La auto asignación de agentes estatales para seguridad privada a beneficio de exfuncionarios y sus familias, debe de investigarse y ser sancionada en caso de encontrar irregularidades, expuso el diputado Diego Echevarría Ibarra.

Ante el pleno legislativo, emitió y fue aprobado por la mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya y dé seguimiento a las investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública que encabeza Rosina del Villar Casas.

Donde además de la auto asignación de agentes para seguridad personal de Amador Rodríguez Lozano y Jesús Núñez Camacho, que integraban el sistema estatal penitenciario, se de curso a investigar los hechos de una denuncia por presunta corrupción al interior de las penitenciarías del Estado. 

 

Echevarría Ibarra puntualizó que la denuncia fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para entrega de bases laborales, solicitud de cuotas a los familiares para beneficios de los internos o asignar comodidades, incluso cobro para acceder a la libertad a través del indulto o la preliberación. 

También puntualizó que la asignación de 3 agentes para Rodríguez Lozano como ex secretario general de gobierno y a Núñez Camacho como ex comisionado del sistema, además de dos agentes para sus familias por turno, es injustificada. Además, se asignaron directamente tres días antes de terminar la anterior administración, 2 automóviles oficiales con recursos públicos para mantenimiento y gasolina para cada uno de ellos.

El diputado del PAN, criticó que los ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla hayan justificado el gasto al sentir riesgo de vida por presos vinculados a organizaciones criminales del narcotráfico o por terrorismo, cuando el sistema estatal penitenciario se aprobó hace apenas 18 meses y Núñez Camacho asumió el cargo durante únicamente 6 meses, pretendiendo una protección mínima de un año.

 
 "Está acción es un evidente abuso del poder que implica desvío de recursos públicos, además de constituir un acto inmoral por donde se vea, ante las necesidades que existen en materia penitenciaria y de seguridad pública" remarcó el legislador.

Una funcionaria pública del municipio de Celaya está bajo investigación por autoridades locales tras difundirse un video en redes sociales donde presuntamente lanza amenazas contra un ciudadano, ofreciendo hacerlo desaparecer por una suma de dinero.

Según reportes de medios locales, la denuncia fue presentada luego de que en el material audiovisual se escuchara a la funcionaria decir que por 2 mil pesos podía desaparecer a la persona, lo cual detonó la apertura de una carpeta de investigación.

🫵🏼😵 "¡A mí me cuesta #2milPesos que te desaparezcan!": Funcionaria de Agua Potable y Alcantarillado en #Celaya #Guanajuato ⁉️ pic.twitter.com/OyKIDPrpdR

— Anonymous México 🇲🇽 (@AnonymousMex_) July 21, 2025

Ante estos hechos, instancias judiciales y corporaciones de seguridad comenzaron un proceso para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales por amenazas e intimidación.

Por protocolos de privacidad, la identidad tanto de la funcionaria como del afectado se mantiene reservada mientras avanzan las indagatorias.

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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California contra un funcionario, tras detectar irregularidades relacionadas con el programa “CESPT en tu colonia”. La denuncia se realizó después de una exhaustiva investigación interna que recopiló los elementos necesarios para proceder legalmente.

La CESPT reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que no tolerará actos de corrupción ni permitirá la impunidad. Además, recordó que cuenta con un Órgano Interno de Control encargado de supervisar el cumplimiento de las leyes, promover la rendición de cuentas y detectar posibles irregularidades.

La dependencia hizo un llamado a los ciudadanos afectados a confiar en que se atenderán sus denuncias y se garantizará el cumplimiento de los servicios contratados.

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El candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato, Jorge Rodríguez Medrano, conocido popularmente como “El pastelero” y propietario del canal local TV 8, ha generado controversia tras ingresar ilegalmente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. El objetivo de su incursión fue liberar a su jefe de prensa, Héctor “N”, quien había sido detenido minutos antes por participar en una pelea y alterar el orden público.

El incidente se hizo público mediante un video captado por una cámara de vigilancia de la policía municipal. En las imágenes, se observa a elementos de la Guardia Nacional ingresando sin permiso a las instalaciones policiales, acompañados por Rodríguez Medrano. El candidato desciende de un vehículo y se dirige al jefe de la Guardia Nacional que lo custodia.

#INDIGNANTE 🔴| El Candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato Jorge Medrano utilizó a la @GN_MEXICO_ para ir a liberar a su jefe de prensa quien había sido detenido por policías municipales.

Así entró la @GN_MEXICO_ al lugar donde llevaban al detenido, dejando en ridículo… pic.twitter.com/JKpOsPe2j0

— Libro Negro (@Libro_negro_) May 26, 2024

En el video, se puede ver cómo Rodríguez Medrano camina hacia la puerta de acceso de las instalaciones policiales. Un elemento de la dependencia abre la puerta e ingresa sin autorización, seguido por “El pastelero” y otros dos hombres.

Este acto ha generado críticas y preocupación sobre el uso indebido de la influencia y el poder político para interferir en procedimientos legales y de seguridad. La incursión de la Guardia Nacional en colaboración con el candidato de Morena plantea serias cuestiones sobre la independencia y la integridad de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el municipio.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal o la Guardia Nacional sobre el incidente.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

A través de un video que circula en redes sociales, Ángela María Barba Ascencio solicitó la intervención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para poder recuperar a su hijo de 9 años, pues su expareja sentimental –quien es hermano de dos integrantes del gabinete estatal y cuñado de la diputada federal Mirza Flores– mantiene la custodia del menor a pesar de que presuntamente lo golpea y existe un dictamen pericial que lo califica como no apto para cuidarlo.

En su denuncia pública, la mujer señaló que a pesar de las denuncias interpuestas contra su expareja Ángel Ulises Preciado López, éstas no caminan y él se jacta de que ello ocurre porque está protegido por sus hermanos y su cuñada.

Indicó que tras separarse de su expareja, el pequeño convivía con ambos de manera regular, pero Preciado López se negó a firmar un acuerdo para formalizar la convivencia y el 6 de febrero de 2021 decidió ya no dejar que viera a su madre.

“Me aventó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal; por ocho meses no puede ver a mi hijo”, señaló Ángela María y explicó que después de eso se le permitió verlo durante cinco fines de semana.

“Mi expareja es una persona extremadamente agresiva, tiene tres denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación; de los cinco fines de semana que tuvimos de convivencia en casa, su papá una vez me lo entregó lleno de moretones, descalabrado y en el otro había pasado cuatro días en el hospital”, denunció la mujer en el video, donde se incluyen fotos de las heridas del menor.

Dijo que Ángel Ulises Preciado López se ha valido de trucos legales para evitar que se haga una evaluación psicológica del niño e insistió en que existe un dictamen pericial en el que el DIF Zapopan señala que no es una persona apta para cuidar al menor.

“De forma irregular le fue otorgada la custodia provisional ya que miembros de tu gabinete, Alain Fernando (Preciado López), subsecretario de Gobierno; Jesús Isaac (Preciado López), asesor de consejeros, quien además es pareja sentimental de la diputada federal Mirza Flores, son hermanos y cuñada de mi expareja y están evitando se haga justicia. El mismo Ángel Ulises, se ha jactado en innumerables ocasiones de estar protegido por el Estado debido a su parentesco con dichas figuras políticas”, señaló Ángela María.

En el video que circula en redes sociales, la mujer hizo responsable a Ángel Ulises Preciado López y a sus abogados de cualquier daño que puedan sufrir ella, su familia y los abogados que la ayudan, pues han recibido amenazas.