerar que el turismo no solo consiste en llegar a un destino, sino en poder transitarlo, permanecer y acceder a sus servicios sin barreras.

Finalmente, Martínez Bremer sostuvo que el avance del proyecto dependerá de la participación conjunta de empresas, autoridades y ciudadanía. Reiteró que Ensenada ya inició este proceso y que la iniciativa está diseñada para expandirse y adaptarse a cualquier región del país.

Con el propósito de generar espacios de diálogo y reflexión crítica sobre los principales desafíos en materia de derechos humanos en México, y de contribuir a la construcción de alternativas junto con diversos sectores de la sociedad, la IBERO Tijuana celebró la inauguración del 16º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita 2025, bajo el tema: "Luces y sombras de los derechos humanos de las personas migrantes frente al nuevo gobierno", durante el 6 y 7 de octubre.

La ceremonia estuvo presidida por la asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Mtra. Lorena Giacomán Arratia; el rector de la IBERO Ciudad de México, Tijuana y el TUVCH, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.; el rector del ITESO, Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S.J.; el rector de la IBERO León, Mtro. Luis Alfonso González Valencia, S.J.; el rector de la IBERO Puebla, Dr. Alejandro Guevara Sanjinés; el rector de la IBERO Torreón, Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño; la directora general del TUVCH, Dra. María Adriana Jiménez Romero; y el director general de la IBERO Tijuana, Mtro. Florentino Badial Hernández.

´´Como universidades de la Compañía de Jesús, este foro es una de nuestras plataformas de discernimiento colectivo, donde venimos a dialogar sobre derechos humanos y a dejarnos interpelar por la realidad, preguntándonos como comunidad universitaria cuál es nuestra responsabilidad y qué pasos estamos llamadas y llamados a dar para transformar esa realidad´´, expresó la Mtra. Giacomán Arratia durante su participación.

Subrayó que el fenómeno migratorio es una de las realidades más urgentes: ´´México es hoy un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes; un punto neurálgico donde se ponen a prueba las políticas públicas, el compromiso social y la capacidad de construir respuestas que pongan en el centro la dignidad humana´´. Asimismo, señaló que la Compañía de Jesús ha asumido como parte esencial de su misión acompañar a las personas migrantes a través del Servicio Jesuita a Refugiados México, albergues, centros de derechos humanos, redes de incidencia y universidades jesuitas, por medio de instancias como la Comisión Sistémica con Migrantes.

Por su parte, el Dr. Arriaga Valenzuela, reconoció a las personas que laboran en la defensa de los derechos humanos, refiriendo que las violaciones a la dignidad no se concentran en un solo país ni bajo una sola forma de gobierno: ´´Atraviesan continentes, regímenes políticos y realidades sociales. En ese sentido, este Foro es un lugar excepcional para el diálogo global, en el que convergen experiencias distintas pero animadas por una misma búsqueda: que toda persona viva libre de violencia, con respeto pleno a su dignidad´´.

Destacó el compromiso de la comunidad académica, del estudiantado y de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos para fortalecerse entre sí: ´´El trabajo de las personas defensoras de derechos humanos es un ejercicio de valentía que las expone a riesgos graves, ya que desafían estructuras de poder, intereses económicos y políticas de exclusión´´.

En este contexto, señaló la importancia del trabajo colaborativo ante las amenazas contra los derechos humanos en el mundo, tales como las prácticas autoritarias, los discursos de odio, la criminalización de la protesta, el desplazamiento forzado y las agresiones directas contra quienes alzan la voz, e hizo un llamado a mantener la esperanza y resiliencia consciente.

Reiteró que la tradición jesuita tiene una larga historia de preocupación por la justicia social y la dignidad humana: ´´Desde Ignacio de Loyola hasta el presente, la Compañía de Jesús ha insistido en que la fe se vuelve plena cuando se traduce en obras que transforman la realidad´´, expresó; agradeciendo que el foro se lleve a cabo en la IBERO Tijuana, como ciudad fronteriza: ´´En Tijuana, la movilidad humana ofrece experiencias de dignidad y realidades que evidencian la urgencia de reivindicar los derechos humanos. Que este espacio nos ayude a renovar nuestra convicción de que otra sociedad es posible. Una que coloque en el centro la dignidad de cada ser humano´´.

Asimismo, el Mtro. Badial Hernández agradeció la participación de todas las personas presentes y en modalidad virtual durante el foro: ´´Nos alegra especialmente que este encuentro se realice aquí, en Tijuana, en esta frontera donde se tocan los mundos, donde la realidad se vuelve más nítida y la esperanza más necesaria. La IBERO Tijuana se entiende a sí misma como Universidad Jesuita de Frontera, no solo por su ubicación, sino por su vocación´´.

Subrayó que esta frontera se encuentra marcada por el tránsito de personas migrantes, por historias de desplazamiento, exclusión y búsqueda de vida digna: ´´Queremos reafirmar nuestra identidad como universidad comprometida con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a quienes más lo necesitan´´, aseguró.

Luego de los mensajes de las autoridades educativas, se desarrolló el programa del primer día de actividades del foro con la mesa de diálogo: ´´Retos de la política migratoria en los DDHH frente a los cambios de gobierno de USA y México´´, por Andrea Pochak, relatora de personas migrantes de la CIDH; Stephanie Brewer, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); y Marissa Montes, Loyola University, Inmigrant Justice Clinic. Así como la mesa de trabajo: ´´Migración y desaparición forzada´´, por Ana Enamorado, Red Regional de Familiares Migrantes Desaparecidos; Ely Ortiz y Marisela López, Águilas del desierto; Marisol Méndez, Fundación para la justicia; y Artemisa López, Colegio de la Frontera Norte.

