Un trato digno a los cuerpos que tiene bajo su responsabilidad el Servicio Médico Forense, es lo que pide el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, para lo cual reconoció que el Gobierno del Estado debe brindar mayores recursos para lograr esta acción.

Indicó que todo este rezago que trae el forense, no es otra cosa que la incapacidad institucional que enfrenta el SEMEFO por la falta de recursos dijo, ‘’sabemos que están construyendo nuevas instalaciones tratando de solucionar la problemática que tienen y que se dejó rebasar, pero se debe solucionar lo más pronto posible’’, indicó.

Mora Marrufo mencionó que se deben buscar estrategias que permitan acabar con el rezago y donde deben involucrarse la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Poder Legislativo.

‘’El tener los cuerpos en un tráiler refrigerado no es lo ideal, y es una problemática que se dejó rebasar, por lo que el Estado tiene que brindar mayor presupuesto para tratar con dignidad todos los cuerpos que se encuentran bajo la responsabilidad del Servicio Médico Forense’’, concluyó.

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Una pareja sin vida fue localizada esta mañana al interior de una camioneta abandonada en la rampa Agustín Careaga de la colonia Los Altos, en la ciudad de Tijuana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de este lunes cuando una pareja aún sin identificar, presuntamente un hombre y una mujer fueron abandonados en una camioneta marca Nissan, modelo Xterra de color blanco y con placas nacionales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área en espera del arribo de servicios periciales para el procesamiento de levantamiento de cuerpos.

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El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos no vulnera el derecho internacional, a diferencia de lo que sostiene el mandatario mexicano, quien denunció una violación "flagrante" a las leyes internacional, respondió estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador.

"Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional", expresó en una rueda de prensa el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, al ser preguntado por los comentarios de López Obrador.

Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".

El informe de 2023, publicado el lunes, recoge que López Obrador y otros miembros de su gobierno han "criticado en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la Administración" y varios seguidores del mandatario protestaron en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

López Obrador dijo el martes que el informe es "una gran mentira del Departamento de Estado" y reprochó que Estados Unidos actúe como si fuera "el juez en el mundo y califique quién se porta bien o quién se porta mal".

Este miércoles arremetió de nuevo contra el reporte y acusó a Washington de estar "violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos".

El informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la ilegalidad del “mecanismo de seguimiento de las campañas electorales”, iniciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues, dijo, carece de facultades para intervenir en temas electorales.

Por unanimidad, los magistrados electorales ordenaron a la CNDH frenar la difusión del “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”, pues además de ilegal, contraviene el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral.

La Sala Superior ordenó el retiro del sitio electrónico de la CNDH el “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”.

Durante la sesión de este miércoles, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró que “el proyecto no propone amordazar a la CNDH, ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia, el proyecto se pronuncia sobre la validez de un acto que tiene incidencia en la materia electoral y por tanto que entra en la competencia material de este Tribunal Electoral”.

“Quiero dejarlo claro: La Constitución que expresamente prohíbe a la CNDH pronunciarse en temas electorales es obligatoria para todas las autoridades, incluída la CNDH”, mencionó.

La magistrada Janine Otálora Malassis indicó que “lo cierto es que durante un proceso electoral, los pronunciamientos de órganos de gobierno en los que refieren la supuesta existencia de irregularidades además de no respetar los derechos procesales de las personas involucradas e invadir atribuciones de las autoridades electorales, es claro que tienen incidencia en dichos procesos y en el ánimo de los electores, con lo cual pueden generarse distorsiones en la neutralidad e imparcialidad de los procesos”.

Los magistrados del TEPJF explicaron que la CNDH transgredió el desarrollo del proceso electoral en curso.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que “se construyó un registro que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las candidaturas, las plataformas propuestas, los spots y la propaganda, incluso a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en los medios de comunicación y redes sociales”.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta, indicó que “declarar inválido el mecanismo para vigilar las campañas electorales en el actual proceso electoral implementado por la CNDH y dejar sin efectos el primer informe sobre violencia política emitido en el marco de la implementación de dicho mecanismos, así como todos lo actos derivados del mismo que incidan en la materia electoral”.

