La Gobernadora Electa de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció nuevos nombramientos para su gabinete, designando a un nuevo grupo de profesionales con experiencia que ocuparán puestos clave durante el próximo sexenio, así como abonar al proceso de transición gubernamental estatal. 

Mediante sus redes sociales, Marina del Pilar presentó a Catalino Zavala Márquez, Rosina del Villar Casas y Marco Antonio Moreno Mexía, personas con resultados probados en sus distintas responsabilidades, así como con la suficiente preparación para responder a las necesidades que aquejan a la población bajacaliforniana. 

Catalino Zavala Márquez fue recientemente designado como Coordinador General de las Comisiones de Enlace de la Transición Estatal, y es la propuesta para ocupar la Secretaría General de Gobierno, debido a su trayectoria política y conocimiento del marco jurídico estatal y nacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. 

Desde su juventud demostró habilidad por la política, y consiguió ser diputado local en la XIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California entre 1989 y 1992, posteriormente fue regidor del XVI Ayuntamiento de Tijuana entre 1998 y 2001, para luego ser legislador local en las legislaturas XVII, XIX, XXII y XXIII, siendo esta última la que culminó en el presente año.  

Además de ser fundador de varias comunidades del sur y el este de Tijuana, impulsó distintas iniciativas como la Ley para el Acceso Libre a Internet, la Ley de Impulso al Conocimiento Científico en Baja California, además de ser el promotor de la creación de la preparatoria municipal de Tijuana. Asimismo, como secretario de Educación de Baja California amplió la cobertura de los servicios educativos y fortaleció el marco jurídico educativo. También fue Coordinador de Campaña de la Gobernadora Electa, Marina del Pilar Avila Olmeda.

Como propuesta para ocupar la Secretaría de Hacienda de Baja California fue elegido Marco Antonio Moreno Mexía, quien tiene amplia experiencia en el diseño, estructuración y negociación de proyectos de inversión y financiamiento en México y en el extranjero incluyendo colocaciones de capital en mercado público y privado. Ha sido Director Financiero en empresas públicas y privadas desde hace más de 25 años.

El experto en materia financiera cuenta con una Maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es candidato a la Maestría Economía. Es contador público por la UABC y docente de posgrado en la Escuela de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California.

Moreno Mexía inició su carrera en la prestigiada empresa Deloitte, y posteriormente en compañías como UniBanco, Grupo Cuervo, SIMEC y Urbi, ayudando de manera directa a inversionistas tanto mexicanos como extranjeros. Actualmente, dirige su firma de consultoría financiera en México y es socio de un grupo financiero en Estados Unidos. 

Mientras que, como propuesta para la Secretaría de Honestidad y Función Pública, fue designada Rosina del Villar Casas, quien cuenta con una licenciatura en Derecho y otra en Turismo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos cargos administrativos y gerenciales, fue consultora en Recursos Humanos y ha ejercido su carrera profesional en el área jurídica, enfocándose en materia agraria, civil y mercantil. 

Asimismo, en el V Ayuntamiento de Playas de Rosarito laboró en el Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (IMDER), fungiendo como Coordinadora de Programas Federales dentro de la paramunicipal, por otro lado, tuvo funciones administrativas fundamentales en el Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California. Aunado a lo anterior, Del Villar Casas realizó trabajo técnico académico en apoyo de investigadores del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). 

Cabe señalar que recientemente fue diputada en la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, siendo representante del Distrito XV y presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, donde tuvo la oportunidad de aplicar en beneficio de la sociedad su preparación académica y su experiencia profesional. 

La Gobernadora Electa de Baja California reiteró su compromiso con encabezar una administración eficiente y transparente que resuelva la población del Estado de Baja California, por lo que eligió a personas que han demostrado a lo largo de trayectoria no sólo capacidad y experiencia, sino también los valores que requieren los retos de la actualidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que desconoce los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres, y sostuvo que serán las autoridades correspondientes las que informen sobre el caso.