También se realizó la presentación del informe: ´´La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes´´, por Margarita Núñez y Samantha Mino, Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) y Programa de Seguridad de IBERO CDMX; seguida por la mesa de ´´Género y migración´´ con Gretchen Kuhner, Instituto para las mujeres en la migración; Gloria Careaga, Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual; Amarela Varela, Universidad Autónoma de CDMX; y Maricruz Garrido, Instituto Madre Asunta.

Asimismo, se inauguró la exposición de pendones: ´´Caminar el cuerpo desaparecido´´ por la artista Fabiola Rayas Chávez, obra que nace de la imagen de una silla vacía y unos zapatos, como una forma de hablar desde el arte de las graves violaciones a los derechos humanos. El proyecto se construyó junto a familias en búsqueda, quienes compartieron recuerdos, caminos y luchas, convirtiendo el acto de caminar en un gesto político y de resistencia: ´´La exposición se muestra como una invitación a ponernos los zapatos de las personas desaparecidas y de quienes las buscan, como una acción colectiva contra el olvida y la desaparición´´, expresó su autora.

Cerrando esta primera jornada del foro con la obra de teatro ´´Going Bananas, viaje a dos ruedas de una migrante empastillada´´, por el Grupo de teatro Costureras de sueños, con la creatividad de Inti Barrios Hernández y Margarita Hernández Navarro.

Cabe señalar que, las actividades del foro continuarán martes 7 de octubre, con el desarrollo del programa alusivo, en busca de fortalecer la vinculación institucional para la reflexión colectiva y propuestas que fortalezcan los lazos entre universidades, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos y justicia social para todas y todos.

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El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria detectó 90 mil presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una "práctica generalizada".

Esta agrupación entregó ahora su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno.

El uso de fuerzas militares para realizar actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es frecuente, y agrega que actualmente se reportan más de 100 mil soldados realizando tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio, señala el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria algunas deficiencias que existen en México.

“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, dice en su informe sobre su visita a México.

Indica que la creación de la Guardia Nacional, en 2019, es un síntoma del uso extensivo de elementos militares en funciones policiales. Y precisa que de sus 128 mil miembros, alrededor del 48% proviene del Ejército y la Marina.

“El Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar. Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse”, menciona.

Indica que en 2022, más de 126 mil niñas y niños fueron detenidos en el contexto de la migración y fueron canalizados a centros administrados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Destaca que de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Migración, no se permite que los menores permanezcan en detención migratoria. Sin embargo, en la práctica, externa que el Grupo de Trabajo encontró que niñas y niños migrantes suelen estar detenidos, ya sea en refugios exclusivamente para menores no acompañados administrados por el Sistema o en instalaciones compartidas con estaciones migratorias bajo la autoridad del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

En su reciente informe, destaca que en su visita al país observó que la detención arbitraria afecta de manera particular a los miembros de los pueblos indígenas, y expresó que le preocupa la detención de facto de niños y niñas migrantes.

El documento precisa que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad.

En México no se registran todas las detenciones

Menciona que el Registro Nacional de Detenciones no registra todas las detenciones. No se incluyen las detenciones administrativas de migrantes y personas con discapacidad psicosocial, lo que crea una brecha de información que reduce la capacidad de las autoridades para prevenir y remediar la detención arbitraria de migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad.

“Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el personal militar, incluido el incorporado a la Guardia Nacional, debe registrar las detenciones en el Registro, persisten varias excepciones a este requisito. El Grupo de Trabajo enfatiza que todos los funcionarios civiles y militares que llevan a cabo detenciones de cualquier naturaleza deben estar obligados a inscribir esas detenciones en el Registro Nacional de Detenciones y deben ser conscientes de esta responsabilidad”, señala.

Precisa que en 2022, el Grupo de Trabajo de las aproximadamente 90 mil personas que estaban sin sentencia, de las cuales el 50% habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada, incluso algunas seguían en prisión preventiva oficiosa por más de cinco años.

“Es preocupante que la detención preventiva excesivamente prolongada es común entre todas las personas detenidas (se observa que el total de la población en prisión era alrededor de 230 mil en México en julio de 2023) y no solo entre aquellas en detención preventiva oficiosa”, resalta.

Agrega que la detención preventiva oficiosa ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.

“La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano y fue declarada una violación de las obligaciones de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última, le ordenó a México ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales”, dice.

El documento exhorta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que ésta sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito.

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El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos no vulnera el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene el mandatario mexicano, quien denunció una violación "flagrante" a las leyes internacional, respondió estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional", expresó en una rueda de prensa el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado por los comentarios de López Obrador.

Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".

El informe de 2023, publicado el lunes, recoge que López Obrador y otros miembros de su gobierno han "criticado en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la Administración" y varios seguidores del mandatario protestaron en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

López Obrador dijo el martes que el informe es "una gran mentira del Departamento de Estado" y reprochó que Estados Unidos actúe como si fuera "el juez en el mundo y califique quién se porta bien o quién se porta mal".

Este miércoles arremetió de nuevo contra el reporte y acusó a Washington de estar "violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos".

El informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

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Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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