El adeudo del gobierno de Baja California con la CFE podría llegar a los 220 millones de pesos, reconoció Salomón Faz Apodaca, secretario de Agua y Saneamiento del estado, al comparecer ante los diputados de la XXIV Legislatura, reconoció que no se ha cubierto el adeudo con la CFE por el suministro de energía en el acueducto Río Colorado - Tijuana.

Dijo que por las gestiones del mandatario estatal se llegó a un acuerdo con CFE para reanudar el suministro de energía eléctrica a cambio de un pago de 20 millones de pesos.

Sostuvo que la empresa E3 ahora prestará el servicio a un costo de 1.54 pesos por metro cúbico; mientras que el resto de empresas cobraban entre 1.68 y 1.99 pesos por metro cúbico.

Salomón Faz Apodaca, subrayó que hicieron un pago de 20 millones de pesos y existe el compromiso de pagar 10 millones de pesos por semana hasta cubrir el adeudo.

Dijo que la CRE determinará si existió o no el sobrecosto en el suministro, además, admitió que en el peor escenario se terminarían pagando 220 millones de pesos en total.

El titular de la Seproa, refirió que el asunto del sobrecosto con la CFE, se detectó en marzo del 2020 y en el 2021 los cobros indebidos se hicieron a principios del año.

Los legisladores criticaron que por esta mala administración de recursos en la autoridad estatal se puso en riesgo el abasto de agua en la zona costa, donde vive más del 50 por ciento de la población de Baja California.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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El senador Jaime Bonilla Valdez mencionó que nuevamente la libertad de expresión y el derecho a manifestarse ha sido reprimido por las autoridades de gobierno de Baja California, tal y como ocurrio en días pasados tras el bloqueo de taxistas de la ruta rojo y negro en la ciudad de Tijuana.

¨Es la falta de empatía por parte de este gobierno, los taxistas fueron violentamente reprimidos por las autoridades estatales y municipales sin dar espacio al diálogo¨, dijo Bonilla

El ex gobernador indicó que la reacción del gobierno es como actuaba el gobierno panista y utilizaban la fuerza para callar opiniones o las exigencias de la ciudadanía.

El ex mandatario recordó que en el año 2017, los ciudadanos se unieron en defensa del agua y en contra del saqueo de empresas en la capital del estado, Mexicali, por lo que fueron retirados de un espacio público a la fuerza por las autoridades. Además en el año 2015 cuando 7 mil jornaleros se manifestaron en San Quintín para exigir un digno salario que pudiera solventar las necesidades de sus familias y elementos de seguridad los violentaron para retirarlos a la fuerza.

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También mencionó que el diputado Sergio Moctezuma y colonos de Tijuana fueron desalojados a la fuerza de las instalaciones de Palacio Municipal tras exigir necesidades a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

El ex gobernador lamentó que dichas acciones violentas tambien han afectado a periodistas, reporteros, comunicadores y fotógrafos que han resultado heridos por llevar a cabo su labor de informar.

¨Dicen que donde no existe el derecho a manifestarse no existe la democracia y Baja California se ha vuelto a convertir en un estado de quienes sustentan el poder de pasar por encima de los derechos de millones de ciudadanos¨, apuntó

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Nuevamente el Comisionado Político Nacional del PT en Baja California y senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, arremetió contra la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez ante el líder nacional petista, a quien le manifestó la crisis por las que pasa la población bajacaliforniana.

El ex gobernador hizo referencia a la crisis eléctrica, de agua, de seguridad, de salud que enfrenta el estado pues asegura que las gobernantes prefieren dedicarse a hacer “tik toks” y “en vivos” o irse a las fiestas en palenques o esconderse en el cuartel militar, aunque traen gran número de agentes de seguridad para que las cuiden.

"Esas gobernantes, burócratas, no las queremos en Baja California, que se vayan a otra parte; estamos totalmente entregados al Partido del Trabajo porque es el único partido que representa al pueblo. En el 2000 apoyó al (hoy presidente) Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que en el 2006 levantó la mano para su postulación y, en el 2012, y en el 2018 igual cuando el PT me pidió que lo abanderara para la diputación, me sentí honrado, porque es mi alma mater como partido; ahora que Morena en Baja California se contaminó con los panistas, yo marque mi línea, porque –le dije al presidente- no me representa”.

Refirió que en los dos años que estuvo como gobernador de Baja California no descansó un solo día, además de que enfrentó la pandemia por Covid 19 y diariamente realizó las transmisiones en vivo para informar personalmente a la población lo que estaba haciendo.

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El senador Jaime Bonilla Valdez, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT), calificó como desgracia para Baja California, tener “una gobernadora incompetente” y “la alcaldesa de Tijuana, que tiene miedo y se va al cuartel a refugiarse”.

Pero también, sin que sea una cuestión de género, “están en competencia por los reflectores, los ´En Vivo´ y ´Tik Toks´, yendo a levantar la mano de ´corcholatas´ presidenciales, en lugar de ponerse a trabajar para resolver las necesidades de obras y servicios de la población”.

Lamentó que sea un gobierno fallido, un gobierno totalmente desorganizado, frente a un crimen organizado que –gobernadora y alcaldesa- no han sabido, ni podido, contener y evitar que siga en la impunidad evidente, porque les falta coordinación y valor".

Recordó que así lo planteó por vía telefónica al secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes desde Yucatán lo llamaron la mañana del domingo 4 de junio, para preguntarle si quería escoltas porque les habían informado que recibió amenazas en su contra.

“Les dije que no, que eso no es cierto… volteo para un lado y para otro, no veo a nadie que me esté amenazando…”, dijo el  funcionario del Partido del Trabajo en Baja California, al tiempo de precisar que “si quieren mandar más elementos de la Guardia Nacional, que vengan a cuidar al pueblo, no a las mandatarias… que dicen que recibieron amenazas… como la alcaldesa que hasta aceptó mudarse al cuartel militar”.

Añadió que si la alcaldesa  Monserrat Caballero, en verdad tiene miedo de que algo le pase, mejor pida licencia o renuncie; que reconozca que es demasiada grande la responsabilidad.