De acuerdo con el el diputado local Ramón Vásquez, el dictamen de juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, todavía se encuentra en análisis en la comisión dictaminadora.

Señaló que los diputados de la XXlV Legislatura de Baja California, están analizando el tema, aunque el legislador adelantó que en su mayoría algunos ya tienen definido el sentido de su voto. 

En cuanto a él dijo que lo considerará de acuerdo a que el alcalde morenista y él "somos del mismo partido". 

El congreso está analizando enjuiciar políticamente al munícipe luego de que el cabildo que él preside en Ensenada votará a favor de municipalizar el agua fuera de los tiempos de ley.

La bancada del PAN en el Senado anunció que presentará una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Záldivar, quien dijo “es investigado por la presuntamente operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces para actuar a favor de casos en beneficio del gobierno del presidente López Obrador”.

En rueda de prensa, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, destacó que Arturo Zaldívar abandonó su cargo como ministro de la Corte para irse de “matraquero” de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Acompañada de una decena de senadores, López Rabadán indicó que Zaldívar está buscando impunidad ante los señalamientos en su contra por supuestos actos de presión a jueces para que resolvieran asuntos a favor del gobierno federal.

Aseguró la panista que Arturo Zaldívar aún puede ser sancionado y, en caso de resultar culpable, sería inhabilitado de cualquier cargo.

La senadora por el PAN expresó su reconocimiento a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, “por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial”.

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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó su demanda de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán  por el proceso presuntamente irregular con que se concedió el primer amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En representación de su bancada, la vicecoordinadora morenista Aleida Alavez interpuso este lunes el recurso ante la Secretaría General en San Lázaro.

“En defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán, hoy presenté, en nombre de diputados de Morena, solicitud de juicio político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional”, confirmó la legisladora en un mensaje en redes sociales.

La Segunda Sala de la Suprema Corte otorgó el pasado 31 de enero el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica a seis empresas, a las cuales se les deberá aplicar el estatuto vigente antes de la reforma del 9 de marzo de 2021.

No obstante, el ministro Pérez Dayán emitió su voto de calidad como presidente de la sala para desempatar la votación y conceder la suspensión a las empresas La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo.

Los diputados federales de Morena acusaron, sin embargo, a Pérez Dayán de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Alavez expresó en su momento la indignación de los legisladores morenistas por el “atropello” de los dos ministros que avalaron el amparo contra la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.

Anticipó hace tres semanas que la mayoría parlamentaria no solo promovería el juicio político contra Pérez Dayán “por no haber asumido los procedimientos internos” de la Corte, sino además impulsará una reforma a la Ley de Amparo para eliminar la figura del voto de calidad como criterio de desempate.

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Las lluvias que se registraron en la región, han hecho evidente la mala calidad de los asfaltos, la falta de supervisión en las obras de pavimentación, la pobre infraestructura vial y la falta de mantenimiento y limpieza de los pluviales, afirmó la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Carmen Íñiguez Casanova.

Si bien es cierto, dijo, las lluvias han sido copiosas y son necesarias para recargar los mantos acuíferos, la saturación del suelo es evidente, produciendo escurrimientos en las diferentes zonas de la ciudad, evidenciando la mala calidad de los materiales utilizados en las obras de reencarpetado o rehabilitación de las calles, en las que pueden apreciarse baches, socavones, hundimiento de registros, lodo y basura.

"Para los residentes de Ensenada, es fácil identificar las zonas que año tras año registran inundaciones, las que además requieren de grandes inversiones para corregirlas, entre estas: la calle segunda y los vados por donde pasa el arroyo Ensenada, por mencionar algunas" dijo.

Agregó que esas zonas anegadas, no tienen la más mínima esperanza de ser atendidas por parte de las autoridades, ya que es más fácil culpar a los gobiernos anteriores que gestionar inversiones o recursos para ello. 

A través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación atestiguamos la problemática que varios colonos y ciudadanos enfrentaron, hubo quienes sufrieron afectaciones en sus bienes, en sus carros o para llegar a sus trabajos, expresó. 

Íñiguez Casanova señaló que se deben auditar las obras que el gobierno realiza, para constatar la calidad de los materiales y la forma en que se llevan a cabo los trabajos, no es posible que el ciudadano pague sus impuestos, y pague más por servicios públicos que no recibe, como el alumbrado, obras o vialidades en buen estado. 