“Carlos, mi exesposo, emitió su postura, y este gobierno no va a ser vocero de estas circunstancias; serán las autoridades las que den más información al respecto”, declaró.

Sobre Vida Orgánica, empresa en Tijuana señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre las sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ávila Olmeda afirmó que dejó la sociedad en 2023 y cedió sus derechos. 

Añadió que instruyó a la Secretaría de la Honestidad y a la Oficialía Mayor a revisar los contratos de las empresas mencionadas.

La mandataria dijo confiar en las autoridades mexicanas y señaló que continuará la coordinación entre ambos países. También lamentó que, a su juicio, las instituciones de seguridad y justicia puedan utilizarse con fines políticos, aunque indicó que corresponde a las instancias competentes aclarar los hechos.

Respecto a su visa, explicó que el trámite para recuperarla está pendiente desde el año pasado, cuando fue revocada. Dijo desconocer si los señalamientos recientes podrían afectar el proceso. La visa de Ávila Olmeda y la de Carlos Torres fueron revocadas en 2025.

Además, la gobernadora defendió las acciones de su administración contra la delincuencia organizada y mencionó alrededor de 130 detenciones de personas a las que calificó como criminales de alto nivel, además de decomisos de drogas y armas.

“Este gobierno ha combatido a todos los grupos de la delincuencia organizada. Somos uno de los estados con más decomisos de sustancias y armas. Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo siempre”.

Por último, afirmó que durante sus cinco años de gobierno ha enfrentado calumnias, infamias, mentiras y difamaciones, y que está dispuesta a afrontar los próximos 11 meses de gestión, que consideró decisivos para cerrar la administración con resultados y proyectos.

“No nos vamos a distraer en otras cuestiones ni en politiquería. Voy a seguir trabajando; si ya resistí cinco años a infamias, puedo resistir los próximos 11 meses”, expresó.

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El Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La administración estatal puntualizó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. También subrayó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

El Gobierno estatal agregó que Marina del Pilar no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y aseguró que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.

Revisarán contratos con empresas sancionadas

La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si alguna de las empresas señaladas por la OFAC ha celebrado contratos con el Gobierno de Baja California. En caso de encontrarse antecedentes, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que proceda conforme a la ley.

La revisión ocurre después de que Estados Unidos sancionara a 21 personas y 25 empresas que relaciona con estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre ellas se encuentra Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro señaló como un presunto operador político vinculado con la facción de “Los Rusos”.

Gobierno estatal no hablará por los señalados

El Gobierno de Baja California sostuvo que las personas incluidas en las sanciones deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y serán estas las encargadas de informar sobre las investigaciones.

“El Gobierno del Estado no hablará en su nombre”, puntualizó la administración, que aseguró que continuará enfocada en seguridad, desarrollo y bienestar de Baja California.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos constituyen medidas financieras y los señalamientos formulados por el Departamento del Tesoro no equivalen por sí mismos a una sentencia penal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien señaló como un presunto “operador político” vinculado al Cártel de Sinaloa y relacionado con la facción de “Los Rusos” que opera en Mexicali.

Las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de una amplia acción contra 21 personas y 25 entidades que el gobierno estadounidense identifica como líderes, operadores, facilitadores financieros o empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

En el apartado dedicado a Baja California, el Tesoro estadounidense sostiene que una estructura de presunta “narcocorrupción” habría alcanzado niveles del gobierno estatal y coloca en el centro de esos señalamientos a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Se trata de acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos dentro del procedimiento de sanciones financieras.

Tesoro señala presunta alianza con “El Ruso”

De acuerdo con el comunicado, la plaza de Mexicali estaría dominada actualmente por “Los Rusos”, una facción de “Los Mayos” encabezada, según Estados Unidos, por Juan José Ponce Félix, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, “El Ruso”.

El Departamento del Tesoro afirma que Carlos Torres mantiene una alianza con “El Ruso” y lo describe como un operador político que presuntamente habría utilizado su influencia para facilitar actividades del grupo y proteger al Cártel de Sinaloa de acciones gubernamentales y policiales en Baja California.

