De nueva cuenta, el Congreso de Baja California se apresta a entrarle a la polémica y las manifestaciones sociales, al avanzar una propuesta en comisiones para despenalizar el aborto. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIV Legislatura, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, aprobó con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución local; Código Penal; Ley de Victimas y Ley de Salud Pública del estado de Baja California, relativo a  despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

En el uso de la voz,  el titular de la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, detalló que la iniciativa de reforma  presentada el 20 de septiembre por las y  los Diputados Liliana Michel Sánchez Allende, María del Rocío Adame Muñoz, Alejandra María Ang Hernández, Dunnia Monserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y Juan Manuel Molina García, busca establecer una posibilidad legal adicional de despenalización de la interrupción legal del embarazo que salvaguarde la salud de la mujer que toma esta decisión.

Además, de establecer nuevos elementos para la configuración del tipo penal de aborto, así como modificar la penalidad del mismo ilícito.

En ese sentido, explicó que la iniciativa tiene por objetivo brindar a las víctimas de delitos sexuales, servicios médicos, con absoluto respeto a sus derechos humanos e instaurar las bases jurídicas generales para la implementación de políticas públicas en materia de interrupción del embarazo, dentro del Sistema Estatal de Salud.

Mencionó que la propuesta reformar el artículo 7 de la Constitución local, los artículos 133 y 136 del Código Penal,  los artículos 30 y 33 de la Ley de Víctimas, el artículo 26 y adiciona los numerales 50 Nonies, Decies, Undecies, Duodecies a la Ley de Salud Pública, todos del Estado de Baja California.

Asimismo señaló que esta reforma  atiende la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así como a una Alerta de Violencia de Genero contra la Mujer en Baja California, emitida por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En la sesión desarrollada de manera virtual estuvieron presentes los Diputados Juan Manuel Molina García , Presidente; Sergio Moctezuma Martínez López, quien fungió como secretario, Michel Sánchez Allende, Alejandra Ang Hernández, Evelyn Sánchez Sánchez, Julia Andrea González Quiroz y Manuel Guerrero Luna, vocales. Así como la Legisladora  Alejandrina Corral

El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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En el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo en América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un exhorto a que las 21 entidades federativas en México que aún no han despenalizado el aborto cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Además, el Inmujeres reiteró que es importante que en todo el país se fortalezca la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos como elementos fundamentales para empoderar a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y reproductivos.

​“Desde el Inmujeres celebramos los avances significativos alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto y, conscientes de los desafíos que aún hay por resolver, celebramos la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de septiembre, que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto autoprocurado y voluntario”, destacó el Inmujeres.

Asimismo enfatizaron que las mujeres o personas gestantes podrán solicitar la realización de un aborto en cualquier institución de salud federal, sin que ellas o el personal médico que lo practique sean sancionados.

El Inmujeres finalizó su comunicado destacando que es importante avanzar hacia un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con autonomía sobre sus cuerpos y ejerciendo plenamente sus derechos.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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