Incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional y que el examen de conocimientos este avalado por las Barras
El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval De Zarco A.C., trabajan de manera coordinada para reformar la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado.
Buscan que quien no puede pagar un abogado privado igualmente tenga un servicio de calidad.
Hassan Franco Ruiz, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana señaló que los defensores públicos son aquellos que representan los intereses de los ciudadanos que carecen de los medios necesarios para contratar a un abogado particular, de ahí la importancia que cuenten con los conocimientos necesarios para poder brindar las asesorías que se demandan.
“Esta propuesta que plantea el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. y que se ha venido trabajando de la mano con el Lic. Sergio Moctezuma, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, es que la comunidad jurídica que integran los Colegios de Abogados debidamente certificados en la entidad, deberán intervenir activamente en el proceso de selección y validación de los candidatos a ocupar tan importante cargo”
“La reforma propuesta incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional con los que deberán de contar los candidatos a defensores públicos al momento del nombramiento, de igual forma se planea que el examen general de conocimientos y de habilidades que presenten los aspirantes, deberá de ser respaldado por los colegios de abogados debidamente constituidos”
Franco Ruiz indicó que dicha reforma conlleva un beneficio directo a toda la población, ya que tendrá más oportunidades para que se le reconozcan sus derechos y reciba una justica, esto en virtud que lo que buscan los colegios de abogados que plantean esta reforma, es que el abogado que los representa se encuentre plenamente capacitado a fin de no poner en riesgo los derechos del ciudadano y no se comprometan derechos invaluables como lo son el patrimonio, la libertad, la familia.
“Y es que estamos hablando de cuidar los derechos del ciudadano que no cuenta con los recursos económicos para poder pagar un abogado particular que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta como derecho humano que todo ciudadano tendrá derecho a un defensor público y que mejor que este esté bien capacitado”.