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Dentro de cajuelas en dos camionetas con placas del estado de Hidalgo fueron localizados maniatados y amordazados los cuerpos de nueve personas atrás del fraccionamiento San Gil, en colindancia con la autopista 57, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Esto fue, cerca de donde se encuentra una toma clandestina de hidrocarburo, motivo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien asumirá la investigación correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo habría sido durante la madrugada, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante los recorridos que realizaban por la zona y al notar la presencia de las dos camionetas sospechosas, encontrarían los 9 cuerpos sin vida, con impactos de bala.

“Los vehículos cuentan con placas para el estado de Hidalgo, y no tenemos personas reportadas como no localizadas que cuenten con las características de los cuerpos”, indicó el Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel.

Las unidades habrían sido una Chevrolet en color azul y otra más en color negro, ambas con placas para el Estado de Hidalgo, cerca de un paraje colindante con El Sauz, municipio de Pedro Escobedo, donde abandonaron un cuerpo de igual manera con señales de violencia.

La Fiscalía General de Querétaro solo apoyará en el levantamiento de los cuerpos para la realización de la necropsia de ley.

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La madrugada de este sábado, fueron hallados siete cadáveres desmembrados y decapitados frente a la plazoleta del tradicional barrio de San Mateo en Chilpancingo.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 4:00 de la mañana, policías estatales encontraron los siete cadáveres en la calle 16 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad capital.

Algunos restos —piernas, brazos, tronco— estaban tirados sobre la calles, mientras que cinco cabezas fueron dejadas sobre el cofre de una camioneta color gris, junto con dos cartulinas con mensajes dirigidos a la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y el síndico Andrei Marmolejo Valle.

Los cadáveres, según se informó, corresponden a cinco hombres y dos mujeres.

De manera extraoficial se supo que cuatro de los siete cadáveres desmembrados hallados corresponden a la familia desaparecida el pasado 10 de junio en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco entre los poblados de Palo Blanco y Petaquillas.

Desaparece familia en la carretera Chilpancingo-Acapulco

Elizabeth Catalán Olalde, Eloy Peralta García, su hijo Diego Gael, junto con su novia, Brithany Castro Santiago, salieron de Chilpancingo rumbo a la comunidad de Palo Blanco a dejar a un pariente. Eran las 12 de la mañana de ese sábado, avisaron que pasarían a comprar para cenar, dejaban al padrino de Diego y regresaban.

A las 2:30 de la mañana, Diego envió un mensaje de texto a su hermana para avisarle que iban de regreso a Chilpancingo, pero eso no ocurrió. No llegaron y ninguno de los cuatro volvió a responder un mensaje o una llamada.

Cinco días después, se supo de ellos. Cuando familiares y amigos marchaban para exigir que las autoridades implementaran una operación de búsqueda, comenzaron a difundir un video donde aparecían acompañados de tres hombres.

¿Familia desaparecida formaba parte de un grupo criminal?

Los cuatro aparecen en el video con las manos atadas hacia atrás, sometidos. Están siendo interrogados. Diego, de 17 años, dice que es integrante de un grupo criminal y acepta haber participado en el asesinato de Miguel Ángel Casarrubias Pérez, director del Hospital Comunitario de Quechultenango, ocurrido fuera de la tienda Aurrera en el sur de Chilpancingo.

Lo asesinaron, dice, porque era el que curaba a Los Ardillos. También dice —o lo obligan a decir— que participó en el asesinato del columnista Fredid Román Román ocurrido el año pasado en el centro de Chilpancingo.

Eloy y Elizabeth, los padres de Diego, afirman que sabían de las actividades de su hijo. Lo mismo dice su novia Brithany.

Los otros tres hombres también se responsabilizan de hechos de violencia y dicen que trabajan para Jesús Baltasar Moreno, “El M”, de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo.

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