Aunque aseguró que no es cacería de brujas, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, confirmó que habrá de investigar actos que así lo ameriten, incluyendo a su antecesor Jaime Bonilla.

Al cuestionarle si investigará al ex gobernador Jaime Bonilla, por el uso del helicóptero de la policía estatal como su taxi, su respuesta fue inmediata y sin tapujos, ‘’por supuesto, lo que se tenga que investigar, no es cacería de brujas lo hemos estado diciendo con anterioridad, si hay algún acto que deba ser investigado, lo haremos, por supuesto’’.

Despenalización del aborto, busca armonizar las leyes

Por otra parte, sobre la despenalización del aborto que aprobó el Congreso del Estado, dijo que es tema que ya está en la Suprema Corte de Justicia, y así lo establecieron ministros de la corte, ‘’me parece que tenemos que armonizar nuestras leyes’’, aseveró.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, manifestó su entusiasmo ante la noticia de que la presidenta federal, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Baja California este fin de semana. 

Durante sus declaraciones en la conferencia "mañanera", la mandataria destacó a Sheinbaum como "una presidenta de territorio" y recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mandatario que más veces ha visitado la región. Además, resaltó que la presencia de la mandataria federal en la entidad refleja la importancia que ella otorga a atender a las personas desde el territorio.

La gobernadora también resaltó las cualidades de la presidenta Sheinbaum, calificándola como "una mujer extraordinaria e imparable". Mencionó que, a pesar de la intensidad de sus giras y traslados, la mandataria federal siempre demuestra su pasión por servir al pueblo. 

"Tiene una energía la presidenta, es extraordinaria y sumamente brillante e inteligente, tiene una energía sorprendente y contagia a los demás", afirmó Avila Olmeda.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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La tarde de este miércoles, el ex panista Carlos Torres Torres publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que no es un criminal como algunos han construido en redes sociales.“No soy el criminal que algunos han construido en redes, soy Carlos Torres, una persona común”, expresó en el video.  

Torres Torres comentó que en los últimos días se han difundido muchas cosas sobre él, incluyendo señalamientos graves y suposiciones, pero aclaró que la mayoría son rumores que se repiten sin que nadie asuma la responsabilidad de dar la cara.

El ex funcionario precisó que no busca pelear en internet ni ganar un debate ni desmentir punto por punto, ya que eso solo alimenta el morbo. Con este video, afirmó, solo busca hacer lo que le corresponde: dar la cara y ser claro. “Si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten, porque así funciona la justicia”, señaló.  

Asimismo, aclaró que no se va a esconder de la ley y que colaborará con lo que se le pida, con respeto y calma, confiando en que los hechos hablarán por sí mismos cuando se le permita.  

Destacó también un mensaje de reflexión: “Ojalá que esto nunca te pase a ti. Ojalá que nunca despiertes y descubras que ya fuiste juzgado por millones de personas sin haber sido escuchado todavía, sobre todo si es a partir de una acusación sin nombre y sin rostro. No se lo deseo a nadie estar en medio del ruido sin poder explicar nada aún”.  

Finalmente, Torres Torres manifestó que desconoce por qué fue una denuncia anónima la que se interpuso en su contra el año pasado ante la Fiscalía General de la República y cuestionó si esto podría estar relacionado con los tiempos electorales. 

Agradeció a quienes lo conocen y no se dejaron arrastrar por el escándalo, y a quienes no, les pidió tiempo para aclarar la situación, confiando en que todo es falso y que las pruebas que lo demuestren llegarán.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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Entre gritos de “Guanajuato es provida”, el Congreso del Estado volvió a rechazar la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta fue descartada por quinta ocasión en un periodo de siete años, manteniendo vigente el marco penal que castiga el aborto inducido con penas de seis meses a tres años de prisión.

En la sesión del 4 de diciembre se sometieron a votación tres dictámenes: dos impulsados por diputadas de Morena, Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia, y uno de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco. Las iniciativas buscaban reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y garantizar su autonomía corporal, siguiendo parámetros establecidos por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El marco presentado subrayaba que los derechos sexuales y reproductivos obligan a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar el acceso a servicios de salud, información y decisiones libres sobre la reproducción. La permanencia del aborto como delito —señalaban las promoventes— perpetúa estigmas, inhibe la atención médica oportuna y expone a mujeres y personas gestantes a situaciones de riesgo.

La diputada Sandra Alicia Pedroza recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el Código Penal de Guanajuato vulnera derechos fundamentales, por lo que instó al Congreso a corregir la legislación. Aseguró que su propuesta busca evitar la criminalización y disminuir la mortalidad materna. “Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de perseguir”, sostuvo.

En contraste, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la postura provida señalando que su voto parte de la protección de la vida desde la concepción. Argumentó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por abortar y que mantener la penalización permite a las autoridades actuar ante casos de abuso, explotación o redes que lucren con embarazos no deseados.

Las iniciativas también destacaban que la autonomía reproductiva se ve vulnerada no solo por la criminalización del aborto, sino también por prácticas como impedir el acceso a anticonceptivos, ejercer coacción sexual, discriminar por orientación sexual o identidad de género y limitar la autodeterminación de personas con discapacidad.

Pese a estos argumentos, la mayoría del Congreso optó nuevamente por mantener sin cambios la legislación vigente. Con esta votación, Guanajuato continúa siendo uno de los estados donde el aborto inducido sigue penalizado salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer, y el debate legislativo queda abierto para futuras discusiones.

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