El Centro Empresarial de Tijuana expresó su preocupación ante el reciente anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que da a conocer que el 16 de octubre firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos, mejor conocidos como “autos chocolate”, los cuales son un duro golpe a la industria automotriz, la cual es una de las que más empleos genera.

El Lic. Roberto Rosas Jiménez, presidente de COPARMEX Tijuana, señaló que este no es un tema nuevo, pues a la fecha se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011 y que, hoy en día, de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2020, es factible importar un vehículo usado.

Mencionó que quien cumple con lo estipulado, puede introducir legalmente un auto a México; aunque el problema radica en el ingreso ilegal, que además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos. La decisión anunciada por el presidente es un “cheque en blanco” para la delincuencia.

Agregó que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos. En el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019. Por su parte, la producción total de vehículos ligeros está 23.8 por ciento por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y, tan solo la producción registrada en septiembre 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.

“Una medida así afectaría las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta; por otro, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos, que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto”, comentó.

Rosas Jiménez añadió que la disposición representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno. Además, afirmó que con este decreto, se alienta la introducción de automóviles al país que, por sus elevados kilometrajes y antigüedad, son altamente contaminantes.

“Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros”, detalló.

El presidente de COPARMEX Tijuana, concluyó haciendo un llamado a las autoridades a que sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este gobierno ha emitido, para no convertir a México en un basurero automotriz.

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La ampliación del decreto de regularización de autos “chocolate” provocará una mayor disminución de ventas en los comercios formales y pérdida de empleos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana, Julián Palombo Saucedo.

Expuso que con el decreto ha proliferado la venta de autos en la clandestinidad, aunque muchas de las unidades no califican para el decreto presidencial.

Palombo Saucedo expuso que las unidades no son regularizadas bajo el esquema convencional en las aduanas, por lo que no pagan pedimento de importación y no cumple con la verificación ambiental, lo que implica que no pueden cruzar a Estados Unidos como cualquier otro auto legalizado.

El líder del comercio organizado también pidió a las autoridades actuar contra quienes conducen autos sin documentos, ya que representan un problema de inseguridad para toda la ciudadanía, además de que si provocan accidentes con autos que están legalmente en el país cumpliendo con todas las obligaciones de ley para la tenencia de una unidad motorizada, el afectado termina corriendo con los gastos de reparación de los daños causados por esas unidades que no cuentan con cobertura de daños a terceros.

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Ante los hechos violentos en Sinaloa y Chihuahua, el ex presidente nacional de Coparmex y fundador de Sí por México, Gustavo de Hoyos Walther, expone si posicionamiento.

"Después de 4 años de abrazos a quienes están al margen de la ley, por fin, el gobierno se ha decidido a actuar. En Chihuahua, este jueves por la madrugada, fue perseguido y ultimado Ernesto Alberto Piñón, líder de una peligrosa banda criminal. Y en Sinaloa, también por la mañana, Ovidio Guzmán, fue detenido en un operativo, y ya está preso en las instalaciones militares. Mi reconocimiento a los policías civiles y efectivos militares que cumplieron con su deber en estas acciones. Su valor y compromiso nos restaura la esperanza.

Ante los hechos de hoy, hay preguntas que son obligadas:

¿Porque dejar pasar tanto tiempo, tantos delitos y tantos muertos para hacer cumplir la ley?

¿Era necesario el amotinamiento y matanza en un penal de Juárez para poner quieto a “El Neto”?

¿Tenía que venir Biden a México, para que López Obrador rectificase de su decisión de 2019, cuando ordenó la evasión del Chapito?

Me indigna pensar en la indolencia y cobradía del Presidente de la República y su gobierno, y las gravísimas consecuencias en la tranquilidad, seguridad, salud y vida de los mexicanos.

Esto tiene que cambiar. ¡Y tiene que cambiar ya!