El comunicado también sostiene que el Departamento de Estado estadounidense revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, atribuyendo la decisión a una supuesta afiliación y actividades en favor del Cártel de Sinaloa.

También sancionan a exdirector de Policía de Mexicali

La OFAC incluyó entre los sancionados a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Según el Departamento del Tesoro, Mendívil habría mantenido una alianza con “El Ruso” y presuntamente recibido sobornos a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa ejerciera influencia sobre la Policía Municipal de Mexicali para facilitar actividades de narcotráfico y otras operaciones.

El gobierno estadounidense sostiene además que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de Mendívil para permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en Baja California.

De acuerdo con la misma versión, Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, habría participado en la recepción de esos recursos y en el presunto lavado del dinero mediante empresas y campañas políticas. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro y no equivalen por sí mismas a una sentencia penal.

Empresas de Baja California entran a lista de sanciones

Las medidas alcanzaron también a diferentes compañías que el Tesoro estadounidense vincula con las personas sancionadas.

Entre las empresas señaladas aparecen Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, que OFAC relaciona con Luis Torres.

Asimismo, fue sancionada Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, empresa que el Departamento del Tesoro vincula con Pedro Ariel Mendívil.

En el caso de Tijuana, las sanciones incluyen además empresas de sectores como seguridad, bienes raíces, entretenimiento y servicios financieros que, según OFAC, habrían sido utilizadas por operadores relacionados con el Cártel de Sinaloa para facilitar o lavar recursos.

“Mayito Flaco” y operadores de Tijuana también son sancionados

La acción de OFAC no se limita a Mexicali. Estados Unidos sancionó a “Mayito Flaco”, a quien identifica actualmente como líder de la facción de “Los Mayos”, además de personas de su círculo cercano y operadores relacionados con las plazas de Tijuana y Mexicali.

El Tesoro también volvió a designar bajo autoridades antiterroristas a Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes atribuye el control de la plaza de Tijuana durante aproximadamente 15 años. Ambos ya habían sido sancionados previamente por Estados Unidos.

Además, fueron incluidos Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, señalados por OFAC como principales lugartenientes de esa estructura en Tijuana.

¿Qué implican las sanciones?

Con la designación, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente y en 50% o más, de una o varias personas sancionadas.

Salvo autorización de OFAC, las regulaciones estadounidenses prohíben realizar transacciones dentro de Estados Unidos —o a través de su sistema financiero— que involucren bienes o intereses de las personas incluidas en las sanciones. Instituciones financieras extranjeras también pueden exponerse a medidas estadounidenses por facilitar determinadas operaciones significativas para personas designadas.

El Departamento del Tesoro indicó que la operación fue realizada en coordinación con distintas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, FBI, HSI, CBP e IRS-CI, como parte de la estrategia estadounidense contra las redes financieras y operativas de organizaciones criminales transnacionales.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, manifestó que Baja California está perdiendo debido al conflicto entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Consideró que estas disputas distraen la atención de los asuntos que realmente importan para la entidad.  

Caballero Ramírez señaló que sería recomendable que ambos actores políticos avancen y dejen de lado estos temas, aunque reconoció que no está en sus manos decidirlo. 

Además, expresó la necesidad de darle un nuevo rumbo a la política en Baja California, señalando que el conflicto se diera hasta 2027 y que, en ese momento, se sabrá quién tiene la razón. Sin embargo, aclaró que no le gustaría que esta situación divida aún más a los bajacalifornianos.  

Finalmente, la ex alcaldesa expresó su deseo de ser una pieza para fomentar la cordialidad entre la gobernadora y el ex gobernador y que, si dependiera de ella, sería esa figura de cambio por el bien de los californianos.

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Tras la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la fiscalía está realizando un trabajo serio y que la investigación es de carácter federal. 

"Es una investigación federal que ya lleva más de un año y es todo lo que sabemos al respecto", expresó la mandataria 

Durante la conferencia "mañanera", afirmó que la información oficial la ha proporcionado la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que por el momento no puede ofrecer más detalles sobre el caso.

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