El contador público y licenciado en derecho Francisco Rebelín Ibarra, fue nombrado encargado de despacho de la secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, esto luego de una sesión del órgano de gobierno donde decidieron que el tecatense cubriera esta eventualidad, Rebelín Ibarra manifestó que su encargo tiene una temporalidad hasta que sea nombrado un presidente al frente de este sistema.

El Sistema Estatal Anticorrupción ha estado envuelto en una gran polémica prácticamente desde que inició la administración estatal de Jaime Bonilla, surgió un grupo de consejeros que se manifestaron en contra de los nuevos nombramientos, lo que ha llevado a este sistema a no sesionar desde hace ya tiempo, para Rebelín Ibarra estos incidentes están generados por desinformación.

El encargado de despacho de la secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción refirió que se debe procurar que el SEA se mantenga apegado a los lineamientos de trabajo, es decir que el ciudadano tenga la certeza dijo, que cuenta con un instrumento para detectar y prevenir posibles actos de corrupción.

Actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción mantiene en suspensión a 6 consejeros, por lo que esto frena el que se pueda sesionar para designar a un nuevo titular, sin embargo el nombramiento de Rebelín Ibarra viene a destrabar parte de los trabajos de este organismo que han estado detenidos.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 14 de agosto en Palacio Nacional, Gómez Álvarez presentó un reporte de los donativos que la organización, creada por el empresario Claudio X. González, ha recibido desde 2015 de personas morales, personas físicas y organizaciones extranjeras.

Ante López Obrador, el titular de la UIF informó que desde el año de su creación, en 2015, MCCI no había recibido recursos del gobierno estadounidense, sino que fue después de la elección presidencial de 2018, cuando ganó el presidente López Obrador, Morena y aliados.

Señaló que la entidad encargada de dar los recursos es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Gómez Álvarez informó además que la organización ha recibido recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de la Fundación Ford, la Fundación John y Catherine Macarthur, la Fundación Comunidad,la Fundación Rockefeller e Intelligent Mexican, Marketing, entre otras.

Además de que de 2016 a 2023, MCCI recibió millones pesos en donaciones de personas morales como la Fundación Maelva A.C, donde participa el empresario Valentín Diez Morodo, así como la fundación Kaluz; Fundación Alsea; American Express; Grupo México, de German Larrea; Tiendas Chedraui, Fundación Soriana y Grupo Gigante, entre otros.

Además, en 2021, la Tesorería de la Federación le devolvió a MCCI por impuestos 5 millones 523 mil pesos.

Este martes, el presidente López Obrador dijo que alista una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento a la oposición en México y la intervención en la elección del 2 de junio.

Alista carta para Biden y nota diplomática

López Obrador también anunció que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre este tema, además que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará una nota diplomática.

“El no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto.

“Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es un fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legales y legítimamente se constituyó en nuestro país”, dijo.

Dijo además que analiza hacer cambios a la reforma fiscal de 2014 que posibilita que asociaciones civiles sin fines de lucro perciban ingresos por medio de donaciones deducibles en el pago en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Apuntó que pedirá a la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, a ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se presente un informe.

“Como lo plantea Pablo (Gómez), estamos en tiempo de hacer modificaciones, hacer iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos”, mencionó.

“Porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y no pueden usarse en beneficio de los mexicanos. Cuando se devuelven esos recursos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar, son las medidas que se van a tomar y pronto vamos a informar”, dijo.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

La conferencia semanal denominada "Impunidad Cero" que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suspendida el viernes 12 de agosto tras la ola de incendios provocados por grupos delictivos en la región.

Luego de dos meses de haber suspendido la conferencia ante medios de comunicación donde presentaban resultados o proyectos en materia de seguridad, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, señaló que optaron por darle prioridad a la investigación. 

"Nosotros preocupados de manera personal en dirigir y comandar todas las acciones necesarias hasta localizar información con las otras secretarías de seguridad publica ciudadana, guardia nacional, ejército y marina, nos dimos la tarea de darle prioridad a la protección y defensa de la seguridad y derechos de los ciudadanos", detalló Carpio Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambió de opinión de regresar a los militares a sus cuarteles -como lo había expresado en campaña presidencial- al ver el estado de indefensión que estaban los mexicanos y porque había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva .

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no había ninguna una institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

“¿Qué encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?”, se le preguntó.

“Ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente, el pueblo mexicano estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”, dijo.

“¿A qué cárteles se protegía?", se le preguntó.

“Por ejemplo me tocó en campaña ver a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ah”, por lo que pidió que se proyectara un video del operativo en el que participó la Marina para abatir al Juan Francisco Patrón, alias “H2” y en donde murieron 15 personas.

“¿Tuvo algún momento de quiebre, que momento le marco para decir tiene que seguir el Ejercito en labores de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No, no no, dije tiene que seguir el Ejercito, (sino) nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”

“Imagínense para todo el país 20 mil y echado a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles ahh y al mismo tiempo 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con, profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa Nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedió siempre en la historia somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriendo , lo que se necesita es la seguridad de nuestro pueblo”, contestó.

“¿No había una institucional civil que pudiera?”

“No, al contrario”, respondió.

Para la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Daylin García Ruvalcaba, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no funcionará de la forma en que quedó conformado después de los cambios aprobados en el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales ésta tarde en el Congreso del estado. 

“Lamentablemente en ésta sesión del pleno mis compañeras y compañeros votaron a favor de crear un Sistema Estatal Anticorrupción que nace muert. Considero ampliamente que no va funcionar” expresó la legisladora mexicalense.

La iniciativa que se aprobó en la sesión ordinaria de este 25 de agosto contempla la conformación del Comité Seleccionador del SEA con catorce personas; trece de ellas serían representantes de instituciones de gobierno y una sola posición será para un representante ciudadano. 

La conformación que defendía la legisladora de MC era una a partes iguales, siete funcionarios y siete personas de la sociedad civil. El presidente del Comité Seleccionador, por donde pasarían los nombramientos del Fiscal y el Magistrado anticorrupción, sería siempre ciudadano. 

Los cambios a la Ley Estatal Anticorrupción que conforman el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fueron determinados como una reforma constitucional. Por ley, tendrá que ser aprobados por la mayoría de los Cabildos en la entidad, incluyendo los consejos fundacionales de San Felipe y San Quintín. Para ser validados los cambios, el dictamen tendrá que ser aprobado por cuatro de los siete municipios.