Afirmó que el ciudadano está cansado de escuchar como los gobiernos de Morena solo culpan al pasado, ya tienen años gobernando y no lo hacen bien, están más ocupados en los temas electorales que en hacer obras y gobernar para el pueblo.

Va un reconocimiento para los bomberos, policías y personal de protección civil, ya que sin contar con el equipo o las unidades necesarias, atendieron a la población afectada por las intensas precipitaciones, puntualizó.

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El Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a un análisis e investigación por parte de la comisión de Quejas y Denuncias, ordenó realizar las siguientes diligencias: 

Se le conmina a abstenerse de realizar manifestaciones y/o expresiones que pudieran constituir discriminación, maltrato verbal o cualquier otra acción u omisión que pudiera actualizar la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra de la denunciante, así como, las mujeres integrantes del Cabildo de Ensenada, Baja California, además de propiciar un ambiente de respeto. 

Explicaron que bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento se podrá imponer alguna de las medidas de apremio en términos del artículo 35 del Reglamento de Quejas, con independencia de dar inicio a u nuevo procedimiento para la investigación de dicho incumplimiento. Lo anterior con fundamento en el numeral 6 del artículo 35 del citado Reglamento”, se indica.

Asimismo, se determinó que podrían resultar ser vejatorias respecto de la denunciante, ya que, no se advierte, desde un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que éstas se encuentren bajo el amparo del auténtico ejercicio de la libertad de expresión o en su defecto, de una crítica severa en el contexto de la discusión de acuerdos, dentro de una sesión de cabildo.

Lo anterior, al ser expresiones que no aportan elementos en función del interés general ni guardan relación a los puntos puestos a consideración. 

Por lo que, se estima que dichas expresiones no podrían considerarse como calificativos ríspidos o como expresiones y señalamientos permitidos en el marco de un debate político, pues para esta autoridad, desde una perspectiva preliminar, el denunciado pretende invalidar la labor de la denunciante como regidora del Ayuntamiento. 

Por esas razones, se estima que las manifestaciones en su contexto podrían reflejar palabras con un contenido que tiene la finalidad de demeritar el ejercicio del cargo que desempeña la regidora Brenda Valenzuela, lo que le afecta desproporcionadamente por ser mujer servidora pública del órgano municipal. 

De igual manera, se estipula que las expresiones del presidente municipal, se traducen en tendentes a menospreciar y demeritar el trabajo de la regidora; de lo anterior, es posible advertir, bajo la apariencia del buen derecho, en específico, el derecho de la servidora pública a una vida libre de violencia, los comentarios que pudieran afectarla, generando un impacto desproporcionado dada su calidad de mujer regidora en situación de violencia política de género.

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Respecto a la información difundida sobre la resolución de la controversia constitucional sobre el límite territorial entre el municipio de Playas de Rosarito y Ensenada, el XXIV Ayuntamiento informa que a la fecha no se ha recibido la notificación respectiva. 

Una vez que se conozca el contenido de la resolución, se determinarán acciones y estrategias legales a seguir.

Sobre el tema, el presidente municipal Armando Ayala Robles, comentó que fue el pasado miércoles cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una resolución que, de acuerdo a lo difundido, no favorecería a Ensenada.

Sin embargo, insistió en que se requiere tener el documento completo para conocer los alcances y determinar las acciones legales correspondientes.

“Como en tomo momento lo he manifestado, nos conduciremos en estricto apego a la ley, seremos respetuosos de los procesos y la determinación de la autoridad”, recalcó.

Adelantó que en los próximos días buscará una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Defensa del Territorio (GIT), a fin de continuar con los acciones que han liderado, en pro de Ensenada.

Expuso que el territorio en disputa, representa aproximadamente 1,300 claves de predial y enfatizó en que los servicios seguirán otorgándose a la comunidad de Santa Anita.

Armando Ayala aseveró que el trabajo coordinado y la buena cordialidad que existe con las autoridades de Playas de Rosarito prevalecerá.

“Nosotros estamos trabajando de forma institucional y coordinada en diversos temas con la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo. Así seguiremos, porque los dos tenemos el firme compromiso de llevar la cuarta transformación a todas las comunidades de nuestros municipios”, concluyó.

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