La madre del niño Santiago Leonel Castro, que falleció tras impactarse con un tráiler el camión en el que iba abordo junto con su abuela exige que la empresa de transportes GTB se haga responsable de la muerte de su hijo de 8 años. 

El incidente ocurrió el pasado 25 de agosto en la madrugada en la carretera que conduce de San Luis Río Colorado a Sonoyta. 

La madre de Santiago, de nombre Ericka Rico dijo a CADENA NOTICIAS, que la empresa de seguros que contrató GTB tardó un mes en contactarse con ella pero no le han ofrecido una solución real, debido a que pide que se detenga al chófer del camión en donde iba su hijo, pues cometió negligencia al ir manejando a exceso de velocidad y sin una licencia que lo acreditara como conductor de camión. 

"Que se detengan a los responsables porque el chófer tomó el volante a la 1 de la mañana en Santana, Sonora y no durmió, a parte no llevaba su licencia cuando iba en el camión, eso lo se porque en la carpeta de investigación esta documentado", explicó la señora Ericka. 

La madre de Santiago platicó que en agosto su mamá de nombre Lucía Mena, se llevó al niño a los Mochis, Sinaloa, con motivo del cumpleaños del pequeño que celebró sus 8 años de edad junto a más familia. 

"Mi niño estaba de vacaciones con su abuela porque el 5 de agosto cumplió años y su abuela se lo llevó, pero nunca me imaginaría que pasaría algo así", dijo la madre de Santiago. 

Fue el 24 de agosto cuando la abuela y Santiago tomaron un camión de la empresa GTB con destino a Tijuana, pero al día siguiente alrededor de las 3 de la mañana el autobús se impactó con un tráiler, quedando lesionada la señora de una pierna, nariz y cosillas, de igual manera el niño resultó gravemente herido y trasladado a la clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero debido a lo lastimado que estaba su cuerpo, falleció en las instalaciones médicas. 

"Mi mamá me dijo que le estuvo hablando al chófer para que le ayudara con el niño pero él no le hizo caso y me lo pisó, me lo pisó y se bajó del camión y yo no se que tanto afectó que me lo pisara", explicó.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que este miércoles 16 de julio se registró un accidente automovilístico en el bulevar García, fraccionamiento Natura, que involucró a una patrulla de la Policía Municipal. Como resultado del percance, dos personas fallecieron en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes de una motocicleta circulaban a exceso de velocidad y en sentido contrario, realizando maniobras que ponían en riesgo la seguridad vial. Al intentar evitar un choque, la patrulla se desplazó hacia el primer carril, pero el conductor de la motocicleta perdió el control e impactó contra la unidad oficial.

Servicios médicos acudieron al sitio, donde confirmaron que ambos ocupantes de la motocicleta ya no contaban con signos vitales. El área fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades competentes.

Minutos antes del accidente, elementos municipales habían intentado interceptar la motocicleta sobre el bulevar 2000. A pesar de múltiples llamados por altavoz, los implicados no se detuvieron y evadieron a la policía entre el tráfico de la zona.

La Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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Periodistas, fotógrafos y trabajadores del gremio se reunieron este 6 de abril en el Parque Bicentenario para exigir mejores condiciones laborales, tras la trágica muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández, ocurrida durante el primer día del Festival Axe Ceremonia.

Ambos eran fotógrafos que colaboraban con el medio independiente Mr. Indie, especializado en música y festivales. Una estructura metálica colapsó y cayó sobre ellos mientras realizaban su labor dentro del festival.

“Berenice y Miguel no son una estadística. Todos nosotros tenemos la herramienta del cambio. Si no exigimos condiciones dignas, nadie nos las va a dar”, dijo una de las voces durante el mitin.

Indignación por el silencio y falta de apoyo

La comunidad periodística expresó su frustración ante la falta de comunicación oficial por parte de las promotoras del evento y del propio medio Mr. Indie. El nombre de las víctimas comenzó a circular en redes sociales antes de ser confirmado por organizadores o autoridades, lo que generó confusión y desinformación.

“Ya sabían que era alguien de prensa. Todas las pulseras tienen nuestros datos. Aun así, no dijeron nada”, reclamó Adriana, fotógrafa musical.

Precariedad en coberturas

Los asistentes denunciaron las condiciones en las que muchos trabajadores de prensa cubren festivales: trabajo a cambio de boletos o créditos, ausencia de pagos, e incluso amenazas veladas por parte de promotores si no cumplen con ciertas expectativas.

“Está de la verg... que a cambio de un boleto crean que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Somos personas. Nuestro trabajo vale”, se escuchó entre los gritos.

Señalamientos a Echo y cancelación tardía

También hubo cuestionamientos hacia Echo, promotora del festival, por no emitir un posicionamiento inmediato ni brindar respaldo a las familias de las víctimas. Varios señalaron que si no se hubiera generado presión en redes sociales, el festival habría continuado como si nada. Finalmente, el segundo día del evento fue cancelado.

La frase que unió a todos: “Nosotros también importamos.”

Además, se reporta que la familia de Berenice Giles aún no ha podido reclamar su cuerpo, lo que refleja el nivel de abandono e indiferencia que ha rodeado esta tragedia.

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En una desgarradora búsqueda de justicia, Antoinette Eddings clama por reparaciones después de sufrir complicaciones graves postquirúrgicas que han puesto su vida en riesgo, así lo informó la paciente quien anunció una batalla penal, y ante instituciones como derechos humanos, Coepris, la Conamed y organismos médicos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

La paciente relató que todo comenzó cuando se sometió a una cirugía de reducción de senos en la Clínica Ciplastic a manos del Dr. Hermes Avila Pelayo, quien fue dada de alta a la semana de la cirugía.

