Ya esta fijada una fecha para la audiencia en el caso de la carpeta del ex Gobernador, Francisco Vega de la Madrid, y será determinación del Juez vincularlo a proceso, expresó Guillermo Ruíz Hernández fiscal general del Estado.

Al responder a la declaración del Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, acerca de que él hizo lo que tenía que hacer y que ahora si el ex mandatario panista va a la cárcel o no, es responsabilidad del fiscal, Ruíz Hernández expresó que nosotros también hicimos nuestra labor.

“La carpeta de investigación ya se judicializó y ya hay una fecha para la audiencia (donde debería presentarse el ex Gobernador, Francisco Vega”, reveló.

¿Pero lo tienen ubicado físicamente?, preguntó el periodista Atahualpa Garibay.

“Si lo tenemos ubicado”, aseguró tajante el abogado.

Cabe recordar que el Gobierno Estatal de MORENA presentó una denuncia en la FGE en contra de Francisco Vega de la Madrid y once ex colaboradores suyos, a quienes acusa de múltiples delitos por un desfalco al erario de mil 500 millones de pesos.

El Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, ofreció desde su campaña y al inicio de su gestión, que “metería al bote” a Kiko Vega por estos abusos.

Tres ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Francisco Vega de la Madrid fueron declarados como No Vinculados a Proceso por un juez de control del Poder Judicial del estado luego de una jornada de más de doce horas, durante las cuales se realizaron las audiencias de Formulación de Imputación y de Vinculación a Proceso. 

Fueron José Luis "N", Isauro "N" y Miguel Ángel "N", funcionarios de nivel subsecretaría de la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas (hoy Secretaria de Hacienda) los acusados del delito de Abuso de Autoridad. El caso expuesto por la Fiscalía General del estado (FGE) se basó en la acusación de desvió de más de 1 mil 586 millones de pesos en adjudicaciones directas a 91 empresas que no se encontraba en el registro de proveedores ni teniendo un expediente que mostrara sus trabajos previos. 

El caso se derivó en el Número Único de Caso NUC 02-2019-42685 y se presentó ante juez bajo la Causa Penal 05760/2020. 

En la audiencia inicial de Formulación de Imputación, que comenzó a las 09:00 horas de este miércoles, el juez de control consideró legal la imputación del delito. 

Sin embargo, ya en la audiencia de Vinculación a Proceso y luego de la exposición de los antecedentes de investigación y la argumentación de las partes, el juez de control no encontró elementos para iniciar un proceso, es por lo que se decretó Auto de No Vinculación a Proceso en la presente causa penal. 

Aún así, la resolución del caso no significa que la investigación quede extinta por parte de la autoridad correspondiente y pueden reintentar la vinculación a proceso.

Durante la gestión de Guillermo Ruíz Hernández al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) se simularon las compras de diferentes armas, cargadores y chalecos antibalas, según una investigación realizada por Esquina 32

Una auditoria realizada a la dependencia señala que existen montos para aclarar ante Hacienda que ascienden los 4 millones de pesos.

Dentro del análisis se solicitó la aclaración de la adquisición de 40 pistolas, 58 cargadores para pistolas, 144 cargadores de fusil y más de 200 mil cartuchos.

La Auditoría Superior de la Federación indicó que no hay facturas que comprueban los gastos, además de que dichos equipos no fueron entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional al gobierno del estado.

La adquisición de 56 chalecos antibalas y decenas de baterías para terminal no fueron comprobadas y han generado una deuda de un millón 554 mil 972 pesos

El fiscal general, Guillermo Ruiz, estuvo al frente de la fiscalía desde el 1 de noviembre del 2019 al 10 de diciembre del 2021.

*Con información obtenida de Esquina 32

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El empresario Carlos Alberto Guerrero Villanueva se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber vendido equipo de espionaje al gobierno de Baja California, durante el mandato de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, con el fin de intervenir dispositivos electrónicos de actores polítcios.

Guerrero tenía una empresa llamada Elite by Carga, a través de ella presentó al equipo de Hacking Team a los funcionarios estatales, dicha empresa era de origen italiano y se dedicaba a vender un sistema que podía intervenir celulares Android, iOS y BlackBerry.

El equipo fue adquirido en 2014, sin embargo para 2015 sufrió un hackeo de sus servidores, por lo cual se publicaron en internet los archivos con correos electrónicos y facturas que demostraban las compras realizadas por gobiernos de todo el mundo.

En los documentos se comprobó que el gobierno de Baja California era uno de los clientes de la empresa, sin embargo "Kiko" Vega al ser cuestionado negó que su gabinete haya adquirido el equipo "Galileo".

Por su parte, la empresa de Guerrero, Elite by Carga notificó que nunca compraron ese servicio y que no se encontraban conectados con Hacking Team.

El pasado 15 de febrero, Carlos Alberto Guerrero Villanueva, decidió aceptar la culpabilidad del delito de espionaje de telecomunicaciones con fines políticos tras haber concretado la compra del equipo para su uso en Baja California.

*Con información obtenida de Punto Norte.

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La administración de Jaime Bonilla generó una deuda al gobierno de Baja California con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) por varios millones de pesos.

Durante la firma de compromiso del Estado con el Plan de Desarrollo con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que participó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se señaló que en el último trimestre del mandato de Bonilla se dejó de realizar los pagos quincenales obligatorios a la universidad.

Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno, mencionó que dicha deuda no es proveniente de la gestión de José Guadalupe Osuna Millán ni de la de Francisco Vega de Lamadrid, ya que esos pagos fueron cubiertos por Bonilla gracias a tres préstamos obtenidos.

A partir del mes de septiembre de 2021 se dejaron de realizar los respectivos pagos a la máxima casa de estadios; Zavala señala que aún se desconoce el monto exacto de dicha deuda.

Semanario Zeta indica que durante 2019 el gobierno estatal estaba obligado a repartir 52 millones de pesos a UABC cada catorce días, por lo cual se cree que la deuda de Bonilla podría ser de 350 millones de pesos.

*Con información obtenida de Semanario Zeta

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