El pasado ocho de noviembre fue asesinado Joaquín Aviña, ex delegado municipal en Tijuana, al interior del restaurante "El Tapanco Steakhouse", ubicado en el municipio de Playas de Rosarito, esto mientras cenaba en compañía de otra persona.

Ahora tras la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha señalado que el negocio donde ocurrió el percance ha negado el acceso de las autoridades a las cámaras de vigilancia sobre ese día.

La Fiscalía buscaría abrir una carpeta de investigación en contra de los dueños del establecimiento por encubrimiento de los responsables del homicidio.

Enrique Sánchez, fiscal del área de Delitos contra la Vida, mencionó para Esquina 32 que la investigación arrojó que el arma utilizada en el asesinato de Aviña se encuentra vinculada a otro hecho violento en Mexicali en el pasado mes de julio.

Sánchez señaló que la próxima línea de investigación es la revisión de los videos captados dentro del restaurante, sin embargo si continúan no apoyando a las autoridades se les abrirá la carpeta de investigación.

También continúa la investigación de las personas relacionadas al trabajo de Aviña como funcionario público y como miembro de la asociación de gasolineros. Por el momento no se tienen información sobre amenazas que haya recibido con anteroridad.

*Con información obtenida de Esquina 32

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La Fiscalía General del Estado ha logrado la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Pedro Fernando "N", alias "El Chimuelo", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja en su grado de ejecución de tentativa. 

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2025, aproximadamente a las 00:00 horas, cuando las víctimas, dos hombres que caminaban por la colonia El Niño, fueron abordadas por Pedro Fernando "N" y un cómplice en una motocicleta. El cómplice disparó contra una de las víctimas, hiriéndola en la espalda. Pedro Fernando "N" intentó también disparar, pero el arma se trabó, por lo que ambos agresores salieron huyendo, sin lograr su objetivo de privar de la vida a la víctima.

El 23 de octubre de 2025, en una audiencia de vinculación, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Pedro Fernando "N" y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, mismo que finalizará el 23 de enero de 2026.

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La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, compareció ante diputadas y diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado, donde presentó los avances y acciones implementadas por la institución en materia de procuración de justicia.

Durante su intervención, Andrade destacó el fortalecimiento operativo de las siete fiscalías regionales y especializadas, subrayando que se han impulsado programas orientados a acercar los servicios ministeriales a la ciudadanía, especialmente en zonas con menor acceso institucional.

La titular de la FGE señaló que se han realizado mejoras en infraestructura, además de la adquisición de tecnologías innovadoras y mayor capacitación para el personal, con el objetivo de agilizar la atención a víctimas y la investigación de casos.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía continuará consolidando modelos de atención más integrales y cercanos a las personas, fortaleciendo la coordinación con organismos públicos y sociales para garantizar respuestas oportunas y con pleno respeto a los derechos humanos.

La comparecencia forma parte del ejercicio de rendición de cuentas de la institución frente al Poder Legislativo estatal.

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La Federación de Colegios de Abogados de Baja California (FEDABO) ha emitido un comunicado en el que exige justicia a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Regional, tras el asesinato de la abogada Dra. Emilia Ortega Aceves. FEDABO condena enérgicamente el atentado que le arrebató la vida a la profesional del derecho y reafirma su postura en defensa de los derechos humanos y la justicia.

En su comunicado, FEDABO también destaca que otros homicidios de abogados ocurridos en el pasado en la entidad aún no han sido resueltos, y solicita que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. 

La organización pide respetuosamente a los medios de comunicación que no omitan publicar la imagen de la abogada, ante la gravedad del hecho y la importancia de mantener viva su memoria.

Asimismo, FEDABO exige la renuncia de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, y del Secretario de Seguridad de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua, debido a la percepción de ineficacia en la resolución de estos casos.

El presidente de FEDABO, el Mtro. David Jesús Rincón Rey, hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones para que se haga justicia y se garantice la seguridad de los abogados en la región.

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El ex presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, Martín Hassan Franco Ruíz, afirmó que las cifras oficiales que indican una reducción en los delitos en la región son engañosas y que la realidad en Tijuana y otras ciudades sigue siendo grave.

Franco Ruíz explicó que, cuando el gobierno en turno reporta una disminución en los delitos, es importante cuestionar en qué ciudad se está hablando, ya que en Tijuana continúan los asaltos, robos y la actuación del crimen organizado. La reducción en los indicadores delictivos, afirmó, se basa en la fracción de conductas delictivas y en la clasificación de los delitos, lo que hace que los números aparenten una baja, pero la realidad social y de inseguridad sigue siendo preocupante.

Señaló que en México, el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad, y de ese dos por ciento que logra procesarse, solo el 20 por ciento recibe sentencia condenatoria. “Esos son datos de ellos, no son datos inventados”, puntualizó.

Franco Ruíz agregó que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en la Fiscalía, las conductas delictivas se fraccionan para reducir los índices, como en los casos de querellas, donde muchas veces, por la naturaleza del proceso, los ciudadanos optan por no ratificar la denuncia, lo que impide que el delito se registre formalmente y, en cambio, solo quede en un reporte sin efecto penal.

“Todas las conductas delictivas se están fraccionando y reducen las fracciones en homicidios y secuestros, pero por otro lado, el índice de desapariciones va en aumento y luego sale la autoridad a decir que no cree que están muertos. La realidad es que están fraccionados los delitos y ese es el reflejo que les genera a ellos una reducción”, explicó el abogado.

Para concluir, Franco Ruíz afirmó que la idea de que hay una verdadera reducción en los delitos es falsa y que la estrategia oficial solo busca aparentar avances que, en realidad, no existen y que, además, afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos.

"Es falso que haya una reducción y la propuesta es una estrategia verdadera que trascienda y trastoque a los ciudadanos", expresó Franco.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, informó en conferencia de prensa durante la madrugada de este jueves sobre un reciente ataque ocurrido la noche del miércoles en las instalaciones de la fiscalía ubicadas en Playas de Tijuana.

La fiscalía confirmó que los artefactos lanzados contra las instalaciones fueron "hechizos" detectados en drones que sobrevolaban los patios de la institución. En respuesta, agentes de seguridad dispararon contra los drones para derribarlos. La autoridad calificó este incidente como un acto de terrorismo, y hasta el momento, no se ha podido determinar el origen de los drones utilizados.

La Fiscal General condenó enérgicamente estos hechos y aseguró que se están realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Además, señaló que estos actos no amedrentarán el trabajo de investigación ni el compromiso del personal que labora en la institución.

Durante su intervención, Andrade Ramírez puntualizó que no existe compromiso ni consigna con nadie, y que este ataque, sumado a otros ocurridos recientemente en Ensenada y en la Unidad de Robo de Vehículos de Tijuana, constituye una respuesta a los resultados contundentes obtenidos durante su gestión, como la desarticulación de grupos criminales, la captura de líderes delictivos y generadores de violencia que han afectado la paz en la entidad.

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