La magistrada Elba Regina Jiménez Castillo dictaminó inexistencia de delito en la denuncia presentada por la alcaldesa de Rosarito, Aracely Brown, de violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra del actual regidor Fernando Serrano y Manuel Ochoa.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios empresarios y negocios en Rosarito, señalándolos como parte de la red de lavado de dinero del cartel. Entre los negocios afectados se encuentran varios establecimientos controlados por Jesús González Lomelí, quien posee bares y restaurantes en la zona, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caiman. Estos negocios han sido utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, facilitando la integración de fondos ilícitos en la economía legal de la ciudad.

Además, la red de corrupción y control en Rosarito también involucra a los hermanos Arzate, Rene y Alfonso Arzate García, quienes mantienen influencia en la región. La relación con González Lomelí y otros actores políticos ha permitido que las actividades criminales de Los Mayos se extiendan, incluyendo extorsiones y protección de operaciones ilícitas. La ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, junto con intermediarios como Candelario Arcega Aguirre, habrían facilitado la protección y la impunidad de las actividades del cartel, mediante la manipulación del gobierno local y el cobro de extorsiones.

La sanción de la OFAC también involucró a varias empresas propiedad de González Lomelí, entre ellas JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V. ubicadas en Rosarito.

Además, Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R, S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar ubicadas en el municipio de Tijuana. Estas empresas, junto con los negocios y actores políticos señalados, forman parte de la estructura que el cartel de Sinaloa, a través de Los Mayos y sus aliados, utiliza para lavar dinero, facilitar el tráfico de drogas y mantener el control en la región.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó que no cuenta con información adicional sobre las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vinculan a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, con una red de corrupción relacionada con el Cartel de Sinaloa.

"Fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y esperaremos más información", afirmó la mandataria estatal, dejando en claro que la información es muy reciente y que, por el momento, no ha tenido contacto directo con la diputada a quien llamó "compañera del movimiento".

Avila Olmeda confirmó que la exalcaldesa Brown llevaba a cabo sus propias mesas de seguridad en el municipio, pero aclaró que ella no tiene conocimiento de ninguna acción o vínculo que pudiera relacionarla con actividades ilícitas. "Estamos a la espera de que las autoridades federales proporcionen más detalles sobre esta situación", reiteró.

La gobernadora también mencionó que en una reunión reciente, el general Laureano Carrillo Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo un encuentro con el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, en el que se aseguró que se brindará apoyo en lo que requieran las autoridades del vecino país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Baja California afirmó que los representantes de seguridad del estado estuvieron presentes en dicha reunión y que uno de los temas principales fue el apoyo para la detención del líder de los "Rusos". Sin embargo, respecto a la noticia sobre la exalcaldesa Brown, no fue mencionado ningún detalle, y las autoridades aseguraron que estarán dispuestas a colaborar en lo que indique el gobierno federal mediante una petición formal de apoyo.

Finalmente, respecto a los empresarios de Rosarito señalados por lavado de dinero, el general Carrillo Martínez aclaró que no tienen información sobre ello ni fueron mencionados en la mesa de seguridad, por lo que estarán atentos a cualquier información futura al respecto.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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La diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, denunció este martes que ha sido revictimizada en redes sociales luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara a Karla Estrella Murrieta ofrecerle disculpas públicas durante 30 días por incurrir en violencia política en razón de género.

En un video difundido en sus redes sociales, Barreras señaló que ha enfrentado críticas, amenazas y cuestionamientos desde que se dio a conocer la sentencia, pero aseguró que no se dejará silenciar. “Si eso amerita linchamiento, estoy lista. Resistiré cualquier intento de silenciarme”, afirmó.

Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo. pic.twitter.com/0G6lHL7zYI

— Diana Karina Barreras (@DianaKarinaBa) July 16, 2025

La legisladora aseguró que defender los derechos de las mujeres tiene un costo, pero dijo estar dispuesta a asumirlo. Rechazó que el caso tenga que ver con censura y señaló que minimizar los logros de una mujer en la política también constituye violencia. “Minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres está prohibido por la ley”, subrayó.

Desde el 12 de junio, Karla Estrella Murrieta publica a diario un mensaje con disculpas en el que, por orden judicial, se omite el nombre de la legisladora, utilizando la frase “DATO PROTEGIDO”, lo que ha generado aún más polémica en redes. La ciudadana también debe pagar una multa y tomar una capacitación en materia de género y derechos humanos.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, incurrió en violencia política en razón de género contra una exdiputada federal.

Como parte de la sanción, Blanco será inscrito durante 1 año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia contra las mujeres, y deberá tomar un curso obligatorio sobre protección de los derechos de las mujeres.

Los hechos ocurrieron durante la organización de un desfile cívico-militar en Cuautla, donde se documentó que la diputada fue excluida del evento, pese a haberlo promovido. Se le impidió colocar un templete y no se le permitió el acceso al palco principal.

También fue sancionado Arturo César Millán Torres, exdirector general de Logística del Gobierno estatal. Ambos impugnaron sin éxito la resolución, que fue ratificada por mayoría de votos en el TEPJF.

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