Es tan grave el agravio que hemos recibido los mexicanos de los criminales y tan grande el reto para restaurar nuestra seguridad, que se debe reflexionar si ya llegó el momento del endurecimiento mucho mayor de las sanciones. 

Los delincuentes confesos y sentenciados por delitos gravísimos en contra de las mujeres, los niños, los jóvenes y los policías de nuestro País, deberían recibir condenas ejemplares. Habría que discutirse a profundidad, si se les aplica incluso la pena de muerte.

Lo que es indudable es que se tiene que rehacer la estrategia de seguridad sin miedo y sin prejuicios. Yo no acepto que los criminales se burlen de la ley y nos condenen a vivir en el miedo y la zozobra.

Ya llegó la hora de actuar. ¡Ya estuvo!"

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Por instrucción presidencial, el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se extenderá al 31 de marzo de 2023, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que esta estrategia alcanzó la meta de un millón 047 mil 142 autos legalizados en 14 entidades, del 19 de marzo al 28 de diciembre de 2022.

Lo anterior representa una recaudación de 2 mil 617 millones 855 mil pesos, que han sido entregados a los gobiernos locales para el bacheo de calles y avenidas.

El programa, que beneficia a unidades de modelos anteriores al 2016, se mantendrá en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, a través de 141 módulos.

Informó que este viernes se publicará el nuevo decreto que permite ampliar el programa por tres meses más.

La funcionaria resaltó que con la regularización de los automotores se busca dar seguridad a la ciudadanía, al ingresar su información al Registro Público Vehicular (REPUVE) para evitar que sean utilizados en la comisión de delitos.

Asimismo, se da certeza patrimonial a los propietarios para realizar sus actividades cotidianas y permite mejorar las vialidades.

“Esta estrategia es una muestra de que la paz no se construye por medio de la fuerza y la violencia, sino a través de las acciones que generan bienestar”, destacó.

Cabe destacar que la operación de este programa está a cargo del titular de Mesas de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Carlos Morales.

A la conferencia en Palacio Nacional asistió la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

Procedimiento de regularización

     1. El poseedor de la unidad debe generar una cita en la página web www.regularizaauto.sspc.gob.mx

     2. Ingresar al portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener una línea de captura y realizar el pago de 2 mil 500 pesos.

     3. Acudir a la cita en los módulos del REPUVE de su entidad con la documentación requerida.

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Ante la aprobación en el Senado de la República del Plan B propuesto por AMLO tras su derrota en la Cámara de Diputados para la Reforma Electoral que buscaba, la Coparmex emitió su posicionamiento.

·         Impedir que se aprobara una Reforma Constitucional en materia electoral fue un triunfo ciudadano. Ante la insistencia de debilitar al INE, ahora  mediante leyes secundarias, hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir luchando a favor de un árbitro electoral neutral que nos garantice elecciones limpias.

·         Seguiremos dando la batalla; Será necesario acudir ante la SCJN, el TEPJF e incluso instancias internacionales, para controvertir las reformas.

·         Las modificaciones aprobadas violan la Constitución y atentan contra el INE, el Tribunal Electoral y la voluntad ciudadana. 

·         Esta reforma genera incertidumbre política y podría golpear aún más a la economía y la inversión. 

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideramos que las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas en el Senado en materia electoral, abren la puerta a elecciones de Estado y ponen en riesgo la elección de 2024. Representan una regresión para la democracia en nuestro país y son una afrenta para la ciudadanía que por más de 30 años ha luchado para construir instituciones sólidas que den certeza a los procesos para elegir a nuestros representantes.

Un efecto adverso muy preocupante es a la economía, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas. 

La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación que golpea el bolsillo de las familias.

Lamentamos que la mayoría de los Diputados y Senadores hayan hecho oídos sordos a la voz de la ciudadanía que, en una manifestación pacífica y respetuosa, marchó el pasado 13 de noviembre en las calles y ha encabezado la conversación en redes sociales para exigir respeto a la democracia y a las instituciones que contribuyen a hacerla posible. 