Durante más de 5 semanas consecutivos, señaló, visité las oficinas de la Clínica, además les envié fotografías, audios, mensajes e hice llamadas al Dr. Hermes Avila Pelayo, que me cobró casi 7 mil dólares, y las respuestas de su oficina fueron inadecuadas, fueron insuficientes, irresponsables e insensibles, fuera de toda ética médica y violentando completamente mis derechos, señaló.

La situación, dijo Eddings, se deterioró rápidamente, cuando al día siguiente de la cirugía, notó que su incisión se había abierto y sangraba, un hecho que comunicó inmediatamente al equipo médico a través de fotografías, sin embargo, la respuesta fue lenta e inadecuada, sumiéndola en un estado de dolor y angustia constantes.

Eddings refirió que los días siguientes estuvieron marcados por una falta de atención adecuada, donde las heridas no solo se abrieron más, sino que también desarrolló infecciones severas, lo que resultó en un sufrimiento incesante. 

"A pesar de los numerosos mensajes y fotografías enviados a la clínica, describiendo el empeoramiento de mi condición y la secreción de líquido amarillo grueso de las heridas, las medidas tomadas por los médicos de Ciplastic fueron insuficientes y tardías" dijo.

La paciente indicó que fue solo después de un ultrasonido autoiniciado que reveló una infección severa, que recibió algún tipo de tratamiento dirigido, aunque aún ineficaz, donde la intervención final de otro médico, quien diagnosticó una infección por candida albicans y ajustó el tratamiento, se marcó un punto de inflexión en su recuperación.

Desilusionada y traicionada por la falta de cuidado y atención por parte de la Clínica Ciplastic, Eddings inició procesos jurídicos penales, mercantiles y ante múltiples instancias para buscar justicia y reembolso por los daños sufridos y los costos incurridos, incluyendo los tratamientos de emergencia y la cirugía reconstructiva necesaria debido a las consecuencias de la operación inicial.

Explicó que los costos podrían alcanzar más de 20 mil dólares por la gravedad en la que se encuentra y los costos post operatorios.

Puntualizó que una de las metas principales, es evitar que esa Clínica y médicos como Hermes Ávila Pelayo continúen dañando a personas que ponen su confianza y seguridad en sus manos.

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Una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la vida tras una negligencia de la institución, aseguran sus familiares quienes se manifestaron este miércoles a las afueras de la clínica 1 en la ciudad de Tijuana. 

Yuliana Morales Mejía, familiar de la paciente mencionó que fue en el mes de junio cuando la intervinieron en una operación de vesícula tras la detección de piedras.

A unas semanas de la operación acudió a la clínica debido a dolores que presentó en el área de la vesícula y médicos le comentaron que eran síntomas normales posterior a la intervención quirúrgica.

La sobrina de la paciente, relató que a finales del mes de noviembre los síntomas fueron más severos y los médicos únicamente le recetaban medicamentos por una supuesta infección.

Fue hasta el mes de diciembre cuando le realizaron una tomografía en la que detectaron que habían dejado una gasa en su cuerpo cuando los médicos de nombre Martín García y Antonio Tadeo practicaron la cirugía.

"Hasta ahora no han dado respuesta no se han presentado con nosotros más que una simple disculpa y no hicieron más en el caso", dijo entre llanto Yuliana. 

La paciente estuvo internada desde el 16 de diciembre del 2023 y falleció este martes 23 de enero, por lo que sus familiares interpusieron una denuncia por negligencia médica en contra del IMSS ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

"Pedimos que se haga justicia por ella y por las demás personas que jamás pudieron alzar la voz", expresó Morales.

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Incrementan los testimonios de adultos mayores, discapacitados, mujeres, niñas y niños, hombres de todas las edades, que son maltratados por personal del Hospital General de Ensenada, tema que, en ocasiones, ha derivado en la muerte de personas.

En julio del 2022, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado reportaba que, en Ensenada, había por lo menos medio centenar de quejas ante ese organismo, entre temas de deficiencias administrativas, diagnóstico, por tratamiento quirúrgico, atención médica y malos tratos entre otros. 

Son cada vez más recurrentes los casos en los que llegan mujeres embarazadas que no son atendidas adecuadamente y que tienen que dar a luz en condiciones de extremo peligro para sus vidas y para las de sus hijos.

Ruben N, varón de 38 años, relató que al tratar de recibir atención médica por síntomas de infarto, no le fue permitido ni siquiera, acceder al primer control médico, desde la entrada le indicaron que podrían revisarlo después de dos horas.

El paciente sufrió infarto, pero iba llegando a una clínica particular que pudo atenderlo y salvarle la vida, lo que le costó a su familia, cientos de miles de pesos, hipotecar la única propiedad que posen.

Para la familia de la señora Gloria N de 68 años de edad, la historia fue similar, en donde la mujer de la tercera edad llegó con grave dolor abdominal, no le permitieron ingresar ni a la primera auscultación médica, y tuvo que ser intervenida de emergencia por una obstrucción intestinal en un hospital privado, lo que ha representado graves problemas económicos para toda la familia.

En la mayoría de los casos, hay varios patrones; la falta de capacitación desde el primer contacto con la gente, quien no está preparado ni profesionalmente para derivar adecuadamente a los pacientes, ni emocionalmente porque el trato a la población por lo general es déspota, grosero y de mala gana, indican los testimonios.

Otro de los patrones comunes, dicen, es la falta de compromiso de personal médico de emergencias, de quienes observan que constantemente se ven molestos, cansados y sin la intención de ayudar a recuperar la salud de las personas. 

Hicieron un llamado urgente al director general de la institución, Juan José Godínez Montaño, de quien refieren, es imposible tener acceso a comunicación para expresar situaciones.

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