Mario Aburto fue torturado para autoinculparse del asesinato de Colosio: CNDH

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

Sin mencionar su nombre, ya que está protegido por la ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que “ya es la hora de la verdad” en torno al magnicidio del ex candidato presidencial Luis Colosio Murrieta y que se están abriendo expedientes para que sean del conocimiento público.

La CNDH afirma que el pasado 26 de octubre emitió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por haberse acreditado actos de tortura en agravio de una persona que actualmente se encuentra en el CEFERESO 12 en Ocampo, Guanajuato, y que, resultado de la investigación oficial que cuatro subprocuradores especiales realizaron entre 1994 y el año 2000, fue sentenciado como responsable del asesinato de un candidato presidencial.

En esclarecimiento de los hechos referidos en la queja que le dio origen y como aporte novedoso de la Recomendación, se integraron dentro de ella varios documentos, peritajes y testimonios obviados o eliminados de plano de la investigación oficial, el testimonio de V y partes de una entrevista hecha a él por personal de la CNDH, presuntamente el 12 de abril de 1994, que obra en nuestros archivos pero no consta ni en la indagatoria oficial ni en ningún expediente de seguimiento de queja de la CNDH referente a la tortura denunciada, porque nunca se la integró formalmente, además de que muy seguramente fue hecha de manera subrepticia, sin que supiera V que estaba siendo grabado.

Lo que pudo acreditar la Recomendación emitida por la CNDH es que V fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que algunos miembros de su familia, él de manera reiterada hasta años recientes; y que las autoridades lo sabían, como lo supieron en su momento los responsables de la investigación oficial y la propia Comisión Nacional, y a pesar de eso lo minimizaron y hasta desautorizaron con tal de sostener la versión oficial del “asesino solitario”.

 Es decir, que al cúmulo de deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso que se tuvieron con motivo de la investigación del asesinato del entonces candidato presidencial, se suma esta circunstancia que hace obligado revisar el caso, y ofrecerle justicia y verdad no sólo a las víctimas, entre las cuales debe incluirse de manera preponderante a la familia del asesinado, sino a toda la sociedad mexicana.

 

Es de destacar que, contrario a lo que dijeron en su momento los responsables de la investigación, y consta en el Informe Final de la Subprocuraduría Especial encargada del esclarecimiento del caso, esto es que V jamás refirió que hubiera sido torturado sino hasta su declaración ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, el 29 de abril de 1994, lo que según ellos le restaba crédito, la verdad es que desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces durante los primeros interrogatorios V dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo torturado y presionado para autoinculparse, y nunca nadie le hizo caso.

Además de eso, se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura de V, incluso de quienes participaron en ella y así lo declararon a las autoridades. Y más aún, se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos que se le practicaron a V entre el momento de su detención en la Delegación de la PGR en Tijuana y su ingreso al CEFERESO 1 de Almoloya, esto es, entre el 23 y el 25 de marzo de 1994.

Es convicción de este Organismo Autónomo Constitucional que ha llegado el momento de abrirle paso a la verdad. Y no sólo por ser un hecho relevante del pasado cuya aparente resolución dejó en la mayor parte de la sociedad un sentimiento de decepción, frustración e impunidad, sino porque se trata de hechos que pueden repetirse y que tocan intereses vigentes y muy activos en el presente.

 El día de hoy la CNDH hace su parte, abriendo públicamente parte de los documentos que integraron las indagatorias que dieron lugar a la Recomendación 48VG/2021.

 Estamos en tiempo para la respuesta de la Fiscalía y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y estamos seguros de que será este el inicio de la verdad y la justicia que, como se indica antes, merecen no sólo las víctimas, sino todo el pueblo mexicano.




En 10 días se registran 16 actos de violencia política: CNDH

Exhorta a vigilar activismo político

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar una estrategia de seguridad integral para garantizar la protección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y de funcionarios.

En su “Segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, destaca que del 2 al 12 de marzo de 2024, se observaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene el registro de cuatro hechos (25%), “que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas”.

Agrega que en ese mismo lapso, se registraron cinco hechos (31.25%) considerados de cuidado al tratarse de amenazas por medios físicos y/o digitales contra diversos aspirantes. En tanto, siete hechos (43.75%) representan alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público.

