Los homicidios, secuestros, robos de vehículos y otros delitos, son el resultado de la pugna que sostienen cuando menos 4 cárteles que pelean la plaza, reconoció el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en la ciudad, Genaro de la Torre Quintanar.

Luego de lamentar los últimos hechos donde además de los homicidios que se siguen perpetrando en Tijuana, el ataque armado en Plaza Corona de Playas de Tijuana, donde entre las víctimas resulta sin vida Zoe, de tan sólo 11 años, así como el asesinato de un hombre que iba acompañado de su hijo menor, suscitado en el Mercado Hidalgo, una zona aparentemente blindada, son actos que salen del patrón con el propósito de generar terror en la población.

Sostuvo que es el reflejo de la pelea por apoderarse de esta ciudad y donde no descartó la vinculación con mandos policíacos, situación que es difícil de determinar qué tan alta es la relación, pero aseguró sí existe.

Genaro de la Torre indicó que con el arribo de la Guardia Nacional, se tienen buenas expectativas, pues desde su participación en la Sánchez Taboada se eliminó a un grupo delictivo, y en ese momento quiso entrar otro pero se eliminó también, ‘’se platicó con el General de la GN, que previno que los delincuentes se apoderaran de la plaza para trasiego, venta de drogas y homicidios, ahí hubo un buen resultado’’.

El Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, señaló que aunque es importante fortalecer los ejes de la prevención, no por enfocarse en ese hilar se debe descuidar otras acciones, sosteniendo que siempre hay que ir en persecución de los delincuentes dijo, ‘’tenemos que insistir en que se actúe, y presentar denuncias por parte de la ciudadanía, para no ser cómplices de los delincuentes, porque el que no denuncia permite que siga cometiendo delitos, y eso es complicidad’’, concluyó.  

El incremento de casos de invasión y despojo de propiedades privadas en Tijuana y otras regiones del país ha encendido las alertas dentro del sector inmobiliario, ya que representa un riesgo patrimonial y legal para propietarios e inversionistas.

Así lo advirtió la Lic. Lersa Mercadillo, asesora inmobiliaria y ex presidenta de AMPI Tijuana, quien señaló que esta problemática no sólo afecta a inmuebles desocupados, sino también a propiedades en arrendamiento donde los inquilinos dejan de pagar y se niegan a desocupar.

“Se trata de una problemática real que impacta directamente a los propietarios, quienes pueden llegar a perder temporalmente la posesión de sus inmuebles, generando pérdidas económicas y desgaste emocional”, expresó.

La especialista explicó que los procesos legales para recuperar una propiedad pueden extenderse por más de un año, e incluso por varios años, al considerar tanto el juicio principal como la etapa de ejecución para lograr el desalojo.

En ese sentido, subrayó la necesidad de impulsar mecanismos legales más ágiles y juicios expeditos que permitan resolver este tipo de conflictos con mayor rapidez, a fin de brindar mayor protección a los dueños de inmuebles.

“Hoy más que nunca, la prevención legal sigue siendo la mejor herramienta, ya que no basta con revisar un contrato actual, sino que es indispensable analizar el origen de la propiedad, sus antecedentes registrales y toda su trazabilidad jurídica”, indicó.

Lersa Mercadillo enfatizó que, pese a este contexto, Tijuana continúa siendo una plaza atractiva para la inversión inmobiliaria, debido a su dinamismo económico y crecimiento urbano, por lo que la clave está en realizar operaciones con mayor cuidado y asesoría profesional.

Finalmente, la asesora destacó que invertir en bienes raíces en la ciudad sigue siendo una decisión inteligente, siempre y cuando se haga con certeza jurídica, revisión legal profunda y acompañamiento especializado que permita proteger el patrimonio de los compradores y propietarios.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) decomisaron pastillas de fentanilo azul por valor de más de 11 millones de dólares ocultas en un automóvil en el puerto de entrada de San Ysidro.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado aproximadamente a las 8:20 p.m., cuando una unidad K9 de CBP realizaba inspecciones preliminares y encontró a un hombre de 37 años que conducía un sedán 2008 que solicitaba su ingreso a los Estados Unidos desde México en el Puerto de Entrada de San Ysidro. 

Durante la inspección inicial, la unidad K9 de CBP alertó a los agentes de la zona de la guantera, indicando la presencia de narcóticos. Un agente de CBP remitió al conductor y al vehículo para una inspección más detallada. 

En la zona de inspección secundaria, los agentes de CBP extrajeron un total de 100 paquetes que contenían pastillas azules ocultas en el tablero del vehículo y en los asientos delanteros de los pasajeros. El contenido de los paquetes fue analizado e identificado como fentanilo. Se estima que finalmente se descubrieron 561 mil pastillas con un peso total de 123.6 libras y un valor aproximado De 11,220,000 dólares. 

El sospechoso fue entregado a la custodia del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior procesamiento. Los agentes de CBP confiscaron los narcóticos y el vehículo.