Un trato digno a los cuerpos que tiene bajo su responsabilidad el Servicio Médico Forense, es lo que pide el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, para lo cual reconoció que el Gobierno del Estado debe brindar mayores recursos para lograr esta acción.

Indicó que todo este rezago que trae el forense, no es otra cosa que la incapacidad institucional que enfrenta el SEMEFO por la falta de recursos dijo, ‘’sabemos que están construyendo nuevas instalaciones tratando de solucionar la problemática que tienen y que se dejó rebasar, pero se debe solucionar lo más pronto posible’’, indicó.

Mora Marrufo mencionó que se deben buscar estrategias que permitan acabar con el rezago y donde deben involucrarse la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Poder Legislativo.

‘’El tener los cuerpos en un tráiler refrigerado no es lo ideal, y es una problemática que se dejó rebasar, por lo que el Estado tiene que brindar mayor presupuesto para tratar con dignidad todos los cuerpos que se encuentran bajo la responsabilidad del Servicio Médico Forense’’, concluyó.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la ilegalidad del “mecanismo de seguimiento de las campañas electorales”, iniciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues, dijo, carece de facultades para intervenir en temas electorales.

Por unanimidad, los magistrados electorales ordenaron a la CNDH frenar la difusión del “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”, pues además de ilegal, contraviene el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral.

La Sala Superior ordenó el retiro del sitio electrónico de la CNDH el “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del Derecho a la Democracia”.

Durante la sesión de este miércoles, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró que “el proyecto no propone amordazar a la CNDH, ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia, el proyecto se pronuncia sobre la validez de un acto que tiene incidencia en la materia electoral y por tanto que entra en la competencia material de este Tribunal Electoral”.

“Quiero dejarlo claro: La Constitución que expresamente prohíbe a la CNDH pronunciarse en temas electorales es obligatoria para todas las autoridades, incluída la CNDH”, mencionó.

La magistrada Janine Otálora Malassis indicó que “lo cierto es que durante un proceso electoral, los pronunciamientos de órganos de gobierno en los que refieren la supuesta existencia de irregularidades además de no respetar los derechos procesales de las personas involucradas e invadir atribuciones de las autoridades electorales, es claro que tienen incidencia en dichos procesos y en el ánimo de los electores, con lo cual pueden generarse distorsiones en la neutralidad e imparcialidad de los procesos”.

Los magistrados del TEPJF explicaron que la CNDH transgredió el desarrollo del proceso electoral en curso.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que “se construyó un registro que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las candidaturas, las plataformas propuestas, los spots y la propaganda, incluso a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en los medios de comunicación y redes sociales”.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta, indicó que “declarar inválido el mecanismo para vigilar las campañas electorales en el actual proceso electoral implementado por la CNDH y dejar sin efectos el primer informe sobre violencia política emitido en el marco de la implementación de dicho mecanismos, así como todos lo actos derivados del mismo que incidan en la materia electoral”.

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Dentro de cajuelas en dos camionetas con placas del estado de Hidalgo fueron localizados maniatados y amordazados los cuerpos de nueve personas atrás del fraccionamiento San Gil, en colindancia con la autopista 57, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Esto fue, cerca de donde se encuentra una toma clandestina de hidrocarburo, motivo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien asumirá la investigación correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo habría sido durante la madrugada, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante los recorridos que realizaban por la zona y al notar la presencia de las dos camionetas sospechosas, encontrarían los 9 cuerpos sin vida, con impactos de bala.

“Los vehículos cuentan con placas para el estado de Hidalgo, y no tenemos personas reportadas como no localizadas que cuenten con las características de los cuerpos”, indicó el Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel.

Las unidades habrían sido una Chevrolet en color azul y otra más en color negro, ambas con placas para el Estado de Hidalgo, cerca de un paraje colindante con El Sauz, municipio de Pedro Escobedo, donde abandonaron un cuerpo de igual manera con señales de violencia.

La Fiscalía General de Querétaro solo apoyará en el levantamiento de los cuerpos para la realización de la necropsia de ley.

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La madrugada de este sábado, fueron hallados siete cadáveres desmembrados y decapitados frente a la plazoleta del tradicional barrio de San Mateo en Chilpancingo.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 4:00 de la mañana, policías estatales encontraron los siete cadáveres en la calle 16 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad capital.

Algunos restos —piernas, brazos, tronco— estaban tirados sobre la calles, mientras que cinco cabezas fueron dejadas sobre el cofre de una camioneta color gris, junto con dos cartulinas con mensajes dirigidos a la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y el síndico Andrei Marmolejo Valle.

Los cadáveres, según se informó, corresponden a cinco hombres y dos mujeres.

De manera extraoficial se supo que cuatro de los siete cadáveres desmembrados hallados corresponden a la familia desaparecida el pasado 10 de junio en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco entre los poblados de Palo Blanco y Petaquillas.

Desaparece familia en la carretera Chilpancingo-Acapulco

Elizabeth Catalán Olalde, Eloy Peralta García, su hijo Diego Gael, junto con su novia, Brithany Castro Santiago, salieron de Chilpancingo rumbo a la comunidad de Palo Blanco a dejar a un pariente. Eran las 12 de la mañana de ese sábado, avisaron que pasarían a comprar para cenar, dejaban al padrino de Diego y regresaban.

A las 2:30 de la mañana, Diego envió un mensaje de texto a su hermana para avisarle que iban de regreso a Chilpancingo, pero eso no ocurrió. No llegaron y ninguno de los cuatro volvió a responder un mensaje o una llamada.

Cinco días después, se supo de ellos. Cuando familiares y amigos marchaban para exigir que las autoridades implementaran una operación de búsqueda, comenzaron a difundir un video donde aparecían acompañados de tres hombres.

¿Familia desaparecida formaba parte de un grupo criminal?

Los cuatro aparecen en el video con las manos atadas hacia atrás, sometidos. Están siendo interrogados. Diego, de 17 años, dice que es integrante de un grupo criminal y acepta haber participado en el asesinato de Miguel Ángel Casarrubias Pérez, director del Hospital Comunitario de Quechultenango, ocurrido fuera de la tienda Aurrera en el sur de Chilpancingo.

Lo asesinaron, dice, porque era el que curaba a Los Ardillos. También dice —o lo obligan a decir— que participó en el asesinato del columnista Fredid Román Román ocurrido el año pasado en el centro de Chilpancingo.

Eloy y Elizabeth, los padres de Diego, afirman que sabían de las actividades de su hijo. Lo mismo dice su novia Brithany.

Los otros tres hombres también se responsabilizan de hechos de violencia y dicen que trabajan para Jesús Baltasar Moreno, “El M”, de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo.

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Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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Una persona sin vida fue localizada al interior de un predio ubicado en la calle Plan de Iguala de la colonia Granjas Familiares en la ciudad de Tijuana. 

La víctima fue identificada como Iván Guzmán Corona, y de acuerdo al reporte policial, la persona del sexo masculino se encontraba al interior de un predio en posición decúbito dorsal con lesiones de arma de fuego y sin signos vitales.