“Conforme avanzan las campañas se han incrementado las acciones que tienden a descalificar el proceso electoral”, dice el reporte de la Comisión Nacional.

Con respecto a las presuntas declinaciones a participar en la contienda electoral por parte de 12 aspirantes del PAN en Chiapas, y las presuntas amenazas reportadas contra aspirantes de diversos partidos políticos en Michoacán que les han orillado a retirarse del proceso, la CNDH llamó a que este tipo de denuncias no queden únicamente en lo mediático, sino que se les investigue y se esclarezcan.

También pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que vigile el activismo político de personajes de la Iglesia Católica, al mencionar que la Provincia Eclesiástica del Bajío realiza talleres denominados “El pueblo de Dios, valora, discierne y elige para favorecer la comunión y la participación por México”, en los que lanzan consignas a favor de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México y en contra de la candidata de Sigamos Haciendo Historia.

“En esos talleres se emiten expresiones como la siguiente: “Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahorita”. Pero también se difunde un discurso de odio, con referencias peyorativas y discriminatorias”, destacó.

Según el organismo, en las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Máynez, “persisten las descalificaciones o manejo de retóricas, sin que se detallen o perfeccionen las propuestas señaladas para que el electorado cuente con todos los datos posibles que les permitan participar de manera informada en los próximos comicios”.

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CNDH acusa que en Marcha por la Democracia hubo discursos racistas y clasistas

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Ministro de la Corte se declara impedido para conocer caso Mario Aburto

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con la cual busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año.

En listas judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a conocer hoy que el ministro hizo llegar su impedimento a la Primera Sala, la cual tiene pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la fiscalía.

La Sala ya admitió a trámite el impedimento del ministro y éste fue turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que presente un proyecto a la Primera Sala, es decir, para que se vote si está o no impedido Pardo Rebolledo.

Antes de ser designado ministro de la Corte, en 2011, Pardo Rebolledo como juez federal, en 1996, declaró inocente a Othón Cortés, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Othón Cortés se desempeñaba como chofer del candidato priista en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. La PGR lo aprehendió un año después y en 1996 recuperó su libertad tras demostrarse su inocencia.

En 2019, Othón Cortés anunció que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Mexicano lo compensará, pero falleció en abril de 2020.

En diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de la FGR con el cual impugna el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez y que abrió la puerta para que recupere su libertad en marzo próximo.

La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio.

El amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito permitiría al magnicida recobrar su libertad cuando cumpla 30 años preso, es decir el 23 marzo de 2024, o incluso antes.

El Ministerio Público Federal solicitó a la Corte revisar el caso porque, dijo que, el crimen cometido contra el político es un delito del orden federal y no local.

Asimismo, que el tribunal no analizó correctamente la jurisdicción federal porque no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito.

De igual manera, que el Tribunal Colegiado introdujo de manera unilateral un tema que no estaba en la petición original del amparo de Mario Aburto, “ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México, al proceso electoral para la Presidencia de la República, así como al avance en materia de participación ciudadana, que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

La FGR puntualizó que, además, el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.

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Libertad de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, está en manos de la SCJN

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La libertad de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta está manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no se pronuncia sobre la impugnación de la FGR contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023.

Y es que, en diciembre de 2023, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tramitó para echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández turnó la impugnación de la FGR al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia para su análisis y votación.

De acuerdo con los registros de la SCJN, el amparo directo en revisión con número de expediente 6917/2023 sigue en estudio y en espera del proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo.

De esta manera el futuro procesal de Aburto Martínez está en manos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes conforman la Primera Sala de la Suprema Corte.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación dejó sin efecto la condena de 45 años contra Mario Aburto Martínez, y ordenó dictar una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California, en la época en la que ocurrió el magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana.

Al momento de los hechos, registrados el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en Baja California con una pena de 15 a 30 años de prisión, por lo que la nueva sentencia contra Aburto Martínez no deberá exceder los 30 años, y se daría por cumplida para finales de marzo de 2024.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, el delito de homicidio calificado, que se le imputa Mario Aburto, fue “juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal”.

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Proponen que CNDH se transforme a Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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