Condenamos enérgicamente el desmantelamiento de nuestras instituciones electorales y que se legisle por consigna, pues esto daña la imagen del Congreso y el principio de separación de poderes; México corre el riesgo de retornar a un régimen autoritario. 

Tal como lo expresamos en nuestra misiva del 12 de diciembre a los Senadores de la República, la minuta de reformas no debía ser aprobada, pues además de trastocar la autonomía y operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contenía evidentes errores, imprecisiones y elementos claramente inconstitucionales. 

Las modificaciones aprobadas por el Senado, comprometen la competencia electoral y nuestro derecho a tener procesos electorales pacíficos, transparentes, con resultados confiables que nos alejen de conflictos postelectorales. 

Con la resolución adoptada, los jóvenes reciben por herencia un país que favorece la concentración del poder, la impunidad para quienes no quieren elecciones limpias y justas, los abusos en las campañas; en suma, un país menos democrático. 

Ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas. 

De la misma manera, el Tribunal Electoral (TEPJF) deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos político-electorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera; confiamos en las acciones legales que emprenderán tanto el INE como los partidos políticos, y estaremos abiertos a respaldar jurídicamente a los ciudadanos que deseen exigir la vigencia y respeto de sus derechos.

Desde Coparmex insistimos, la convocatoria para alzar la voz y decir juntos  #YoDefiendoAlINE continúa. 

Haremos visible quiénes fueron los legisladores que estuvieron del lado de los ciudadanos y quiénes traicionaron esa confianza, esto como un ejercicio legítimo de rendición de cuentas. 

Los ciudadanos no nos rendimos porque el INE lo hacemos todos. Logramos poner un alto a la reforma constitucional, y ahora con mayor fortaleza seguiremos defendiendo un sistema democrático que garantice elecciones limpias con un árbitro neutral; esta lucha nunca ha sido fácil ni de corto plazo; tenemos la firme convicción de que triunfaremos frente a cualquier intento por controlar el proceso electoral para favorecer a uno o a algunos de los contendientes. 

Reconocemos los esfuerzos y las acciones de grupos ciudadanos en defensa de la democracia. 

Todos juntos evitamos la reforma constitucional, ahora es momento de redoblar el paso para seguir trabajando por el bien de nuestra democracia, por el bien México. 

Tras la aprobación del PLAN B, llevaremos a cabo un análisis a fondo del contenido aprobado, indicó el presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora Icaza en un mensaje dirigido a su sector.

Sin duda, dice el comunicado, el hecho de que se rechazara la reforma Constitucional fue un enorme triunfo ciudadano; ya que constituía un “Golpe de Estado” sin embargo, la batalla continua después de la aprobación del Plan B. 

Estamos estructurando una respuesta enérgica y firme que haremos pública porque las leyes aprobadas representan un “Golpe a la Democracia”; ya que se ha alterado la estructura y operación del INE, los OPLES y el Tribunal Electoral y eso pone en riesgo elección de 2024 y debilita la democracia, afirma. 

Como lo hemos hecho y ha sido muy valioso, con la suma de todos los centros empresariales enviaremos mensajes de rechazo a estas leyes secundarias y continuaremos con una estrategia de comunicación integral. 

Estamos también estudiando el fondo y rutas jurídicas; acompañaremos las acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales y emprenderemos la operación de un litigio estratégico una vez que el asunto llegue a la SCJN.

El líder empresarial refirió en la comunicación "Necesitamos ir pensando más allá del corto plazo y construir desde ahora una red muy grande de observación electoral para poder dar seguimiento a los procesos electorales en 2023 y 2024.

El mismo seguimiento puntual lo haremos al proceso de selección de nuevos consejeros electorales que inició hace unos días y concluirá en enero."

Puntualizó "Seguiremos apoyando al INE en sus acciones públicas y jurídicas, el respaldo de la sociedad civil es fundamental. Exigiendo siempre elecciones libres, justas y transparentes."

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