Durante una conferencia de prensa el ex Presidente de la liga de béisbol de Playas de Tijuana, Raúl Cervantes, aseguró que los predios de la manzana 53 si fueron vendidos pero fue INCOBUSA quien no cumplió con las cláusulas. 

Por su parte, el Licenciado Carlos Atilano, Presidente de la COCI, informó que presentarán una denuncia penal en contra del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y quienes ejecutaron la acción de expropiación. 

"La autoridad estatal tiene la facultad de revocar esta acción reconociendo la necesidad de la continuación de los campos de béisbol, el gobierno actual ha manipulado mucha información", expresó el Presidente de la COCI. 

Agregó que además realizarán una marcha pacífica la próxima semana con el objetivo de que los niños y jóvenes de la liga de béisbol así como vecinos se sumen para evitar la expropiación.

"Lo que vamos hacer es sensibilizar a la nueva autoridad a través de una audiencia que ya se esta solicitando a la gobernadora entrante para que vea la necesidad de revertir esta acción del gobierno que esta por irse", manifestó Atilano.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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Por delitos de corrupción en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, fueron interpuestas nueve denuncias penales en contra de distintos ex servidores públicos.

Juan José Pon Méndez, Consejero jurídico de Baja California, explicó que ocho denuncias fueron por delitos de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado. 

Agregó que los ex funcionarios tomaron como referencia el decreto federal con acuerdo por acciones extraordinarias para combatir la enfermedad del Covid-19 en marzo del 2020. 

"Hemos detectado que diversas adquisiciones de manera directa son irregulares porque las personas que lo llevaron a cabo no contaban con facultades para ello y no se llevaron los estudios de compra", detalló Pon. 

Los ex servidores públicos involucrados son Alonso Oscar "N" , ex secretario de salud, Carlos "N", ex Subdirector General de Administración, Miguel Ángel "N", Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Gerardo Abdiel "N", ex encargado de la Dirección de Administración y Mikel Roberto "N", ex director de administración. 

Además se interpuso una denuncia en contra del representante del banco de sangre, debido a que durante el año 2021 y 2022 se hizo entrega de diversas unidades de sangre a distintas clínicas y hospitales privados, sin embargo, las cantidades de sangre no fueron entregadas al patronato del Hospital General, que corresponde a 8 millones de pesos.

Durante la mañanera de hoy, el fiscal estatal Ricardo Carpió adelantó que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, buscará la pena corporal máxima que pudiera ser de hasta 16 años, además de la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier cargo público a los imputados, de la administración Bonillista.

Indicó que los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla que usaron ilícitamente sus atribuciones y cometieron peculado haciendo un acuerdo fraudulento con Banca Afirme y la empresa Next Energy son Luis Salomón "N", Rodolfo "N", Israel "N" y Alberto Julio "N", “que ya están un poco más cerca de la cárcel por un negocio chueco que pretendían sacar adelante en el bienio bonillista”.

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Por los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a seis ex funcionarios de la pasada administración y a un particular.

En la sala 6 del Centro de Justicia Penal, se desarrolló la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022, por suscribir contratos de manera ilícita, comprometiendo al patrimonio del estado de Baja California, la cual concluyó la madrugada de este martes. 

Ante el Juez, el agente de Ministerio Público de la FGE, presentó los datos de prueba suficientes y los alegatos para que el Juez de Control otorgara dos meses para la investigación complementaria.

Después de varios días de desahogo de pruebas se resolvió por parte del poder judicial del estado la “vinculación a proceso” de estas personas.

Los imputados Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”, se les impuso como medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la fracción I, que es la presentación periódica mensual ante el juez.

Mientras que a Karen “N” y Marco Octavio “N” comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.

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Por el caso que se sigue contra quienes participaron en la contratación de la empresa Next Energy y su fallida planta fotovoltáica, este martes fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos que fungieron durante el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdéz en Baja California. 

Karen “N”, Luis “N”, Adalberto “N, Israel “N”, Rodolfo “N”, Marco Octavio “N”, Juan Luis “N” y Amador “N” fueron imputados por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Peculado y Abuso de Autoridad, según la solicitud que hizo el Ministerio Público. 

Todo se encuentra dentro de la Causa Penal 04921/2022 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977. 

En la jornada llevada a cabo en el Centro de Justicia del Poder Judicial del estado de Río Nuevo, en Mexicali, se desahogaron pruebas contra los ex funcionarios, de los cuales originalmente eran los trece los citados, pero cinco de ellos no asistieron. Para ese grupo se programo una nueva audiencia para el próximo 02 de noviembre a las 09:00 horas en la sala 6 del mismo inmueble.

En el caso de las ocho personas referidas, su proceso continúa aunque el juez de control otorgo un receso indeterminado para que la defensa pueda reformular su estrategia. Pero la imputación en su contra permanece. 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo hoy que el no llamado del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, no fue requerido solo por su fuero como senador.